Córdoba tiene 3.235 personas dadas de alta en la Seguridad Social como empleadas de hogar. Son los datos correspondientes al mes de agosto del 2022, según los cuales 3.134 son mujeres (más del 96% del total) frente a un centenar de hombres. La cifra ha disminuido en los últimos años y actualmente hay un 7% menos mujeres inscritas en el registro oficial que antes de la pandemia, en el 2019, aunque el número de hombres no ha variado y sigue habiendo de un centenar.
Las asistentas cordobesas con papeles (el número real de empleadas de hogar es mucho más elevado pero un volumen importante siguen sin estar de alta en la Seguridad Social) representan el 8% del total de Andalucía, donde hay 38.716 mujeres y 1.791 hombres empleadas de hogar, alrededor de un 44% extranjeras y más de la mitad contratadas a media jornada. Las empleadas de hogar que sigan trabajando en precario tendrán mucho más que perder a partir de ahora. No solo no cotizarán, por lo que perderán la opción de cobrar una pensión cuando se jubilen, sino que si son despedidas, tampoco tendrán acceso a la prestación por desempleo.
Según los datos oficiales, la media de edad es relativamente alta, ya que el 52,3% del total tiene más de 50 años. Este sector precarizado y feminizado es uno de los que a estas alturas seguían sin derecho reconocido al desempleo, estuvieran o no cotizando, algo que cambiará en breve gracias al Real Decreto-Ley que hará posible que a partir del mes de octubre de este año.
CCOO y UGT Córdoba han celebrado la medida, una vieja reivindicación sindical que aún tiene flecos, como recordó el sindicato del Hábitat de CCOO cordobés: «Esta reforma debe completarse con la incorporación de elementos como el derecho a la negociación colectiva, la actuación de la Inspección de Trabajo o la plena integración en el Régimen General con carácter inmediato, que ha quedado aplazada hasta el 2024», destacan. Pese a todo, creen que es un paso adelante ya que «mejora las condiciones de trabajo y el acceso a las prestaciones por desempleo de más de 3.000 personas en Córdoba, la mayoría mujeres».
Por su parte, Juan Martínez, secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Córdoba, celebró la aprobación del decreto que, en su opinión, «debe venir a dignificar el sector y a hacer que aflore la economía sumergida que existe y que impide que se apliquen medidas como las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional». En su opinión, «sin contrato y en un ámbito privado como los domicilios privados, no hay autoridad que controle las condiciones laborales de estas mujeres y compruebe el salario que cobran, de ahí que persistan situaciones del siglo XIX». La falta de sindicalización y la dispersión de las trabajadoras juega en contra de la obtención de mejoras laborales, de ahí que este paso haya sido tan bien recibido.
De momento, además de establecer la obligación de cotizar por desempleo, la norma reconoce a las empleadas del hogar la protección del Fogasa, por lo que el Estado deberá responder por las indemnizaciones y salarios impagados cuando el empleador se declare insolvente.
Las primeras prestaciones contributivas de desempleo se generarán transcurrido un año. Sin embargo, a partir de los 90 o 180 días, según la edad y las cargas familiares de la trabajadora, podrán generar ya derecho a subsidio de desempleo aplicando la norma general, recordó CCOO. Despedir no será tan fácil a partir de ahora, ya que se limita el desestimiento como fórmula para extinguir el contrato de trabajo, de forma que habrá que justificar el despido. De lo contrario, la afectada tendrá acceso a una indemnización mayor.
Ayudas para el empleador
Con la idea de fomentar la contratación de las empleadas de hogar, la norma prevé ayudas públicas a la cotización. Así, quienes contraten a una empleada de hogar tendrán derecho a una bonificación del 80% en las aportaciones tanto a la cotización por desempleo y como al Fogasa. De esta forma, los empleadores apenas notarán el incremento de las cotizaciones.
