Tal y como se preveía, el juzgado de lo Mercantil de Córdoba ha empezado el curso con una importante sobrecarga de trabajo derivada del repunte de empresas que, incapaces de afrontar las deudas, han iniciado el procedimiento de concurso de acreedores tras caducar la moratoria en junio y los dos meses de verano (agosto es inhábil). El juez de lo Mercantil de Córdoba, Antonio Fuentes Bujalance, ha confirmado que en junio ya se habían registrado el mismo número de procesos que en todo el año anterior, muchos de ellos presentados en los meses previos al final de la moratoria, por lo que ahora esperan que el ritmo se acelere y la cifra se multiplique. En julio, los acreedores recuperaron su capacidad legal para solicitar la declaración concursal de un deudor y los empresarios insolventes vuelven a estar obligados a pedir la declaración concursal.
Respecto a los concursos de personas físicas, el juez decano, Miguel Ángel Pareja, afirma que de momento no ha habido aumento significativo, si bien estos asuntos dejarán de repartirse entre los juzgados de Primera Instancia, como se empezó a hacer durante la pandemia, para derivarse exclusivamente al Juzgado de lo Mercantil, lo que aumentará aún más la carga de trabajo y la necesidad de refuerzos. Antes de las vacaciones, el juzgado ya había sobrepasado el módulo de 491 asuntos fijado por el CGPJ, por lo que «todo lo que entre de julio a diciembre será exceso».
Los expertos llevan meses augurando una avalancha de insolvencias concursales, que según Iberinform, en España crecieron un 18% en agosto. Esta situación afectará en Córdoba principalmente a sectores como la hostelería, la construcción y los servicios. Según el juez Fuentes Bujalance, los negocios de hostelería se han visto muy afectados por la pandemia, algunos de los cuales no se han llegado a recuperar al acabar las restricciones; a eso se ha sumado en los últimos meses la afectación de empresas de construcción por el aumento del coste del combustible y los materiales, que también ha afectado al sector del ocio, ya que en tiempos de crisis económica, el consumidor reduce el gasto en los productos prescindibles.
Andrés Guardeño, mediador civil y mercantil, coincide en que en los próximos meses se espera un importante repunte de concursos tras el tapón que ha supuesto la moratoria. «En algunos casos, el aplazamiento ha dado un balón de oxígeno a las empresas para negociar el pago a proveedores y evitar la quiebra, pero para otras la moratoria solo ha retrasado el momento del cierre». En el despacho de Francisco Vázquez, de MV & Asesores, ya están preparando algunos concursos de acreedores y prevén que vengan muchos más. Según Vázquez, los concursos de acreedores provocan un efecto dominó, ya que derivan en impagos a terceros que llevan a otros a entrar en concurso. En su opinión, «existe un porcentaje elevadísimo de negocios que irán directamente a la fase de liquidación, ya que la moratoria ha hecho florecer el número de empresas zombie a las que solo les queda este paso». En su opinión, «la hostelería y los servicios en general están muy tocados, al igual que la construcción».
"Esto es una funeraria"
El magistrado de lo Mercantil, por su parte, recalca que su juzgado «no es una funeraria, ni la ley concursal una norma para ayudar a morir a las empresas como muchos creen». Para el juez, estos procedimientos están estigmatizados «cuando en realidad lo que la ley ofrece son herramientas para buscar soluciones que permitan recuperar a las empresas que presentan deudas pero cuya actividad sigue siendo rentable». Utilizando un símil médico, Fuentes Bujalance expone que «si una empresa está enferma, lo importante es acudir al médico para tener un diagnóstico precoz y poner un tratamiento eficaz lo más rápidamente posible». En el caso de las empresas, el juez es el médico y la ley ofrece el tratamiento con el que curar al negocio enfermo, de ahí que en su opinión, «dejar pasar el tiempo solo empeora el problema». Así, afirma que la moratoria concursal no ha contribuido a ayudar a las empresas con dificultades económicas sino todo lo contrario. «Las que se han recuperado en este tiempo lo han hecho porque la actividad se ha reactivado, pero las que tenían problemas graves de liquidez y no han recibido ayuda, probablemente estén ahora mucho peor y sea más complicado salvarlas», apostilla.
Una nueva ley sin nuevos recursos
El próximo 26 de septiembre entrará en vigor la reforma de la ley concursal, que viene a acomodar la norma española a la directiva de insolvencia de la Unión Europea. El objetivo de esta reforma, según el juez de lo Mercantil de Córdoba, pretende fijar instrumentos para que las empresas con dificultades económicas puedan acudir cuanto antes a los juzgados para intentar resolver su situación de insolvencia. «Se trata de agilizar el proceso para actuar desde la prevención y la detección precoz con el fin de evitar el concurso de acreedores».
Según el magistrado, «todo esto está muy bien, pero esto debe reflejarse en el articulado y hay cuestiones que siguen sin resolver e como el hecho de que no se obligue a los acreedores públicos a echar una mano en el proceso». La deuda con Hacienda se considera privilegiada y su cobro tiene preferencia sobre cualquier otro, lo que deja en segundo plano al resto de acreedores.
A esto se añade que la nueva norma no viene acompañada de más recursos, «lo que va a suponer que aunque los asuntos lleguen antes a la mesa del juez, no tendrán salida más rápida, puesto que seguirá habiendo el mismo personal para atenderlos que antes de la reforma».
En opinión de Antonio Fuentes Bujalance, «ante una situación de aumento de los concursos de acreedores como el actual, sin más dotación de jueces y juzgados, la norma por sí misma no permite que el proceso vaya más rápido».
