Derecho a una vivienda

Stop Desahucios reivindica los alquileres sociales en una marcha

Desde la plataforma alertan que, con la situación actual, los casos de extrema necesidad va a seguir subiendo

Concentración de 'Stop Desahucios' en la Subdelegación del Gobierno antes de iniciar la marcha.

Concentración de 'Stop Desahucios' en la Subdelegación del Gobierno antes de iniciar la marcha. / FRANCISCO GONZÁLEZ

Stop Desahucios se ha concentrado este lunes en las puertas de la Subdelegación del Gobierno para marchar hasta la puerta de la sede del PSOE y de ahí a las oficinas en la avenida de Medina Azahara del BBk-Cajasur y Banco Sabadell. La visita a los bancos ha estado motivada por la reivindicación de situaciones concretas "para compañeros de la plataforma" apuntaba la portavoz de la plataforma, Rocío López. En el caso de la primera “porque están experimentando acoso por parte de los fondos buitre a los que esta entidad  bancaria vendió su deuda, que quiere cobrar usando muy malas artes”, y en cuanto al segundo la marcha ha sido porque hay una familia cuyo desahucio “ya paralizamos antes de verano, fueron realojados en una vivienda propiedad de este banco y ellos lo único que piden es un alquiler social, cosa que la entidad bancaria se niega a negociar”, denuncia.

Pero esta acción contempla a su vez otras reivindicaciones, en un contexto en el que hay muchas familias “en situación de extrema necesidad por cuestiones como la subida de los intereses bancarios, el precio del alquiler, de los precios de la energía… etc.”, una situación devenida de la inflación que a su vez está creando “un marco dramático que va a ir dando la cara cada vez más”.

Desde Stop Desahucios se pide al Gobierno español que “deje de paralizar la aprobación de la Ley de vivienda” y que se acuerde recogiendo tres puntos fundamentales “para que no sea papel mojado”. Por un lado es la paralización de los desahucios de las familias que no tengan alternativa habitacional, por otro la limitación a los precios del alquiler y la tercera es la creación de un parque de vivienda pública adecuado a las necesidades de este país. “Somos elpaís que no llega al 1% de vivienda pública social cuando la media en Europa es del 4%” asegura López.

También ponen el acento en la “criminalización que se hace de todas la ocupaciones de forma muy interesada por determinados sectores económicos del país”. En este sentido argumenta que no es lo mismo personas que ocupan viviendas con violencia y causando perjuicio a los vecinos, “que eso es algo que nosotros lo condenamos completamente” si bien defienden a aquellas familias que ocupen viviendas "que no sean de particulares, que lo hagan de manera pacífica, cuidando el inmueble, siendo respetuosos con el entorno y los vecinos y, sobre todo, que busquen pagar un alquiler social en función de sus condiciones económicas”.

Por último también han mostrado López su preocupación por la modificación que se va a hacer del Código Penal, que en principio tiene un objetivo claro de cambiar el delito de sedición,  pero que “toca otros artículos que pueden perjudicar acciones sociales de entidades como plataformas de afectados por las hipotecas porque se va a penalizar de una forma seria a ocupaciones pacíficas de establecimientos, como es el caso de las sedes bancarias, cuando como hoy, intentamos ir a los bancos a que nos escuchen. Consideramos que es restringir el derecho de protesta y criminalizar el activismo social como la pobreza”.