Las organizaciones sociales que trabajan a diario en dar respuesta a las personas y familias más vulnerables auguran un otoño incierto por los efectos de la inflación galopante que no saben si en Córdoba provocará una avalancha de peticiones de ayuda similar a la que tuvo lugar en la pandemia, pero tienen claro que contribuirá a cronificar los casos de exclusión y pobreza ya existentes. Según Soledad Crespo, coordinadora de Acción Social de Cáritas, «julio y agosto son dos meses habitualmente más tranquilos para nosotros, pero este año ha habido una actividad inusual debido a la demanda de ayuda de muchas familias para pagar las facturas de los suministros».
Esto ha sido lo más llamativo junto a las peticiones de efectivo para pagos de alquiler y, en los últimos días, para la adquisición de material escolar. Según Crespo, «están llegando familias nuevas, pero sobre todo vemos que la situación afecta a los que estaban en el límite y que ahora ya no pueden cubrir gastos con los ingresos que tenían porque los precios se han multiplicado». De momento, no han previsto realizar acciones extraordinarias para captación de fondos, pero explican que si el año pasado de enero a diciembre emplearon 40.000 euros para ayudas relacionadas con los suministros, hasta agosto han utilizado más de 48.000 «porque los importes que abonamos son mucho más elevados».
La inflación está imposibilitando también pagar cuotas como los alquileres que según Cáritas y Cruz Roja son muy elevados. «En Córdoba, es prácticamente imposible encontrar una vivienda de alquiler por menos de 450 o 500 euros y si una persona/familia cobra la renta mínima o el ingreso mínimo vital, ese importe es inabordable».
Según Ángel Córdoba, responsable del programa de Atención a personas en situación de extrema vulnerabilidad de Cruz Roja en la provincia, en los últimos meses no han detectado un aumento significativo del número de solicitudes de ayudas de emergencia, «pero los que vienen nos piden cantidades más grandes por la subida del precio de los suministros y eso hace que el presupuesto nos cunda menos». En su opinión, esta situación es indicativa de «la cronificación de la pobreza de los sectores más vulnerables» frente a familias que se apañan para llegar a fin de mes sin acudir a las entidades sociales. También apunta que en los dos últimos años, a raíz de la pandemia, se han puesto en marcha nuevas ayudas como el Ingreso Mínimo Vital que unido a la renta mínima de la Junta y otras prestaciones están sirviendo de amortiguador para determinados segmentos, que en caso de necesidad recurren a sus redes familiares o de amigos para pagar la luz o el gas y no a Cruz Roja o Cáritas. Tampoco han detectado un incremento llamativo de usuarios para el Plan de Empleo de Cruz Roja.
En lo que coinciden con Cáritas es en que el elevado coste del alquiler en Córdoba «está llevando al límite a los quienes reciben las ayudas», ya que con la inflación tienen que decidir entre comprar lo básico para vivir o pagar la renta.
El banco de alimentos Medina Azahara de Córdoba muestra estos días una imagen desolada, con las estanterías vacías tras el verano, aunque será cosa de una semana como mucho. Según el gerente, Joaquín Cabello, están esperando la llegada de un cargamento de 500.000 kilos de productos no perecederos procedentes de Europa, casi el doble que lo que enviaron el año pasado. «Lo que vendrá en otoño es una incógnita, pero ante la posibilidad de que sea duro, no dejamos de hacer campañas y animar a las donaciones», explica Cabello, «en breve llegará un camión de leche de COVAP y otro del banco de alimentos de León».
El objetivo es tener los almacenes a tope porque «no sabemos qué va a pasar», si bien durante el verano, no ha habido altas significativas de usuarios. También intensifican los esfuerzos para captar voluntarios de cara a la gran recogida de alimentos de noviembre que este año, tras la pandemia, volverá a ser presencial en prácticamente todas las cadenas de supermercados. «Hemos constatado que la presencialidad de voluntarios es mucho más eficaz para animar a la donación y volvemos a ello».
La entrega de paquetes de alimentos es, sin embargo, una opción desechada por algunas entidades como Cáritas, que hace ya algún tiempo sustituyó el economato por un sistema de QR que permite a las familias necesitadas comprar de forma anónima en los supermercados los productos que necesitan en lugar de recibir los que se les asigne de serie.
Más usuarios en el comedor social de Prolibertas
El comedor social trinitario que gestiona la Fundación Prolibertas ha registrado a final de agosto un repunte de los usuarios, que superan ampliamente el centenar cada día, con jornadas en las que se han entregado hasta 135 almuerzos. «No sabemos cómo será el otoño, solo que el verano ha acabado con un incremento de la demanda». El perfil de los que acuden son «familias y personas en situación de pobreza cada vez más crónica», señala el director del comedor, Eduardo García, que reclama al Ayuntamiento que agilice la cesión del espacio prometido en el antiguo cuartel de Lepanto que se inició en el mes de febrero y sobre el que aún no hay novedad.
«Las instalaciones nos limitan a la hora de ofrecer ayuda a un número creciente de personas», señala García, que además percibe un descenso en el número de donaciones tanto individuales como de empresas. «Cuando empezó la pandemia, hubo una explosión de ayuda humanitaria, pero en el 2021 y el 2022, esto se ha ralentizado, sin que las necesidades sociales hayan disminuido». También señala que antes del 2020, recibir a un centenar de personas en el comedor social era algo muy extraordinario y que en los últimos años «se ha convertido en algo normal a pesar de que el espacio disponible no ha crecido».
La Gerencia de Urbanismo inició los trámites para la cesión de parte de las instalaciones de la antigua sede de Cruz Roja. Este periódico ha consultado al respecto a Urbanismo, que no ha dado respuesta.
