Hace poco más de un mes, la selección española de baloncesto se hacía con su cuarto Eurobasket. Los de Scariolo coronaban así un campeonato para enmarcar y, como es normal, algunos jugadores sobresalieron por encima de otros. Uno de los nombres que más se escuchó fue el de Lorenzo Brown. El base se ganó a pulso ser uno de los favoritos del equipo, pero las críticas también estuvieron presentes. Críticas que nada tenían que ver con su juego, sino con la rápida nacionalización del jugador a instancias de la Federación Española de Baloncesto. Brown no ha vivido nunca en España, pero el Consejo de Ministros le otorgó la nacionalidad en verano para poder jugar con la selección española de baloncesto.
Esto generó un lógico debate ético, sobre todo si se tiene en cuenta que en España hay 350.000 personas a la espera de obtener la nacionalidad, según datos del Ministerio del Justicia. Este periódico ha intentado, sin éxito, conocer el dato de cuántas de esas personas residen en Córdoba, aunque la situación en la provincia no es halagüeña.
Ayer mismo, CCOO trasladaba a la Subdelegación su preocupación por la realidad que atraviesa la Oficina de Extranjería en Córdoba. En especial, por todo lo relacionado con los trámites y la administración electrónica para las gestiones derivadas del hecho de Residencia y Trabajo en la provincia. CCOO pedía minimizar el impacto de la puesta en marcha de la administración electrónica en materia de extranjería, que está causando dificultades para el acceso a la administración, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de los usuarios. Pedían, además, más personal al frente de dicha oficina para acortar los plazos de resoluciones.
Falta de personal
Esa falta de personal la confirman a este periódico tanto desde el Área de Inmigrantes de Cruz Roja como desde la Comisión de Extranjería del Colegio de Abogacía de Córdoba. Desde Cruz Roja explican que, por ejemplo, los plazos normales para obtener la residencia legal (uno de los métodos para tener la nacionalidad es la residencia en el país durante un periodo determinado) deberían ser de tres meses, y ahora mismo se están yendo por encima de los ocho.
Las personas que acuden a este área de la institución llegan para reclamar otro tipo de ayudas, casi siempre de índole humanitaria, pero se les deriva a un servicio jurídico que intenta dar sustento legal a la situación en la que se encuentran. Estos usuarios, explican desde Cruz Roja, proceden de diversas partes del mundo, aunque son numerosos aquellos que vienen de países africanos, como Marruecos, o latinoamericanos, como Venezuela o Perú.
«La nacionalidad siempre va a partir de un periodo de residencia legal en España», detallan desde Cruz Roja. Ese periodo no es el mismo para todo el mundo, para la concesión de la nacionalidad por residencia se requiere que ésta haya durado diez años, pero bastarán cinco para los que hayan obtenido la condición de refugiado o dos para quienes procedan de países iberoamericanos o Portugal, entre otros. Valdrá también con un año de residencia legal en diversos casos, como por ejemplo, el nacido fuera de España, pero con padre o madre o abuelo o abuela españoles.
Arraigos
Lorena García Abreu, del Colegio de Abogacía, habla también del retraso a la hora de tramitar los arraigos, autorizaciones de residencia temporal que permiten algo tan básico como firmar un contrato. Que estos trámites se retrasen, explica García Abreu, supone que estas personas puedan perder una oportunidad laboral, las cuales no les sobran. Desde el Colegio de Abogacía reconocen la predisposición de la Subdelegación para trabajar por que los trámites marchen de forma más rápida, pero, al igual que CCOO, entienden que los retrasos se deben a falta de medios, tanto personales como técnicos.
Es más, la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, y el responsable del área de Política Social y Migraciones del sindicato, Said Faz, hicieron hincapié en que se debe contemplar la ampliación del personal que actualmente está trabajando en la oficina. Según CCOO, la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, y la jefa de la Oficina de Extranjería en Córdoba, aseguraron que «el diálogo es productivo por el bien de todas las personas extranjeras, y que se hará lo máximo posible para ir mejorando la atención a las personas usuarias, agradeciendo la voluntad del sindicato por la colaboración en todas las cuestiones que puedan beneficiar a las personas inmigrantes usuarias de la oficina».
