Fue hace una década. En principio, era un acto protocolario en la sede de CECO. Y, sin embargo, el sistema de grandes equipamientos de la ciudad cambió de golpe. El 3 de marzo de 2012 el actual consejero de Justicia de la Junta, José Antonio Nieto, y entonces alcalde de Córdoba, llevaba un año al frente de la Corporación municipal y hasta entonces el gobierno local no había presentado un cambio de tal magnitud. Algo por otra parte dificilísimo por la magnitud de los proyectos de ciudad que se barajaban entonces y porque hablar alegremente de millones para nuevas iniciativas era imposible en lo peor de la crisis económica global, agravada en España por el estallido de la burbuja inmobiliaria.
El caso es que el anuncio fue de enjundia y de espíritu salomónico: Nieto informó de que abandonaban dos gigantescos proyectos de ciudad, aquel pozo sin fondo que era el Palacio del Sur sin haber puesto ni un ladrillo y habiendo consumido solo con planos cuatro millones de euros, y, por otra parte, el Centro de Ferias de la futurísima Ciudad de Levante, el equipamiento central de un macrobarrio del PGOU del 2001 imposible de financiar ahora tras el estallido de la crisis.
Así, la alternativa, negociada discretísimamente muchos meses antes (según reconoció Nieto) y hasta con un anteproyecto del estudio de Rafael de la Hoz Castanys era reflotar el pabellón Cajasur-Miguel Castillejo y fusionar en él todos los servicios que se planteaban para el Palacio del Sur, el Centro de Ferias de Levante y que ya no podía abarcar el Palacio de Congresos de la calle Torrijos y el cerrado recinto ferial San Carlos.
La polémica estaba servida y la reacción de la oposición municipal, e incluso de responsables de la Junta, no se hizo esperar. Primero, por abandonarse otros proyectos emblemáticos. Segundo, por las dudas sobre la viabilidad de una iniciativa que ni Cajasur había logrado poner en valor.
Sin embargo, para conocer este contexto hay que retroceder más, mucho más, en el tiempo.
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El Pabellón Cajasur
Concretamente, hay que remontarse a principios de los años 90, cuando se planteó el proyecto de Parque Joyero, que por fin sería inaugurado el 10 de junio de 2005 por la Reina Sofía, todo ello tras una inversión de 90 millones de euros (el 40% aportado por administraciones públicas) con 140.000 metros cuadrados. Era la «mayor fábrica de joyería del mundo», como definió el entonces director del nuevo complejo, Rafael Rodríguez Aparicio.
Paralelamente a este proyecto, en el exterior, fuera de las 14 hectáreas de seguras instalaciones blindadas del Parque Joyero y con un espíritu más accesible, se levantaba el pabellón sociocultural Cajasur, que tomaría el nombre del presidente de la entidad en aquella agitada etapa, el sacerdote Miguel Castillejo, y que fue inaugurado incluso antes del propio Parque Joyero, el 27 de noviembre de 2004, con una actuación de la Orquesta de RTVE.
La apuesta decidida por parte de Nieto en 2012 tuvo en frente las dudas de la oposición
Originariamente, el edificio fue encargado por los empresarios que impulsaron el Parque Joyero, y comprado discretamente por la caja, en mayo de 2003, aún en construcción, decidiéndose ampliar sus funciones en principio destinadas solo a albergar muestras expositivas de carácter comercial y pasar a dar cabida también a encuentros variados como espectáculos para 6.000 a 8.000 asistentes, todo ello en una superficie total de 33.150 metros cuadrados entre dos plantas y sótano.
Para aquella compra se desembolsaron 19,9 millones de euros, según una auditoría interna de Cajasur de 2005, una cifra a la que se le fueron añadiendo costes. En principio, 7,5 millones de euros, que ya solo un año después ascendían a 9,9 millones, sin contar posteriores partidas de mobiliario (2,3 millones), creación de escenarios y acústica (6,4 millones), sistema de aire acondicionado (1,6 millones)... Con todo ello, en el 2004 la sociedad de tasación Tinsa valoraba el inmueble en 32 millones de euros a condición de que generase 5,3 millones de euros al año. Un lustro después, en octubre de 2009, la tasación descendía a 8,8 millones, lo que multiplicaba las pérdidas de la caja, que había invertido-gastado 35,1 millones de euros. En febrero de 2008 se llegó a un preacuerdo para ceder a la Junta el pabellón como sede de la Fundación Centro Tecnológico Andaluz de Diseño, proyecto que tampoco cuajó pese a ponerse como horizonte apenas unos meses de obras con una inversión de 4 millones de euros.
