Unas 8.000 familias de Córdoba, afectadas por el conflicto de la recogida neumática

La implantación de la recogida neumática de residuos en Córdoba ha sumado en las últimas semanas un nuevo revés con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anula el plan especial aprobado en el 2005 para impulsar el proyecto y la instrucción de la Gerencia Municipal de Urbanismo, del 2017, para la puesta en marcha del programa.

El fallo es consecuencia del procedimiento judicial iniciado por la junta de compensación del PP O-5 Camino de Turruñuelos, contraria a la instalación de la primera central de recogida de basura en la zona verde de este plan parcial. La incertidumbre sobre la viabilidad del sistema afecta ahora a unas 8.000 familias, que son las propietarias de viviendas que ya han abonado la ejecución de las instalaciones en sus edificios. También perjudica a 6.000 inmuebles que se desarrollarán en las zonas de expansión incluidas en el sistema y que se encuentran urbanizadas.

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Esas zonas son Camino de Turruñuelos, San Rafael de la Albaida Norte; Huerta de Santa Isabel Este; el Cortijo del Cura; la zona de ampliación del Zoco (Poniente Sur); y el entorno de la Arruzafa (Ciudad Jardín de Poniente-1). 

El TSJA declara nulo el plan especial de recogida neumática de Córdoba

El sistema se compone de tres centrales, que tiene que construir el Ayuntamiento; una red de transporte (las tuberías que conectan los puntos de vertido con esos núcleos), que están materializando las juntas de compensación al urbanizar los terrenos, y una red de vertido, la parte que se ejecuta en los edificios y las parcelas, donde los vecinos depositarán su basura. 

El Ayuntamiento de Córdoba tiene que decidir en las próximas semanas si recurre en casación el fallo del TSJA o, por el contrario, queda firme la sentencia que anula el plan especial. Otras vías para la continuidad del proyecto serían una innovación del Plan General de Ordenación Urbana y la elección de una nueva ubicación para la central pero, en todo caso, se trata de soluciones que tardarán años en llegar. 

En los últimos días, Urbanismo ha anunciado que solicitará al TSJA una aclaración para conocer si anula el plan especial íntegro o solo la ubicación de la central en el parque. En el fallo, el TSJA afirma que «estimamos el recurso contencioso administrativo (...) declarando nulo el denominado Plan Especial de Recogida Neumática de Residuos Sólidos, sobre el que versa esta sentencia».

De su parte, Sadeco destaca que es «prudente» ante la decisión del TSJA y que se encuentra a la espera de conocer el alcance del fallo, al hilo de la aclaración solicitada. Esta empresa señala que «seguimos el asunto con el máximo interés posible». Sadeco redactó la memoria del plan especial con la GMU y este documento indica que esta empresa «será la responsable-explotadora del servicio de recogida neumática de residuos y referente en el diseño e implantación del mismo».

Una inversión millonaria

En cuanto a la ejecución del proyecto, en la diagnosis que Sadeco y la GMU elaboraron en el 2017, se apuntaba que, hasta ese momento, el sistema de recogida neumática de residuos había tenido un coste de 20,3 millones de euros, destinados a la implantación de 15.694 metros de tubería en la zona oeste de la ciudad y a las obras en los edificios de viviendas. 

En la actualidad, este importe sería muy superior si se tiene en cuenta que la construcción de pisos ha experimentado una fuerte reactivación en los últimos años. Los datos facilitados hace algún tiempo por la asociación Rehabilita Córdoba permitían deducir que las viviendas nuevas se han encarecido unos 4.000 euros por la implantación de este sistema (sin él, no obtenían la licencia de primera ocupación) en la ciudad.

Los constructores, preocupados

En los últimos días, la Asociación de Empresarios de la Construcción ha trasladado a Urbanismo su «enorme preocupación» por la situación del proyecto. Su secretario general, Francisco Carmona, confirma que, por el momento, las nuevas promociones deben seguir contemplando este sistema. También estima que unas 8.000 viviendas disponen ya (o lo harán próximamente) en sus zonas comunitarias de las instalaciones necesarias para esta recogida de basura.

El dato se encuentra en la línea de lo avanzado hasta ahora por el Ayuntamiento. La diagnosis apunta que las tuberías instaladas darán servicio a 14.404 viviendas y el presidente de la GMU, Salvador Fuentes, ha admitido en los últimos días que «hay miles de afectados a los que se les ha repercutido este plan y hay otros potenciales afectados de unas 6.000 viviendas previstas en el planeamiento». Fuentes jurídicas manifiestan que, en caso de que finalmente no se pusiera en marcha la iniciativa, se abriría la puerta a que comunidades de vecinos y otras entidades plantearan reclamaciones millonarias al Consistorio.

No obstante, hay que recordar que, para que el sistema funcione, es necesario que el Ayuntamiento construya, al menos, la centrales de recogida de residuos previstas en Turruñuelos y la zona de ampliación del Zoco. En el primer caso, la actuación está en el aire tras el fallo del TSJA y en el segundo, no existe una localización definida.

El coste se ha elevado a lo largo de los años y se sitúa en unos 10 millones de euros para la central 1 (una cantidad que incluiría la reparación de tuberías), a pesar de que en la diagnosis se estimaba en 4,1 millones. En la central 2, el presupuesto sería de 2,1 millones, según las previsiones de Ros Roca, que es la empresa adjudicataria de la implantación del sistema. La diagnosis planteaba que la primera central entraría en funcionamiento en el 2020 pero la obra, cuyo proyecto se redactó, no ha salido a concurso.  

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