La Policía Judicial ultima su informe sobre el llamado caso Infraestructuras que instruye el juzgado número 4 de Córdoba y que investiga el posible amaño y troceo de contratos en ese área municipal durante el año 2020. Los agentes, por orden del juez José Luis Rodríguez Laínz del pasado mes de mayo, han investigado estos meses desde cuentas bancarias hasta empresas adjudicatarias de los contratos menores cuestionados, así como la existencia de coincidencias entre estas sociedades o si entre la lista de adjudicatarios o invitados a presentación de presupuestos para esas licitaciones se repetía un patrón o constaba alguna empresa que estuviera inactiva en 2020.
Los investigadores han estudiado también si, como en su momento argumentó el entonces delegado de Infraestructuras, David Dorado, la obra de la avenida de Libia que inició este culebrón sufrió o no un robo de cable y si en efecto los constructores hacían en las obras lo que les exigía el contrato. Asimismo, la Policía Nacional ha tratado de esclarecer la relación de los dos imputados (la excoordinadora de Infraestructuras y un técnico municipal) con la supuesta trama.
Esta semana, el juez tomará declaración como testigos al jefe de alumbrado y al titular del órgano de apoyo de la junta de gobierno local, que en varios ocasiones advirtió del mal proceder en la contratación por el troceo de las obras (al trocearlas y convertir por ejemplo un contrato mayor en dos menores se rebaja el grado de fiscalización y de control).
El caso Infraestructuras, de nuevo al pleno
Estas novedades judiciales se producen a escasas horas de la celebración de un pleno en el que, por un lado, el PSOE ha pedido la comparecencia del alcalde, José María Bellido, para hablar del caso Infraestructuras; y por otro lado, un pleno en el que se estrena como concejal no adscrito David Dorado, hasta hace unas semanas miembro del gobierno local, concejal de Cs y delegado del área bajo sospecha.
Además, la Corporación tomará conocimiento del contundente informe de la Intervención sobre varios contratos menores de Infraestructuras celebrados en 2020 (dos sobre alumbrado público y dos sobre climatización) en los que se aprecian sobrecostes, presupuestos inflados y donde señala que se cobró dinero por elementos o unidades de obra que no llegaron a realizarse (el informe no entra a dónde se destina). Asimismo, en su informe la interventora aprecia fraccionamiento de contratos.
Alegaciones de David Dorado
Este documento definitivos de 116 páginas incluye informes periciales muy detallados y elocuentes realizados por un ingeniero contable que la interventora solicitó al colegio oficial y que analizó cuatro contratos. Además informe del que el Pleno toma conocimiento el jueves resuelve rechazándolas las únicas alegaciones presentadas al mismo por parte del exdelegado de Infraestructuras, David Dorado, que no está imputado en la causa. Esta circunstancia (que alegue quien no es ya responsable del área y al que no se nombra en el informe) es un hecho que sorprende a la misma interventora que así lo hace constar en su escrito. "La realización de alegaciones al informe provisional corresponde al actual titular del servicio gestor", indica.
Respuesta de Intervención a Dorado
David Dorado es el único que presentó alegaciones al informe de Intervención que aprecia sobrecostes en contratos de Infraestructuras de 2020, así como fraccionamiento en la misma línea que ya apuntó el titular de la asesoría jurídica y el fiscal. En sus alegaciones, el exconcejal asegura que siempre actuó «según los criterios dados por los técnicos municipales» y que en lo que a sus competencias se refiere, «todos los expedientes estaban completos» y con los informes. La interventora niega que eso fuera así y recuerda al edil que en todos estos contratos el titular del órgano de apoyo a la junta de gobierno advertía de su fraccionamiento y "aún así se continúa con la tramitación por parte del servicio gestor". Dorado asegura, también, que siempre se invitaba a tres empresas y que las obras daban respuesta a «demandas históricas», una cuestión en la que no entra el informe, y dice que entre sus atribuciones no estaba la comparación de precios. Dorado califica el informe de «atemporal» y dice que debió haberse fiscalizado de modo previo, a lo que la interventora responde recordándole al concejal que se fraccionaron los contratos para eludir precisamente la fiscalización previa.
Así la interventora deja anotado "el claro desconocimiento técnico-jurídico por parte del Dorado de las competencias atribuidas a esta Intervención" y le recuerda que en los contratos menores analizados "se ha fraccionado el objeto del contrato, precisamente permitiéndose a través de este irregular proceder, la imposibilidad de efectuar control previo alguno por parte de esta Intervención" y que en todo caso, los contratos menores están expresamente excluidos de la previa comprobación material de la inversión.