2012, el 'bombazo' de Nieto
Y así, nos situamos de nuevo en ese 3 de marzo de 2012 en el que el alcalde, José Antonio Nieto, y de una tacada, planteaba una iniciativa nueva reaprovechando un equipamiento fallido mientras daba carpetazo al futuro centro de convenciones de Levante y, especialmente y tras una década y ríos de tinta en la prensa, al proyecto de Palacio del Sur.
Como ya se ha avanzado, el bombazo informativo cayó como una bomba, a secas, en la oposición municipal, que aunque ya había dado por bueno que se paralizase el proyecto de Palacio del Sur durante la crisis económica, no renunciaba a potenciar esta zona de la ciudad con un equipamiento de primerísima magnitud. Y, en segundo lugar, porque no veía nada claro que un equipamiento fallido sirviera ahora como equipación señera de la ciudad de prisa, corriendo y con negociaciones llevadas con tan «sospechosa» discreción.
Dos frases de por entonces resumen la filosofía del enfrentamiento político: por un lado, el propio alcalde en marzo de 2012, recordando «el hartazgo» de los ciudadanos tras una década de espera del Palacio del Sur, «una rémora que ha desgastado la credibilidad de los políticos», dijo. Por otra parte, la del entonces portavoz municipal del PSOE, Juan Pablo Durán, que en mayo de 2013 dijo que la cesión al Consistorio cordobés por parte de la entidad financiera para el futuro centro de convenciones «no es una donación, no es un regalo, es una condena» para la ciudad. Así se pronunció después de conocerse la firma del acuerdo entre entidades para la cesión de las instalaciones tanto al Ayuntamiento de Córdoba como, en una pequeña parte, al Centro de Diseño de Surgenia.
La reforma 'primitiva' de 2012
Pero antes de continuar, y centrándonos en aspectos técnicos, ¿cómo eran los planes iniciales de reforma del inmueble? Pues el anteproyecto de Rafael de la Hoz que esgrimía Nieto contemplaba un área diáfana de 8.163 metros cuadrados, con un ala de cuatro plantas para instalaciones congresuales y dos auditorios que en conjunto sumaban 9.600 metros cuadrados. En el otro extremo del edificio se proponía un área de oficinas y servicios en dos plantas y con 1.600 metros cuadrados útiles. También el exterior se aprovecharía con una zona expositiva de 4.307 metros mientras entre el sótano y el un parking anexo habría cerca de mil plazas. Muy distinto a lo que había y muy diferente a lo que al final hay.
Además de readjudicar la obra, se ha hecho frente a la pandemia y sus crisis sucesivas
La donación de Cajasur
En todo caso, José Antonio Nieto no contaba con la maldición de las obras del Murallón, ese mal fario de un proyecto que se extendió un siglo y que a veces parece marcar otras obras en la ciudad. Y es que, y sin llegar a extremos como el del Palacio del Sur, proyecto que costó un dineral y se alargó una década sin ponerse un solo ladrillo, también la reforma del CEFC tendría que pasar su calvario. De hecho, en marzo de 2012 el alcalde quería que los trámites burocráticos y los planos estuvieran listos en un año, el proyecto se licitara y adjudicara a principios del 2013 para unas obras con 18 meses de plazo que permitirían inaugurar el centro «a finales del 2014 o principios del 2015». Todo ello contando con una participación privada (que nunca llegó) y que dejaría el presupuesto de reforma en un 20% del total a asumir por el Ayuntamiento. Hay que recordar que las administraciones por entonces gobernadas por el PP prometieron colaborar con la iniciativa por boca de responsables como el propio Mariano Rajoy.
El edificio que donó Cajasur se tasaba en 31 millones, siempre que diese al año 5,3 millones
Pero lo primero que se retrasó fue ese interés de la inversión privada para sumarse al proyecto (hay que recordar que se estaba en plena crisis) y, en segundo término, la forma jurídica para ejecutar la obra en un edificio que aún no era de titularidad municipal hasta mayo de 2013, con la firma de la cesión parcial por parte de Cajasur. Luego había que redactar el proyecto y, tras licitarlo (proceso que tampoco dejó de ser polémico, con hasta un recurso del Colegio de Arquitectos), se declaró desierto en octubre de 2013 pese a los tres aspirantes a la concesión.
