La Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera ha convocado un nuevo paro nacional indefinido que comienza este lunes. Esta movilización ha dividido al sector y ha encontrado el rechazo, en líneas generales, de las patronales de camioneros en Córdoba, la cadena alimentaria, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) y la Federación nacional de Autónomos ATA. Las asociaciones y empresas consultadas confirman que el sector tiene problemas como la falta de rentabilidad para algunos profesionales (esto ocurre, según explican, cuando el precio no cubre el coste del servicio), la necesidad de incorporar conductores cualificados y la de anticipar la edad de jubilación.
Sin embargo, también coinciden en subrayar que en los últimos meses el Gobierno de España ha adoptado medidas para mejorar la situación, como bonificar el precio del combustible y habilitar herramientas para que no trabajen por debajo de costes. Además, apuntan que un nuevo paro no sería oportuno por la incertidumbre económica actual y por la proximidad de la campaña de Navidad. La plataforma es la única entidad que sostiene que hay argumentos suficientes para el cierre patronal.
El combustible: el gasóleo sube un 46% en un año
La fuerte subida de los precios de los combustibles ha sido la mecha que ha encendido las movilizaciones de los transportistas en el último año. En diciembre del 2021, el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) de mercancías desconvocó el cierre patronal programado para los días 20, 21 y 22 de diciembre apenas tres días antes, después de llegar a un acuerdo con el Gobierno.
La última convocatoria tuvo lugar a mediados de marzo pasado, cuando la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías (que agrupa, principalmente, a autónomos y pequeñas y medianas empresas) inició un paro que duró 20 días. Este conflicto ocasionó graves problemas de desabastecimiento. En abril, la plataforma anunció una suspensión «temporal» del paro y afirmó que no aceptaba las medidas acordadas por el Gobierno y el CNTC. Estas incluían ayudas como una bonificación de 20 céntimos por litro de combustible (que finaliza, en principio, el 31 de diciembre) y subvenciones directas de hasta 1.250 euros.
En la actualidad, se mantienen los altos precios del gasoil y de la gasolina. El último informe del Ministerio para la Transición Ecológica, relativo al pasado septiembre, indica que en Córdoba se abonan una media de 170,2 céntimos por litro de gasolina, un 20% más que en septiembre del 2021. Sin embargo, la subida más importante se ha registrado en el gasoil, que costaba el pasado septiembre 185,4 céntimos, un 46% más que hace un año. Como los consumidores han podido observar, ahora se da la circunstancia, además, de que el gasóleo es más caro que la gasolina, al contrario de lo ocurrido tradicionalmente.
Nueva ley: herramientas para no trabajar a pérdidas
No obstante, las asociaciones de transportistas recuerdan que en los últimos meses el Gobierno ha dotado al sector de herramientas para repercutir las subidas de los carburantes en el precio de sus servicios y se han adoptado medidas como la aprobación, el pasado agosto, de la Ley de la Cadena de Transporte, que persigue contribuir a la sostenibilidad del sector y fomentar una subcontratación justa. El Ejecutivo central habilitó también una nueva línea de ayudas directas (tras la de marzo) dotada con otros 450 millones de euros.
Atransmerco: «Hay que cobrar lo que se tenga que cobrar»
Para el presidente de la Asociación de Empresarios del Transporte de Mercancías por Carretera de Córdoba (Atransmerco), Tomás Aranda, en estos momentos «no hay inquietudes» en el sector, porque «tenemos la ayuda de 1.250 euros por camión, los 20 céntimos de bonificación y se puede repercutir la subida del combustible en los servicios, porque hay una fórmula para subirlo sin cambiar el contrato. Lo que ocurre es que hay que cobrar lo que se tenga que cobrar», reivindica.
El sector busca profesionales cualificados y quiere adelantar la edad de jubilación
Aranda señala que «la huelga solo tiene apoyo de la plataforma. Creo que no llegará a ningún puerto». De este modo, asegura que «la inflación afecta a todo el mundo. Ahora se está desarrollando todo lo que en marzo conseguimos, pero las cosas no se pueden hacer de forma tan rápida. La mayoría de los camioneros ya no cargan y descargan», defiende.
