El prólogo del curso político abre una impredecible recta final en el mandato que José María Bellido culminará en las municipales del 28 de mayo de 2023. Quedan apenas 9 meses para cerrar el círculo y, como en los mejores guiones de cine, el argumento se ha complicado al final del metraje. Los tres últimos días de agosto, el gobierno municipal, formado por Partido Popular y Ciudadanos, se ha enfrentado a una crisis sin precedentes que se ha saldado con la salida del ejecutivo del concejal David Dorado, hasta hace poco cuarto teniente de alcalde, tras las graves insinuaciones que vertió contra el regidor a cuenta del llamado caso Infraestructuras por supuestamente dificultar el esclarecimiento de esos hechos. La oposición se agarra al argumento de Dorado para exigir la dimisión de Bellido, mientras que el gobierno insiste en recordar que han facilitado a los juzgados todo lo requerido y que ellos mismos elevaron a la Fiscalía un exhaustivo informe sobre contratos.
El caso Infraestructuras investiga el posible amaño de licitaciones en la delegación municipal que presidió Dorado hasta diciembre del 2021 y desembocó en dos causas judiciales: una se encuentra en el juzgado de Instrucción número 4 (sobre contratos cerrados en Infraestructuras en 2020) y otra, en el juzgado de Instrucción número 2 (elevada por Dorado al fiscal sobre contratos de esa misma área pero de los mandatos anteriores, los presididos por Isabel Ambrosio y José Antonio Nieto). En ambas causas, la Fiscalía ha visto indicios de delito, aunque ahora hay que esperar a que se pronuncien los jueces.
Ningún político imputado, mucha polémica política
De momento hay dos técnicos imputados y la que ha sido coordinadora general de la delegación en el mandato actual (cargo de confianza nombrado por Cs), cesada a raíz de la causa. Ningún político ha resultado imputado, pero las consecuencias del caso Infraestructuras están salpicando la vida municipal y enfangando el final del mandato.
A nivel político, el estallido de la polémica se había creído resuelto despojando a Dorado de sus cargos al frente de Infraestructuras, pero dejándole la portavocía del grupo municipal de Cs. Así estaban las cosas hasta esta semana, donde tras una rocambolesca sucesión de hechos (primero Dorado renunció al cargo, luego revocó su decisión, para finalmente volver a la casilla de salida y salir del gobierno), el edil ha pasado a ser concejal no adscrito --Cs valora ahora si aplicarle el pacto antitransfuguismo para obligarle a renunciar a su acta-- dejando al gobierno municipal con solo 13 miembros.
Esta debilidad numérica (9 concejales de PP y 4 de Cs) deja a Bellido de manera más irrebatible que nunca en manos de los dos concejales de Vox, que se han manejado hasta aquí de manera errática, impredecible. A partir de ahora al gobierno no le bastará su abstención. El alcalde necesita que al menos dos concejales del Pleno, es decir, 15 de los 29, apoyen con sus votos sus propuestas para tener mayoría.
Primera prueba de fuego
La primera prueba de fuego, el estreno de estos nuevos equilibrios será la aprobación de las tasas e impuestos municipales, de los que depende la cuarta bajada fiscal que se practicaría en la ciudad desde que Bellido tomó las riendas de Capitulares. Después, vendrán los presupuestos en un curso en el que el escenario internacional y la crisis también azuzarán el clima de incertidumbre local, donde se desconoce el grado de erosión que tendrá el caso Infraestructuras/Dorado.
Con este escenario, el bloqueo político es un horizonte más que plausible en Córdoba en el cierre del mandato. El alcalde ha visto dificultado lo que hace unos meses –alentado además por la contundente victoria del PP en las autonómicas-- creía que sería un camino de rosas hasta la renovación de su victoria. «El PP reza para que acaben ya estos 9 meses», decían esta semana los socialistas, que pese a haberse mostrado dispuestos a tomar las riendas de Capitulares, no se espera que planteen ningún movimiento de aquí a las elecciones, más allá de maniobras de desgaste.
Precisamente, de cara a ese escenario electoral en ciernes, el principal partido de la oposición tiene pendiente la elección de su cabeza de cartel en otoño. La marcha de Isabel Ambrosio al Parlamento andaluz ha dejado al grupo socialista, con 8 concejales, huérfano de candidato. Lo mismo ocurre en Izquierda Unida, donde Pedro García anunció que no repetiría, y donde además tendrán que decidir con qué fórmula y con cuáles socios (la experiencia autonómica con Podemos ha vuelto a ser complicada) concurren a las urnas. Esta decisión podría venir condicionada además por las elecciones nacionales, que se celebrarán –si el presidente Sánchez no convocara antes— a finales del 2023.
