El Centro de Convenciones ya dispone de ordenanza de uso para abrir sus puertas a ferias, exposiciones y conciertos

El pleno que el Ayuntamiento de Córdoba aprobó ayer de manera definitiva de la ordenanza reguladora de la creación y régimen de funcionamiento del servicio público del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba (CEFC). El gobierno municipal, sustentado por PP y Cs, contó con el apoyo de PSOE, Vox y Podemos, y la abstención de IU y el concejal no adscrito David Dorado. 

Una vez aprobada esta norma se procederá a la publicación definitiva del texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba para su entrada en vigor, lo que permitirá la puesta en marcha de esta nueva infraestructura ubicada junto al Parque Joyero.

El Movimiento Ciudadano presenta una decena de alegaciones a la ordenanza del Centro de Convenciones

Además, el gobierno municipal ha dado luz verde al establecimiento y prestación del servicio público del CEFC, sin la creación de ningún nuevo organismo o entidad mediante gestión directa, de conformidad con la memoria elaborada por la comisión de estudio creada para la puesta en marcha de esta infraestructura.

Para la aprobación definitiva de la ordenanza reguladora del CEFC, Partido Popular y Ciudadanos, las dos formaciones del gobierno local, han resuelto ya la decena de alegaciones que presentó el Consejo del Movimiento Ciudadano, que pedía que el proyecto no incluyese en su nombre la palabra "congresos" --como ocurría en algunos documentos públicos--, porque "podría entrar a competir" con el Palacio de Congresos de la calle Torrijos. Esta alegación se ha estimado parcialmente y se considera procedente aceptar la sugerencia planteada también por el Consejo Social de la ciudad respecto a la nomenclatura en la ordenanza. Asimismo se estima parcialmente otra de las mociones presentadas por el CMC que pedía la inclusión de "los valores de la Carta Magna" en un artículo que dice: ”En los derechos de los usuarios el respeto a sus creencias y opiniones tendrán como límite el respeto a la declaración universal de los derechos humanos y los valores constitucionales. Esto se convertirá en un deber del usuario”. Se trata de dos alegaciones formales, las de mayor enjundia se desestiman.

Se desestiman el resto de alegaciones

Entre las alegaciones que se han rechazado está la que dudaba de la viabilidad de prestar el servicio del CEFC desde lo público, en este caso, desde la Delegación de Reactivación Económica, ya que entiende el CMC que "el déficit previsto de proporciones desconocidas" recaerá sobre los presupuestos municipales. Por ello, pedía que colaborasen o bien otras administraciones o bien el sector privado, lo que se ha desestimado.

También consideraba el CMC "absolutamente indeterminado" que no se fije el personal que se destinará al centro y temían que eso supusiera "externalizar todos los servicios, lo que necesitará de un tiempo indefinido para su contratación", algo que tampoco se tendrá en consideración.

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