El reciente fin de la moratoria concursal por el coronavirus podría conllevar un alud de procedimientos. El cordobés Francisco Estepa, administrador concursal con una trayectoria ligada a diferentes empresas e instituciones como el Córdoba CF, analiza la situación actual de los concursos de acreedores y el posible fenómeno que se avecina, además de repasar la nueva reforma de la ley orgánica del poder judicial o la llegada de los pre-pack a España como medida previa. De lo que no le cabe duda es de que, en el país, los concursos no funcionan. Y para demostrarlo se remite a las cifras y a su experiencia.
¿Se prevé una avalancha de concursos con el fin de la moratoria por la pandemia?
El problema no es lo que ha generado la moratoria, sino de dónde veníamos. Venimos de unos juzgados mercantiles, que son los especializados, que ya estaban colapsados por falta de medios y sobrecarga de trabajo. En juzgados mercantiles de Andalucía, por lo menos en Córdoba y Sevilla, según la previsión de trabajo, por las estimaciones que hace el Consejo General del Poder Judicial, llegan a un 200% y un 300%. Por el trabajo que te van a pagar y el trabajo que tienes que hacer, cuando llegue la Semana Santa casi que lo has hecho ya. Y tienes que seguir trabajando porque no para de llegar trabajo. Entonces, el problema es de donde partíamos. Esto va a incrementar la situación. Los concursos de acreedores son el termómetro que nos avisa de la salud de la economía. Viendo todos los días cómo está la economía, ya sabemos cómo va a estar el termómetro de los concursos en breve.
¿Cuál es la solución?
Lo que habría que hacer es poner muchos más medios. Córdoba para toda la provincia tiene un único juzgado de lo mercantil. Y no solo se agrava con la pandemia, sino que ha entrado en vigor una reforma de la ley orgánica del poder judicial. Para desatascar a los juzgados de lo mercantil, hace años se le dio los concursos de acreedores de las personas físicas a los juzgados de primera instancia. Ahora, esa reforma dice que no, que todos los concursos de sociedades y de personas que no sean empresarias los tiene que volver a llevar un juzgado de lo mercantil. No solamente estaban colapsados y llega el fin de la pandemia, es que encima les das las competencias.
¿Qué impacto ha tenido la pandemia?
Lo que ha venido es a incrementar la situación que teníamos antes. En cuanto al parón de la economía, ha habido muchas empresas que no han podido aguantar. Con el tema de los préstamos ICO se dopó la economía para poder continuar, pero en cuanto han vencido, se ha puesto negro sobre blanco. La pandemia tuvo un impacto potente en la economía. Los préstamos ICO han tenido dos cosas. Lo primero es que son como un jugador que se lesiona un partido y, en vez de reconocer que está lesionado, lo infiltras y lo dopas. Acabará el partido, pero la lesión será más gorda. Y, por otro lado, la praxis bancaria. Muchas operaciones que tenían de crédito con los clientes las cancelaron anticipadamente para volver a darle crédito pero, esta vez, avalado por el Estado. Se ha limpiado su balance de riesgo crediticio a costa del Estado.
Sacrificamos los intereses de los acreedores, pero Hacienda no perdona ni un euro
Una de las opciones en estos casos es sacar el núcleo de producción de la empresa.
Hay que distinguir entre empresa y actividad. Una de las cosas que trae la reforma concursal que se iba a aprobar en julio y se va a aprobar al final en septiembre se llama el pre-pack concursal. Cuando una empresa tiene dificultades y va a concurso, como hasta ahora se ha demostrado que, por las razones que sea, no funcionan y acaban en liquidación, entonces lo que se ha hecho es intentar salvar la actividad de la empresa. Imagina una cadena de hoteles que son deficitarios y cada uno tiene 20 trabajadores, pero hay varios que son viables, si la cadena va a acabar yendo a liquidación, los hoteles viables vamos a venderlos porque, entre otras cosas, los activos cuando se deterioran valen cada vez menos. Creamos una unidad productiva, haces un paquete antes de la declaración del concurso, metes a la compañía en concurso y simultáneamente salvamos la actividad, y, al venderla, conseguimos más dinero.
¿Cuáles son los principales problemas por los que una empresa acaba en liquidación?
Es un tema complejo. El concurso de acreedores es un procedimiento que debería ayudar a salvar a las empresas, pero desgraciadamente en España no es así. Lo primero es que los bancos te cierran la financiación, los acreedores tampoco te conceden, las administraciones públicas te aprietan al máximo posible y todo acaba acelerando la liquidación. Uno de los grandes responsables son los hiperprivilegios de las administraciones públicas. Por ejemplo, cuando vendes la unidad productiva, la vendes libre de cargas salvo las deudas tributarias y de Seguridad Social. Esas se las lleva la unidad productiva. Sacrificamos los intereses de los acreedores privados pero Hacienda y Seguridad Social no perdonan ni un euro. Entonces, cuando vas a comprar una unidad productiva que tiene mucha deuda pública, la oferta que haces es inferior. Y el dinero de la oferta es lo que va a pagar al resto de acreedores.
¿Qué hay de un caso que se ha conocido hace poco, el de la empresa de la construcción Construalia?
Ahí se mezcla la pandemia con otros factores. El problema es que en promoción inmobiliaria el ciclo productivo son años. Y los contratos con las constructoras se cierran tiempo atrás, a precio cerrado. Como se incrementen los costes tan extraordinariamente como ahora, si la constructora no consigue revisar precios, está muerta. En el sector de la construcción esto se va a ver a partir de ahora. Yo soy administrador concursal de una empresa del norte de la provincia de Córdoba, del sector industrial, y al final hemos ido a liquidación por falta de apoyo tanto de entidades financieras como de administraciones públicas. Y era una empresa viable que tenía contratos en el extranjero y hemos tenido que despedir a 90 trabajadores porque las administraciones no han querido apoyar. Comprendo que hay que ser prudente con el dinero público, pero las administraciones deberían velar un poco por el interés público. Que haya trabajo, que se paguen cotizaciones e impuestos y que haya actividad creo que es de interés público.