Vuelta la burra al trigo. A convocar otro concurso para el que, en marzo de 2014, se conocía que las deficiencias del edificio eran mucho mayores de las que se creían, según el análisis de la empresa Ayesa, que llamaban la atención sobre la necesidad de reforzar cimientos con un 44% más de acero, así como la losa del forjado del pabellón, las cubiertas... Se licitó la redacción del nuevo proyecto por 1,4 millones de euros con un plazo de ejecución de solo tres meses, todo ello para unos trabajos cifrados en 14 millones de euros. Seguía habiendo prisas.
Y comienzan los trabajos
Por fin, entre 23 ofertas presentadas, y ya hablándose de una inversión final para las arcas públicas de 17 millones de euros, en febrero de 2015 se adjudicaban las obras a la granadina UCOP Construcciones por bastante menos de lo presupuestado, que inició los trabajos en mayo de ese año. Fue pocas semanas antes de las elecciones municipales que dieron un vuelco político y permitieron a Isabel Ambrosio tomar la Alcaldía de Córdoba. Para algunos, Nieto se había despedido sin haber podido aprovechar los réditos políticos del proyecto que lideró, pero dejando el futuro del Centro de Convenciones, aparentemente, atado. No muy bien atado, pero atado a fin de cuentas.
Sin embargo, y resumamos mucho, aunque las obras tenían prevista su finalización en el primer semestre de 2016, tanto por parte de la constructora como por la persistente crisis económica y por el nuevo gobierno local (para el que el CEFC era importante, pero no la principal prioridad, ni mucho menos) surgían nuevos problemas sin respuesta por un lado y otro. Hasta que en 2016 se conoció la voluntad de la empresa de dejar los trabajos en espera de resolverse tantos problemas. Todo se paralizó durante tres años, salvo, como era es esperar, los reproches políticos entre el gobierno local y la oposición, del PP. Fue lo único que no cesó.
2019: Volvemos al tajo
Tuvo que esperarse hasta junio de 2019 para el desbloqueo de la situación, con un nuevo giro político en el Ayuntamiento de Córdoba, la llegada de José María Bellido a la Alcaldía y con un eficaz Salvador Fuentes al frente de la Gerencia de Urbanismo. De hecho, la desafección del contrato con UCOP y la readjudicación de los nuevos trabajos a la constructora San José en septiembre de 2020 (que ya hizo la estación de autobuses de Córdoba y ahora está entre las cien mejores constructoras del planeta), supone todo un récord para todo aquel que sabe lo burocráticamente complejo, tedioso y dilatado en el tiempo que es cambiar la concesión de una obra pública.
Y todo ello teniendo en cuenta que por medio hubo una pandemia mundial con la reclusión de toda Europa durante tres meses en sus casas, una crisis de suministros y de encarecimiento de materiales de construcción y, también al final de las obras, otra crisis energética y de costes.
Visto así, es hasta todo un logro que las últimas previsiones de terminación de las obras, algo siempre optimista ya sea en un proyecto privado y aún más si es público, se retrasase tan poco en la recta final de unas obras. Hay que recordar que se preveía, con su plazo de ejecución de diez meses, que su terminación fuera en verano de 2021. Al final, se postergó para la primavera de 2022, venciendo por fin esa maldición de las obras del murallón y, de una manera más real, las sucesivas crisis post-pandemia que han afectado a toda obra.
Acabado, pero no listo
Pero por fin todo está acabado según los últimos planos de los arquitectos Fernando Suárez y Javier Terrados, presentados en octubre de 2019. Según este diseño, la principal característica del CEFC es su versatilidad. La arquitecta responsable del proyecto y directora técnica de la Gerencia de Urbanismo, Carmen Chacón, explicó en su día que el edificio es «un gran contenedor que permite muchas posibilidades de distribución», que puede quedarse absolutamente diáfano (al estilo y tamaño de un pabellón de Ifema) o bien puede distribuirse en 12 salas que se separan con paneles, con combinaciones de hasta 17 formas distintas. Además, en las entreplantas, con gran luminosidad y espectaculares vistas a la Sierra, gracias a sus 6.000 ventanas, también hay espacio para conferencias o colocación de estands. En las salas se pueden desplegar hasta tres módulos de gradas que se repliegan como estanterías si no se usan y que tienen una capacidad de 900 personas, a las que se les pueden sumar sillas para entre 4.000 y 4.500 personas. La superficie total del edificIo es de 15.000 metros, sin contar los sótanos, que también tienen aparcamiento. Para algunos, como la teniente alcalde Blanca Torrent, siguiendo las opiniones de expertos, el mejor equipamiento de su género, condiciones, características y dimensiones en España. Ahora bien, conforme se acababa la obra quedaba la cuestión principal sin la que todo el proyecto carece de sentido. Y era urgente acometerla: ¿Cuál es la mejor manera de explotar la instalación en beneficio de la ciudad?