Las tareas pendientes
En Capitulares no son pocas las tareas que tienen por delante los socios de gobierno. La primera y más importante, el inicio de las obras para la implantación de la base logística del Ejército de Tierra. Para ello, el Ayuntamiento debe concluir, por un lado, el trabajo administrativo que está dotando de cuerpo jurídico al proyecto y rubricar los convenios económicos pendientes con el Ministerio de Defensa y la Junta de Andalucía que garanticen la financiación del mismo; y, por otro lado, debe agilizar las tareas urbanísticas que permitan que los terrenos del polígono industrial de La Rinconada estén listos en tiempo y puedan albergar la futura base logística.
Vinculado con la futura base está Rabanales 21 y los planes municipales de poner en marcha en el parque tecnológico una incubadora biomédica, Biotech. Tras la polémica compra por parte del Imdeec del edificio que ocupaba la multinacional Canvax en Rabanales, el gobierno municipal sigue teniendo por delante el verdadero reto de aprovechar la financiación de 1,9 millones para crear un contenedor de empresas de biotecnología en la ciudad.
El CEFC, obra hecha pero puertas cerradas
Otro asunto por resolver es el del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba (CEFC), cuyas obras están concluidas desde junio. Sin embargo, PP y Cs deben aprobar aún la ordenanza de funcionamiento de esta nueva infraestructura, así como las tasas que se cobrarán para el alquiler de sus más de 9.500 metros cuadrados para que pueda abrir sus puertas. Hasta que eso no ocurra, el CEFC permanecerá cerrado pese a que ya hay varias actividades comprometidas para el otoño.
En los próximos meses, también se tendrá que ir despejando el camino para la expropiación de las Caballerizas Reales por parte del Ayuntamiento. Hace unos días, el alcalde pidió celeridad a la Junta de Andalucía para que el dictamen de la Comisión Provincial de Valoraciones, que debe fijar el precio del edificio histórico, esté cuanto antes y pueda ejecutarse la esperada adquisición.
Por otro lado, son varias decenas las obras y proyectos que se han ido prometiendo este mandato y que tienen que culminarse o ponerse en marcha en los próximos meses: desde la construcción de un equipamiento deportivo en el antiguo Pabellón de la Juventud; hasta la puesta en marcha real de la Normal de Magisterio (un edificio con deficiencias técnicas y «sombras de dudas», según IU); pasando por la recuperación del convento Regina o por la culminación del llamado anillo verde.
Por último, el Ayuntamiento tiene en liza proyectos por 23 millones de Fondos Next Generation. El más avanzado es la redacción de la llamada agenda urbana, que está en licitación (300.000 euros) y los 1,5 millones concedidos para mejora de la administración electrónica. En aprobación provisional están los 2,9 millones para cuatro proyectos vinculados a las Ciudades Patrimonio (obras en el Alcázar, Templo Romano y Convento de Santa Clara), y solicitados otros 2,2 millones para adecentar el solar del Parque del Figueroa frente al Hipercor.
Además, toca al equipo de gobierno frenar las críticas sobre el funcionamiento ordinario de la ciudad, con asuntos como la limpieza viaria o el abandono de los barrios que le atribuye la oposición. En definitiva, muchos retos y apenas 9 meses para ejecutarlos.
La Junta de Andalucía: sequía, ronda Norte y ascensores
En el ámbito andaluz, el presidente Juanma Moreno echará a andar la legislatura con sus 58 diputados populares, después de configurar la estructura orgánica de las delegaciones provinciales. En Córdoba, Adolfo Molina compatibilizará su cargo al frente de la Delegación del Gobierno andaluz con el de presidente del partido en una legislatura marcada por la sequía y espoleada por el reto de llevar agua al norte de la provincia. Además, la Junta tiene pendiente en la capital el tramo de la ronda Norte que abarca 600 metros entre las glorietas del Hipercor y del centro comercial La Sierra, y las actuaciones para la zona declarada ARRU en el barrio del Santuario. Se espera que las obras de instalación de ascensores y de mejora de la sostenibilidad de los edificios deberían empezar a finales de este año.
