Diario Córdoba

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PROPUESTAS PARA LAS ORDENANZAS FISCALES

El Movimiento Ciudadano pide rebajar el IBI a las parcelaciones que tengan placas solares

Plantean que si pagan el impuesto municipal siendo casas ilegales tienen derecho también al descuento

Reunión del Consejo del Movimiento Ciudadano con el alcalde y el presidente de la Gerencia de Urbanismo. CÓRDOBA

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) se ha reunido esta semana con el alcalde, José María Bellido, y el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, para trasladarles una serie de propuestas para las ordenanzas fiscales del 2023 que el Ayuntamiento se ha comprometido a estudiar. Entre ellas, destacan la solicitud de que los propietarios de viviendas en parcelaciones ilegales que pagan el IBI y hayan instalado placas solares en sus casas, independientemente de que tuvieran autorización para ello, tengan derecho a la rebaja prevista para el resto de casas de Córdoba. Según el presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia, «igual que se les cobra el IBI aun siendo casas construidas ilegalmente, tienen derecho a que se les aplique la rebaja correspondiente si ponen placas solares». Consideran que si no se les pide para pagar el impuesto licencia de primera ocupación, para colocar las placas debe bastar con que presenten un informe de habitabilidad. Igualmente, el Movimiento Ciudadano propone que los comercios instalados en las parcelaciones que eliminen barreras arquitectónicas tengan acceso a los beneficios fiscales previstos y que esto se incluya en las ordenanzas. 

Beneficios fiscales para la entidades sin ánimo de lucro

En la reunión, se trasladó a Bellido y a Fuentes la petición de revisar las tasas previstas en las ordenanzas aplicables a los colectivos sin ánimo de lucro cuando organizan actividades al aire libre por servicios como la cesión de escenarios o la instalación de barras cuyo fin es sufragar los gastos del evento. Del mismo modo, reclaman que las entidades sin ánimo de lucro no paguen IBI por los locales donde tienen su sede como medida de incentivo hacia los colectivos, muchos de los cuales están desbordados por el aumento de los costes.

Una vez más, el CMC puso sobre la mesa la situación de las calles privadas de uso público, localizadas en una docena de barrios de la capital, para que tras 50 años sus servicios pasen a depender del Ayuntamiento y no de los vecinos. «Nuestra propuesta es rebajar el orden fiscal de estas zonas, aunque el Ayuntamiento se ha comprometido a presentar una alternativa antes de final de año», detalló De Gracia. El cambio del orden fiscal en las ordenanzas de estos barrios (a uno más bajo, con fiscalidad menor) es la opción que el CMC plantea también para las viviendas, comercios y espacios sociales del casco histórico (no para bares, restaurantes y hoteles). «Sería una medida para atraer más vecinos y más servicios a esta zona de la ciudad y frenar el avance de la ocupación turística», destaca el presidente del movimiento ciudadano.

En cuanto a la Periferia, la Oficina del Territorio ya ha recibido más de 50 solicitudes de parcelaciones interesadas en legalizar su situación y dotarse de servicios públicos el Ayuntamiento, según la información facilitada en la reunión, confía en que a finales de diciembre se haya atendido a todas. Bellido trasladó a los presentes que en enero se definirá el planteamiento global de las actuaciones que llevará a cabo el Ayuntamiento, que quiere implicar también a Emacsa y a otras administraciones como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y las delegaciones de Cultura y medio Ambiente. «Estamos viendo que el Ayuntamiento ha adoptado una actitud proactiva en este tema y va a negociar medidas concretas para avanzar en la legalización de las parcelas», señala De Gracia.

El Consejo del Movimiento Ciudadano tiene previsto reunirse este jueves con responsables de la Junta de Andalucía para analizar las alegaciones planteadas al reglamento de la ley Lista (parcelaciones) que debe aprobarse antes de que acabe el año. Entre otras cuestiones, analizarán posibles soluciones para facilitar el pago del 10% de aprovechamiento, cuyos costes son inasumibles para muchos parcelistas.

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