Los enganches ilegales a la luz y el agua son una de las consecuencias visibles de la okupación de viviendas, dado que se trata de suministros básicos para el desarrollo de las actividades cotidianas en el hogar. Las fuentes consultadas recuerdan que es imposible conocer de forma detallada las circunstancias que se encuentran detrás de cada uno de estos fraudes, pero también apuntan que los enganches forman parte, a veces, del negocio ilegal que rodea al fenómeno de las okupaciones.
Endesa informa de que hasta el pasado 14 de noviembre ha abierto 1.696 expedientes por fraude en Córdoba (sin poder concretar, como se ha referido, las causas). Esta cifra de actuaciones ha igualado prácticamente la registrada en todo el 2021, cuando se abrieron 1.708 expedientes. En el año 2020, el ejercicio en que se declaró la pandemia de coronavirus, se iniciaron 1.401.
En cuanto al procedimiento que se inicia cuando se detecta un enganche ilegal, la compañía explica que si tiene una sospecha, gracias a sus técnicas de big data, una denuncia anónima o por anomalías en el consumo, de que alguien puede estar cometiendo fraude, envía a un técnico a la instalación para que realice una revisión exhaustiva del equipo, lo que incluye mediciones de la energía consumida. «Si los amperios que consume el cliente en el domicilio o local son diferentes a los que registra el contador, existe una pérdida de energía que puede deberse a un fraude o a una avería», aclaran las fuentes consultadas.
En caso de confirmar el fraude, el técnico, cuando es posible, contacta con el usuario de la energía y le pide que firme el acta de inspección. Además, si el enganche ilegal realizado representa un riesgo para las personas o las instalaciones, «se procede al corte del suministro y se coloca una pegatina amarilla que avisa de que se ha detectado fraude». Esta pegatina incluye un número de teléfono de Endesa, con el que los implicados deben contactar para retirar el fraude mediante la intervención de un instalador autorizado, precisa la empresa.
Endesa hace hincapié en que «si se observan consumos por encima de lo habitual o consumos no previstos, se estudia el caso y se puede promover una inspección». De este modo, la empresa aplica técnicas de machine learning (aprendizaje automático) y deep learning (aprendizaje profundo) «para afinar las inspecciones y mejorar su efectividad». Además, apuntan que, al margen de sus actuaciones, las denuncias ciudadanas ayudan a destapar casos de fraude y en otras ocasiones «son las Fuerzas de Seguridad las que se ponen en contacto con Endesa, por ejemplo, en casos relacionados con el cultivo de marihuana».
Enganchados a la red
De su parte, la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) señala que «todas las semanas hay casos» de enganches ilegales, que son advertidos en «inspecciones rutinarias o, en el menor de los casos, por denuncias de ciudadanos». Esta empresa explica que «una vez que tenemos constancia de que se está produciendo, se corta el suministro». Acerca del modus operandi de los individuos que realizan estos accesos fraudulentos, comenta que «las dos maneras más frecuentes son bien a través de la manipulación del contador o bien que directamente no haya contador y se produce este enganche de manera directa con la red», y destaca que «los más frecuentes» corresponden a viviendas. Cuando Emacsa lo detecta, inicia «un proyecto de fraude», un inspector levanta acta y se comunica a la Junta de Andalucía.
Ayudas
En su web, Endesa informa a los ciudadanos de la posibilidad de solicitar el bono social, «un importante descuento en la factura de la luz» que llega al 80% para los clientes vulnerables severos. La medida se dirige a familias con rentas bajas y colectivos como los pensionistas, las familias numerosas y perceptores del Ingreso Mínimo Vital. De otro lado, Emacsa ofrece reducciones de precios a familias en riesgo de exclusión social, familias numerosas, jubilados o pensionistas, y hogares con todos sus miembros en desempleo o en el plan Prepara.
