El número de cordobeses que no tienen acceso a prestaciones pese a encontrarse en el paro es de 9.493 personas. Este dato ha experimentado fuertes variaciones en los últimos años por el impacto de la crisis sanitaria en la actividad económica y, a pesar de la mejoría del empleo, continúa siendo más elevado que en el 2019, el año previo a la declaración de la pandemia de coronavirus. La información del Servicio Público de Empleo Estatal relativa al pasado mes de junio (la última disponible) indica que 57.873 parados cordobeses se benefician de algún tipo de ayuda económica. En concreto, en el 50% de los casos (28.742 en cifras absolutas) perciben subsidios; un 25% de estas personas (14.321) reciben subsidios eventuales agrarios; apenas el 20% tiene una prestación contributiva (11.771), que es aquella que se obtiene cuando se pierde el puesto de empleo; y un 5% cuenta con una renta activa de inserción (3.039). El pasado junio, la provincia tenía un paro registrado de 67.366 personas frente a las 68.002 del mismo mes del 2019.
También en el capítulo de empleo y economía, una de las consecuencias más importantes de la sequía y el calor es la de la disminución de la producción agrícola y, con ello, el empleo que generan los cultivos mayoritarios como el olivar, los cítricos o los ajos, por nombrar algunos. Cada año, las organizaciones agrarias, los sindicatos y la administración pactan el contingente de trabajadores extranjeros que ha de llegar a trabajar en dichas recolecciones, ya que el personal local no cubre todas las necesidades. Este año, una vez celebrada la primera reunión de la Mesa de Flujos Migratorios de Córdoba, el panorama se vislumbra complicado para dicho contingente porque la situación del campo, debido a la sequía y al calor extremo de las últimas semanas, no va a dar los frutos habituales. Es decir, las campañas que más empleo generan podrían ver reducida su producción a la mitad y con ella su necesidad de trabajadores también.
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