El Ayuntamiento de Córdoba ha hecho pública en su sede electrónica la resolución definitiva y la lista para la provisión en propiedad de 26 plazas de trabajadores sociales. Este procedimiento de empleo público se convocó en 2021, no sin polémica, por el sistema de oposición en turno libre e incluía las ofertas públicas de empleo de los años 2017, 2018 y 2020. La polémica estribaba en que estas plazas de trabajador social estaban ocupadas por interinos, algunos de ellos con muchos años de antigüedad.
Además de hacer pública la lista definitiva, la administración local informa que dado que ningún aspirante por turno de discapacidad ha superado las pruebas, el tribunal acuerda, conforme a lo establecido en la base primera de las reguladoras de la convocatoria, dejar vacantes las plazas reservadas para el citado turno de discapacidad (4 plazas), acordando proponer para su nombramiento hasta el número máximo de plazas a cubrir por el turno libre (22 plazas) a los aspirantes que, habiendo superado los tres ejercicios de la oposición, han obtenido mayor puntuación, hasta el límite de 22 plazas.
Asimismo, se informa de que en caso de que se produzca alguna incidencia en el nombramiento de alguna de las personas propuestas se continuará según el orden de calificación arriba indicado. Las aspirantes deberán presentar en el Departamento de Selección y Formación, en el plazo de veinte días, la documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la base segunda de la convocatoria. Dicha presentación se realizará mediante cita previa en el siguiente correo electrónico: informacion.seleccion.citaprevia@ayuncordoba.es.
Una oposición con polémica
La convocatoria de esta oposición generó una importante polémica en tanto en cuanto estas plazas estaban ocupadas por trabajadores interinos, la mayoría mujeres, desde hacía años. Un grupo de diez empleadas afectadas presentó una denuncia pero en junio del 2021 el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Córdoba desestimó el recurso interpuesto. En aquella sentencia, se decía que "las recurrentes tendrán todo el derecho a ejercitar las pretensiones correspondientes si, llegado el caso, no obtienen la plaza y resultan despedidas o cesadas, pero no a impedir que la Administración trate de poner coto a la temporalidad laboral que se le reprocha, convocando el concurso discutido, porque es la medida que prevé el ordenamiento español".
Por otra parte, los grupos de la oposición también pidieron la parálisis de esta convocatoria , así como de todas las que afectan a puestos ocupados por interinos hasta que no se conociese el nuevo marco normativo para la estabilización del empleo público. Consideraban asimismo que las plazas debían haberse convocado por el sistema de concurso-oposición para dar oportunidad a las personas que ocupan estos puestos en la actualidad, algunas desde hace años, a presentar sus conocimientos y méritos para que estos fuera valorados.
También los sindicatos con representación en el Ayuntamiento (CCOO, UGT, CTA y CSIF) mantuvieron numerosas reuniones con el delegado de Recursos Humanos, Bernardo Jordano (PP), para abordar la situación. Incluso presentaron a los responsables de personal un informe elaborado por un letrado independiente y especializado en Derecho Contencioso-Administrativo que, aunque reconocía la potestad del gobierno municipal de sacar las plazas por el sistema de turno libre, entendía que lo razonable era hacerlo por concurso-oposición. Es lo que se ha hecho en otras áreas donde también se ha emprendido un proceso de estabilización del empleo.
Además, el sindicato CGT también denunció esta convocatoria al entender que no era adecuada la distribución de plazas para la discapacidad.
