La comisión de licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha decidido dejar sobre la mesa y posponer la concesión de permiso para la ampliación de una sala de juego situada en la avenida de Gran Capitán de la capital cordobesa. En concreto la empresa solicita poder abrir un bar en esta sala de juegos.
Desde el Grupo de Trabajo Contra las Casas de Apuestas de Córdoba mostraron ayer su preocupación por la posibilidad de que se ampliase dicho salón de juegos por lo que pidieron a las formaciones políticas integrantes de la comisión de licencias de Urbanismo que se manifiesten en contra de dicha solicitud. No fue necesario, porque finalmente este punto quedó sobre la mesa y no se votó.
El Grupo de Trabajo Contra las Casas de Apuestas de Córdoba explica que hace esta petición «desde la coherencia con la moción aprobada por unanimidad hace ya más de un año, en el pleno de nuestro ayuntamiento, cuyo sentir iba en la línea contraría de lo que supone ampliar o dar más licencias para este tipo de negocios», indica este colectivo.
Asimismo, lamentan que desde la aprobación de dicha moción --apoyada por varios colectivos y asociaciones de la ciudad--, «el equipo de gobierno nunca se puso en contacto con nosotros para trabajar conjuntamente» y «ninguno de los puntos que eran competencia municipal se ha desarrollado». Es más, el Grupo de Trabajo Contra las Casas de Apuestas entiende que PP y Ciudadanos «han puesto todas las facilidades para que se expandan y sigan captando la atención de la población más desfavorecida, entre la que podemos destacar a las más jóvenes, un ejemplo la nueva ley reguladora del juego aprobada en nuestra comunidad el año pasado».
La última vez que se dio licencia para la apertura de una nueva sala de juego en Córdoba fue el pasado mes de abril. Fue el primer permiso que se otorgaba desde que en febrero del año 2020 se decidiera suspender la concesión de servicios para casas de apuestas. Dicha suspensión se llevó a cabo para modificar el PGOU y que estos locales no pudieran instalarse a menos de 500 metros de centros educativos, lo que los relegaba, en la práctica, a polígonos industriales y zonas comerciales.
Finalmente el cambio del PGOU no pudo llevarse la cabo porque la Junta de Andalucía advirtió de que la normativa la marcaba la administración autonómica y no los municipios. Meses después, la Junta determinó que las casas de apuestas no podían abrirse a menos de 150 metros de centros educativos, una distancia mucho menor que la que se planteaba en Córdoba.
