Esta semana abría sus puertas en Córdoba el primer supermercado de Andalucía gestionado por personas con discapacidad. La Fundación Prode, de la mano de Grupo Piedra, ha sido la entidad que ha puesto en marcha la iniciativa, que se integra, sin duda, en ese concepto de economía social. Un concepto, eso sí, amplísimo y cuyo valor reside en poner en el centro la vida y el bienestar de las personas por encima del rédito económico. A pesar de que los datos sobre la incidencia de la economía social no están del todo actualizados, la Junta de Andalucía sí que suele hacer un repaso por los principales indicadores económicos que supone la economía social. En 2019, según datos del Gobierno andaluz, había en la comunidad autónoma 11.246 entidades de economía social con 194.501 trabajadores y un volumen de negocio de 23.148,01 millones de euros. Esto significa que el empleo de la economía social andaluza equivale al 6,2% del total del empleo y su volumen de negocio representa el 14% del PIB andaluz.
Dentro de la economía social existen distintos grupos de empresas y las más numerosas son las cooperativas y las sociedades laborales, pero no son las únicas. También existen los centros especiales de empleo, las empresas de inserción, las mutualidades de prevención social, las entidades de acción social y las cofradías de pescadores.
Covap o Almazaras de la Subbética son dos grandes ejemplos de cooperativas agroalimentarias
Desde la Junta detallan que, «de entre los productores de mercado de la economía social andaluza, las cooperativas son, con mucho, los más relevantes». Precisamente, los datos de cooperativas son los más actualizados a nivel provincial que hay dentro de la economía social en estos momentos. Según datos a los que ha tenido acceso este periódico, entre 2021 y lo que va de 2022, en la provincia de Córdoba se han constituido más de medio centenar de cooperativas, haciendo que el total de cooperativas existentes ahora mismo supere las 650. Dentro de las cooperativas, en la provincia tienen gran relevancia las agrarias o agroalimentarias. En este punto, la Junta tiene actualizados los datos hasta 2019, señalando que en Córdoba había cerca de 100 cooperativas agroalimentrias, que daban trabajo a casi 2.300 personas y que superaban una facturación de 1.335 millones de euros. Otras cifras más actuales confirman los datos del Ejecutivo autonómico y detallan que el olivar y el sector ganadero son los grandes grupos que engloban gran parte de la facturación que generan las cooperativas agroalimentarias en la provincia. Covap y Almazaras de la Subbética son los grandes ejemplos en este sentido.
Junto a estas cooperativas también ocupan un sitio muy destacado las cooperativas del trabajo, que en 2019 eran unas 400 en la provincia de Córdoba y tenían más de 4.000 trabajadores. En el caso de las cooperativas del trabajo, la Junta explica que por rama de actividad las que más destacan son las de enseñanza. Pero, ¿qué es una cooperativa del trabajo? Según la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo (Faecta), «la cooperativa de trabajo es una empresa que se basa en el autoempleo colectivo y que desarrolla su actividad en cualquier ámbito de la economía. Los socios y las socias son al mismo tiempo trabajadores de la misma y la toma de decisiones se realiza de forma democrática».
Los últimos datos aportados por la Junta hablan de 221 sociedades laborales
Con respecto a las sociedades laborales, las más numerosas dentro de la economía social junto a las cooperativas, los datos de la Junta apuntan que en 2019 había en la provincia 221 empresas de este tipo (210 limitadas y 11 anónimas). El Gobierno autonómico detalla que «aunque en los últimos años la creación de sociedades laborales ha conocido un descenso continuado, estas empresas continúan teniendo un relevante peso entre los productores de mercado de la economía social».
Un plan hasta 2025 para reforzar e impulsar el sector
La Junta de Andalucía anunció este mismo año que el sector de la economía social andaluza contará con un plan estratégico hasta 2025, el Plan de Impulso y Modernización de la Economía Social Andaluza (Pimesa), en cuya elaboración han estado implicadas nueve consejerías y diez direcciones generales del Gobierno andaluz, representantes de las organizaciones que agrupan a estas empresas y grupos de expertos.
Dicho plan parte de un diagnóstico preciso de cuáles son los problemas de la economía social, sus necesidades y los retos que tiene que afrontar, e incluirá programas de actuación concretos para respaldar al sector. Como explicó en su día la consejera de Empleo, Rocío Blanco, el Pimesa contará con cuatro objetivos estratégicos, como el aumento del reconocimiento del sector por la sociedad; la mejora del sistema de ayudas; el aumento del tamaño de las empresas y actuaciones que mejoren la competitividad en el acceso de empresas de economía social a contratos públicos.
También citó algunas actuaciones concretas, como nuevas ayudas que complementen a las actuales y que se centren en la vertebración del sector, en respaldar el relevo generacional o para facilitar la incorporación de jóvenes y la transformación digital.