Una comisión de expertos en tres áreas, una estrictamente económica, otra social y una tercera de carácter jurídico, estudiaron la fórmula para la explotación de este equipamiento de ciudad, pensando especialmente los dictámenes de los expertos legales que, con el nuevo marco y restricciones creado tras la crisis del 2008 para las corporaciones locales, veían cómo la fórmula más viable la de la explotación directa por parte del Ayuntamiento de las instalaciones del CEFC, rechazando otros sistemas como la creación de una nueva empresa instrumental, un patronato o la concesión de la explotación a una entidad privada o público-privada. Pero aún quedaba por decidir qué órgano municipal directo se encargaría del reto. Los finalistas fueron la propia delegación municipal, el Instituto Municipal de Turismo (Imtur) y el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec). Fue este último el elegido para gestionar el centro en todo lo que ello tiene de complejidad, tanto en la gestión de contratos de alquileres de espacios, como en la planificación financiera y material de los eventos, determinación de personal, mantenimiento, o ejecución de los trabajos en el CEFC para responder a los contratos realizados... Todo un reto. De hecho, ya desde la oposición se dudaba de la fórmula e incluso el Consejo del Movimiento Ciudadano mostraba en julio sus temores a que una gestión directa de una empresa municipal del CEFC, por mucho que ello avalase su funcionamiento, supusiera a la larga una carga más para la ciudad que al final terminase comprometiendo otros servicios municipales.
Una cuestión difícil de determinar porque, también es cierto, a los beneficios directos por la explotación del equipamiento hay que sumar los que entrarían en las arcas municipales a través de tasas e impuestos al servir el CEFC como dinamizador económico en otras actividades, desde la hostelería al taxi o hasta la más modesta papelería que viese incrementado su negocio por las compras de alguien que monta un estand en uno de los eventos del CEFC.
La hora del futuro
De todo ello también informa directamente la presidenta del Imdeec, la teniente de alcalde Blanca Torrent, en una entrevista donde ya adelanta los contactos previos que permitirán, especialmente en marzo y abril del 2023, mantener casi a pleno rendimiento el CEFC. Eso sí, Torrent pide un año de plazo para revisar las cifras, determinar la evolución del nuevo equipamiento y valorar los beneficios directos e inducidos del CEFC.
Al respecto, hay que recordar dos últimos capítulos que, sin embargo, dan el esqueleto jurídico y práctico a la explotación del CEFC y, por tanto, a todo el proyecto: la reciente aprobación de la ordenanza que rige el servicio (aprobada por el Pleno en julio, puesta en información pública en agosto y aprobada definitivamente el 13 de octubre) y, sobre todo, y lo que querían conocer propios y extraños, los precios de los servicios ofertados.
Las tarifas aprobadas hace unos días abren una nueva etapa que ya solo mira al futuro
Fue una junta de gobierno local la que el viernes de la pasada semana puso cifras a lo que más interesa a la propia explotación futura del Centro de Exposiciones Ferias y Congresos y a expositores y organizadores de eventos locales, provinciales, andaluces, nacionales e internacionales: «¿Cuánto costará la utilización de la instalación?».
Quizá por ello nada mejor que terminar un largo relato con unas cifras con las que el Imdeec ya puede cerrar contratos y que, en sí mismas, más que una relación de costes, es toda una llamada a la esperanza y el manifiesto de un logro en negro sobre blanco y con cifras al lado. A saber, y solo por poner unos ejemplos de posibilidades para alquilar zonas individuales o reagrupando los 17 espacios disponibles. Lo más caro, el alquiler del pabellón completo en una configuración de 60 x 45 metros, que tendrá un coste de 10.000 euros al día (IVA no incluido), pero con importantísimos descuentos según los días, hasta llegar a los 23.100 euros por una semana. Más asequible es alquilar medio CEFC con dos posibilidades de configuración: una primera de 30m x 45m (sin grada) con un precio de 6.000 euros al día y 18.480 euros 7 días; y una segunda configuración (15m x 45 m + 3 módulos y gradas con capacidad total de 900 personas) con un precio de 8.400 euros un día y 18.880 euros 7 días. Lo más asequible es contratar un espacio modular, de 15x15 metros, por 1.500 euros al día y hasta 5.940 euros a la semana, con toda una gama de posibilidades si se quieren módulos adicionales, gradas...
Números, en resumen, para un logro: el CEFC, que deja atrás un largo proceso para pasar ahora a gestionar y a cuadrar cifras. Es decir: a mirar al futuro.
