Prolibertas ha puesto en marcha en Córdoba un nuevo recurso que supone un paso más en la inclusión social y autonomía personal para las personas en situación de sin hogar de Córdoba, con la apertura de los pisos compartidos.
Este programa cuenta con la financiación de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, y viene a sumar a la cobertura de necesidades de alimentación, aseo, ropa, actividades culturales y de participación ciudadana, atención socioeducativa, la vivienda, que es, sin duda, prioritario en las personas en situación de sin hogar.
La fundación explica en un comunicado que el programa 'Con-Vivienda' nace con un primer piso de uso compartido y con acompañamiento personalizado, con capacidad para tres personas y situado en un popular barrio de la ciudad. De esta forma, se responde a las necesidades de vivienda digna y de apoyo psicosocial para facilitar el acceso a unas condiciones de vida normalizadas que conducen a procesos exitosos de inclusión social.
En 2023 serán dos los pisos que ofrezca Con-Vivienda. De esta forma, Prolibertas insiste en que hace una apuesta firme por dar una respuesta lo más integral posible a las personas que sufren el sinhogarismo, poniendo en esta ocasión el foco en la vivienda como un derecho universal y reconocido.
Estas viviendas compartidas complementan los programas que Prolibertas gestiona en la ciudad, el comedor social de los Trinitarios y el centro social 'Casa Libertad' que ofrece un programa de Centro de Día para personas sin hogar, incluido en el proyecto RED47: Red andaluza de centros de día para la atención coordinada de personas sin hogar .
El proyecto RED47, financiado a través del 0,7% del IRPF en su convocatoria andaluza, agrupa a distintas entidades en las provincias de Huelva, Córdoba, Granada y Sevilla, ofreciendo una respuesta que pone el acento en la participación social, para que se cumpla el mandato constitucional del artículo 47: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación (..)".