Usintra: destacan el avance histórico sobre precios
Por su parte, el director gerente de la Unión Sindical de Empresas y del Trabajo Autónomo (Usintra), Rafael Perales, explica que «hemos hecho un sondeo y la inmensa mayoría de los transportistas repercute en los precios la subida del combustible, que es el principal problema ahora mismo». Este abogado señala que el carburante representa en torno al 45% del gasto de la empresa y el coste laboral, alrededor de un 20%, pero «el convenio no recoge una subida salarial en línea con la subida del IPC», puntualiza. Además, detalla que «a algunos sectores del transporte les cuesta más repercutir los precios, pero no se puede generalizar. La plataforma tiene 400 miembros en España de los alrededor de 110.000 transportistas que hay», pero «como montan piquetes violentos, la gente tiene miedo y no funciona», comenta en referencia al último paro.
El director de Usintra coincide con Atransmerco en que «no hay motivos» para otro cierre patronal y hace hincapié en que «en mis 35 años de profesión, es la primera vez que han sido capaces de repercutir en el precio del transporte el aumento del combustible, nunca lo habían conseguido». Además, destaca que «desde la entrada en vigor de la ley (el pasado agosto) no se ha puesto ninguna denuncia por cargar por debajo de costes».
Atransur: «Tenemos falta de conductores»
El presidente de la Asociación de Transportistas del Sur (Atransur), Ángel González, afirma que, en su opinión, «siempre hay problemas en el sector, pero ahora tenemos acuerdos, conseguidos en los últimos meses, que en gran medida deben corregir bastantes cosas». En este sentido, subraya que «la ley tiene herramientas para repercutir los incrementos del precio de los combustibles a los clientes, una cuestión aparte es que haya empresarios que no quieran hacerlo».
Atransur pertenece a la Federación Española de Transporte Discrecional de Mercancías (Fetransa), que en los últimos días ha emitido un comunicado en el que anuncia que no secunda el paro convocado para mañana y exige respeto para aquellos transportistas que deseen trabajar.
En cuanto a las dificultades del sector, el presidente de Atransur abunda en que «tenemos falta de conductores formados», una preocupación que también destaca Usintra y que viene siendo advertida por Atransmerco desde el año pasado, cuando su presidente informó de que este problema se extiende a todo el territorio nacional al hilo de la demanda de conductores extranjeros en Reino Unido.
Por último, Ángel González subraya que «esto es una profesión de riesgo» y, por tanto, cree necesario «buscar opciones para que los profesionales se jubilen antes». El presidente de Atransur explica que, con la normativa actual, los camioneros se retiran del mercado laboral a los 67 años de edad, pero «habría que adelantarlo, porque no tienen la misma agilidad, los reflejos y la capacidad de reacción» de las personas más jóvenes, y «tenemos que procurar quitar riesgo de la carretera», reclama.
Plataforma: «El Gobierno impide que la ley se cumpla»
El delegado de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera en Córdoba, Miguel Barrero, entiende que «el principal problema es que no se está cumpliendo la Ley de la Cadena del Transporte», que pretende que no se trabaje por debajo de los costes. Este profesional afirma que en la Inspección de Transporte se ha «desautorizado a la Guardia Civil, a la Inspección y a Hacienda para que no inspeccionen a las empresas que están cometiendo las faltas».
Miguel Barrero sostiene que la entidad a la que pertenece «ha denunciado y socios de la plataforma también han denunciado a cargadores por pagar por debajo de costes». Así, asegura que «la gente no ha denunciado más por el miedo a perder el trabajo».
En referencia a la movilización, destaca que en Córdoba, «en principio, hay bastante apoyo» y manifiesta que «hay muchos compañeros que aún no han levantado cabeza de la huelga anterior y de lo que venimos arrastrando. Seguimos arruinándonos. Algunos sí han podido mejorar los precios, porque trabajan directamente con el cliente, pero son muy pocos. Cuando hay intermediarios es más difícil mejorar los precios. Quizá las fábricas pagan lo que deben, pero a mí se me han dado casos en los que he tenido cinco intermediarios», lamenta.
