JUZGADOS

El Ayuntamiento de Córdoba recurrirá una sanción de la CHG por un vertido en la Campiñuela Baja

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir impone una sanción de 8.560 euros a la administración local y le exige controlar dicho vertido

El Ayuntamiento recurrirá una reclamación de la CHG por un vertido en la Campiñuela.

El Ayuntamiento recurrirá una reclamación de la CHG por un vertido en la Campiñuela. / CÓRDOBA

Irina Marzo

Irina Marzo

El Ayuntamiento de Córdoba recurrirá ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de fecha 7 de noviembre por la que se sanciona al Consistorio por unos vertidos de la urbanización Campiñuela Baja. Dichos vertidos se hicieron a un cauce publico innominado careciendo de la preceptiva autorización de la CHG y, a la vista del resultado analítico obtenido, se trató de "un vertido contaminante con capacidad de afección a la calidad de las aguas en el término municipal de Córdoba".

La resolución dictada por la CHG impone al Ayuntamiento una sanción de 8.560 euros, que deberá hacer efectiva una vez dicha resolución sea firme en vía administrativa y se le remita la liquidación correspondiente. Igualmente, la CHG requiere a la administración local que corrija inmediatamente el vertido denunciado y que en el plazo de un mes inste a dicho organismo para su preceptiva legalización. Además de ello, en su sanción la CHG declara la responsabilidad sobre los daños y perjuicios que por incumplimiento de dicha obligación se han ocasionado al dominio público hidráulico y se le requiere al Ayuntamiento para dar cumplimiento a lo establecido en la normativa aplicable al tratamiento de las aguas residuales urbanas, en cuanto a la obligación de disponer de un sistema de tratamiento adecuado para las aguas residuales generadas en el municipio y la de adecuar su vertido a los valores límites de emisión exigidos.

Por otro lado, el Ayuntamiento pedirá al órgano jurisdiccional la adopción de medidas cautelares tendentes a la suspensión de la ejecución de lo acordado en la resolución, a fin de evitar la liquidación y cobro de cantidades por intereses de demora que se consideran no ajustadas a derecho.