El grupo municipal de IU Córdoba ha vuelto a poner de manifiesto sus dudas sobre la legalidad respecto a la cesión del edificio público que utilizaba Cepes a una entidad privada como la Fundación Albor. Desde IU siguen insistiendo en que "todo el proceso nos genera muchas dudas, sobre todo si tenemos en cuenta el modus operandi de este equipo de gobierno, que lo único que ha hecho por Córdoba ha sido situarla en el mapa de la corrupción nacional.

Añaden desde IU que "la falta de información por parte del equipo de gobierno y del presidente de Urbanismo hace que desconfiemos aun más de la legalidad de todo el proceso, de ahí que en el consejo rector de Urbanismo hayamos preguntado al presidente de dicho organismo autónomo asuntos como qué entidad o empresa habían solicitado la licitación, o la cesión, o cualquier otra circunstancia de este espacio, y si ha sido a propuesta de la presidencia de la GMU, en caso de no ser propuesta por alguna entidad".

El grupo municipal también pide conocer cuándo se ha notificado el desalojo a las entidades del edificio y, si se ha realizado su salida del citado inmueble, cuándo se ha producido. También, cuándo y cómo ha obtenido la adjudicataria el pliego de prescripciones técnicas, "sobre todo si tenemos en cuenta que no se ha publicado en el Portal de Transparencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo, tal y como marca la ley".

Piden conocer, además, cuándo se ha recibido la solicitud de Albor de adjudicación del inmueble, si se ha presentado alguna oferta distinta a la de la adjudicataria o si se ha mantenido por técnicos de gerencia o su presidente alguna reunión formal o informal con la citada empresa antes de la licitación del edificio o con el representante de Faecta.

En su larga batería de preguntas, IU cuestiona también quién ha redactado los pliegos de prescripciones técnicas y de condiciones administrativas y, en el caso de ser personal de la GMU, qué día se les encargó la redacción de estos pliegos, cómo se hizo el encargo y quién lo realizó.

"Todas estas preguntas deben ser contestadas"

Desde IU entienden que "todas estas preguntas deben ser contestadas por parte del equipo de gobierno, en aras de la transparencia y de que la ciudadanía sepa que se está haciendo un buen uso, por parte del equipo de gobierno, con respecto al patrimonio público".

También han recordado que a principios de agosto solicitaron declarar nulo el procedimiento de licitación porque, entre otras cosas, "no se publicó en el portal de transparencia de la GMU el pliego de prescripciones técnicas, que es fundamental para saber qué condiciones se piden para poder optar al contrato".