En la convocatoria de paro difundida el pasado 7 de noviembre, la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte recoge como primera reivindicación que «el Gobierno tiene que garantizar bajo acuerdo firmado la colaboración de las correspondientes autoridades para el control de la Ley de Costes y de carga y descarga»; también exige que el Ejecutivo garantice el cumplimiento de la referida Ley de Costes; que el cálculo de estos gastos recoja las mismas partidas para todo tipo de transporte, y en el último punto de la convocatoria se recogen distintas medidas como que sean válidas «las denuncias de las organizaciones de transporte y de cualquier afectado por el incumplimiento de la ley», y que se impongan sanciones de hasta 90.000 euros.
En la carretera: experiencias en Córdoba
Las fuentes del sector consultadas por este periódico apuntan a Cotraluc, Rochel, Libertia, Porcel, Transportes Moreno, Hermanos Comino Ortega, Tircarhe, Hermanos Cobo Pérez, Logintia, Cotranco y Transportes Guardeño Aveledo como algunas de las principales firmas que operan en Córdoba.
Para conocer la visión de los profesionales, este periódico ha contactado con algunas de estas empresas, que tienen visiones diferentes sobre la situación de la actividad. Así, la cooperativa Cotranco integra a 38 profesionales y alrededor de 40 vehículos, y su secretario, Alfonso Sánchez, admite que «no se han logrado muchos avances. El Ministerio dice que se está avanzando, pero los transportistas no han notado mejora. Los precios de los combustibles siguen subiendo y sigue habiendo falta de rentabilidad».
Respecto al paro indefinido, en los últimos días ha comentado que «estamos sopesando si salir de viaje. No sabemos lo que se avecina. Tenemos los camiones cargados, pero estamos a la expectativa. Si esto se acentúa, habrá que unirse, porque no vamos a salir para que nos destrocen los vehículos», afirma.
De otro lado, Cotraluc cuenta con una treintena de socios y 50 vehículos. Su presidente, Antonio Écija, apunta que «se están repercutiendo las subidas del gasoil, no tenemos problema con nuestros clientes. Habrá de todo, pero el Gobierno mantiene la bonificación de los 20 céntimos, si la quitara, sí habría motivos para hacer algo», valora. Sin embargo, en este momento «vamos funcionando medianamente bien» y un paro significaría «hacer mucho daño al cliente y al ciudadano. Se avecina la Navidad, una fecha bastante importante para el consumo. No veo que sea el momento más adecuado», reconoce el presidente de Cotraluc.
Radiografía: 1.633 empresas en el sector
El tejido productivo de la provincia cuenta con 1.633 empresas dedicadas al transporte de mercancías por carretera y los servicios de mudanza, según recoge el Directorio de Establecimientos y Empresas con actividad económica en Andalucía (del Instituto de Estadística de la comunidad autónoma) con datos del 2021. El 70% son personas físicas y también sobresale la forma jurídica de sociedad de responsabilidad limitada, con medio millar de empresas de transporte de mercancías.
Las firmas de este sector apenas representan un 3% del empresariado de la provincia, que cuenta con 61.105 sociedades en las diferentes actividades económicas. Pese a su escaso peso porcentual, hay que recordar que se trata de un servicio clave para el funcionamiento de la economía, como puso de relieve el último paro.
Las empresas del transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza ocupan a 4.764 profesionales en Córdoba. El número de sociedades creció un 4% el año pasado respecto al 2019, el ejercicio previo a la pandemia de coronavirus, mientras que el empleo ha aumentado un 13% en el mismo periodo.
De su parte, la Asociación Profesional de Trabajadores Autónomos (ATA) de Andalucía informa de que Córdoba tenía al cierre de octubre 2.922 profesionales por cuenta propia afiliados en todas las actividades relacionadas con el transporte. Estos representan un 5% del total de los trabajadores autónomos (53.978) dados de alta en la Seguridad Social en la provincia.
