Los perjudicados tienen la esperanza de recuperar lo invertido en la recogida neumática

El abogado Cecilio Valverde, que ha representado a la junta de compensación del plan parcial O-5 Camino de Turruñuelos (los propietarios de los terrenos), afirma que, tras conocer el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, «están muy contentos, porque se han gastado mucho dinero en hacer toda la infraestructura que conlleva una parte de la recogida neumática (de residuos), sobre todo, lo relacionado con la ejecución de las tuberías, de toda la infraestructura necesaria para conectar en su día con la central», y «tienen la esperanza de recuperar el dinero en algún momento». 

En concreto, las juntas de compensación están ejecutando las redes de transporte de este sistema (las tuberías que conectan los edificios con las futuras centrales) y, según la diagnosis realizada en el 2017 por la Gerencia de Urbanismo y Saneamientos de Córdoba, en el PP O-5 ha tenido un coste superior a los 3 millones de euros. 

Cecilio Valverde recuerda que en este proceso judicial han trabajado durante más de cinco años para intentar evitar que el Ayuntamiento de Córdoba instale la primera central de recogida neumática de basura en la zona verde (iría soterrada) de este plan parcial. En los últimos días, el TSJA ha estimado parcialmente su recurso. 

El fallo critica que no se ha motivado el cambio de ubicación

Su sentencia recoge dos cuestiones fundamentales: la declaración de nulidad del plan especial de recogida neumática de residuos (aprobado en el 2005) y la anulación de una instrucción de la GMU (2017) para el impulso del programa de recogida. También revoca «la desestimación de nuestro recurso de reposición contra la instrucción», explica.

Este profesional detalla que, «respecto a la central, hay dos motivos fundamentales por los que se anula la instrucción. El primero, que no se ha motivado debidamente la implantación en esa zona verde». Así, el fallo apunta que «si en el plan especial, la localización de la central se situaba en una zona entre San Rafael de la Albaida y el Club Hípico, la diagnosis cambia este emplazamiento, que ubica en el sistema general de espacios libres del PP O-5». Sin embargo, «la elección de la zona verde como emplazamiento debe ser el resultado de una ponderación equilibrada de intereses que aquí se encuentra ausente», destaca el TSJA. Otra razón fundamental para estimar la impugnación realizada por la junta de compensación es que «el plan general autoriza ese tipo de ocupaciones siempre que no se ocupe más del 5% del suelo, en este caso, de la zona verde, y la sentencia dice que se ocupa más del 9%», explica el abogado. 

«Beneficia a mucha gente»

En estos momentos, hay que esperar a conocer la decisión del Ayuntamiento de Córdoba respecto al futuro del sistema de recogida neumática. Aún debe determinar si recurre en casación la decisión del TSJA. Por esto, consultado por los efectos de la sentencia del tribunal andaluz, Cecilio Valverde explica que «si quedara firme, todo el que se haya visto perjudicado podría estudiar la posibilidad de plantear una reclamación patrimonial a la Administración», con lo que el Ayuntamiento podría tener que hacer frente a una petición de responsabilidad millonaria. 

Hay que recordar que el sistema de recogida neumática ha costado más de 20,3 millones de euros hasta ahora. La diagnosis recoge este dato en el 2017, por lo que esta cifra sería muy superior. Las instalaciones han sido sufragadas, fundamentalmente, por las juntas de compensación y los compradores de las viviendas (en un primer momento, los promotores). El Ayuntamiento debe desarrollar las centrales donde se recogerá la basura y esa es, precisamente, la parte que resta por realizar para que el sistema funcione. 

Cecilio Valverde afirma que ya están recibiendo solicitudes de información de perjudicados que quieren conocer si pueden reclamar. «La sentencia beneficia a mucha gente y entidades», admite. 

De su parte, el abogado Manuel Carrasco, socio del despacho Lanvert Abogados y Economistas, recuerda que «ha habido promotores interesados en iniciar reclamaciones» por la obligación de contemplar este sistema en sus proyectos, dado que sin este requisito no se obtiene la licencia de primera ocupación. 

Este profesional recuerda que las instalaciones de los edificios donde se depositaría la basura cuestan unos 120.000 euros (esta es la red de vertido, la parte que se ejecuta en las zonas privadas, cuyo elemento más visible son los buzones para los residuos). Acerca de la posibilidad de que los afectados emprendan acciones legales si finalmente el servicio no se impulsa, coincide con Cecilio Valverde en que «habría que estudiar caso por caso», aunque, «a priori», «tendrían legitimidad para iniciar expedientes de reclamación de responsabilidad patrimonial».

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