Imagínense una posible oferta de trabajo en la que ofrecieran una jornada parcial con desplazamientos no pagados, falta de equipamiento, de seguridad ante los usuarios del servicio que vayan a cubrir y en el que no se respete ni el convenio ni la subida salarial pactada en el mismo, dónde no exista o se salte continuamente un protocolo de riesgos laborales y todo por un salario exiguo. Imagínense, además, que este trabajo se paga con dinero público de la Junta pero que está privatizado por empresas que firman una licitación con los ayuntamientos.
Seguro que a estas alturas no les costará trabajo vislumbrar que se trata de un trabajo en su mayoría ejecutado por mujeres, que se enfrentan cada día a duras jornadas de trabajo llenas de responsabilidades pero con una absoluta falta de reconocimiento, un trabajo de trabajadoras esenciales que permitió, además, una cierta normalidad a decenas de miles de usuarios durante la pandemia y fuera de ella. Estas heroínas de nuestra sociedad son las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio y seguramente usted, que lee esto, no llamaría al teléfono de la oferta de trabajo por las condiciones, pero nunca olvide que el servicio es público y lo pagamos entre todos.
Cuando hablamos de feminismo, de los derechos de las mujeres y de su lucha constante, hay muchos que se olvidan, o les cuesta reconocer, que trabajos sumamente feminizados como éste son tratados con desprecio, obviando la trascendental importancia que tiene y el aporte social que conlleva el cuidado continuado y de calidad a las personas dependientes.
Recientemente, en la provincia de Córdoba, se han sucedido una serie de agresiones por parte de familiares de usuarios a trabajadoras de este servicio, encontrándose éstas ante una desprotección absoluta por no existir un protocolo que las proteja, que las ampare. Las razones de este tipo de agresiones y de los roces y tensiones con familiares, y en algunas ocasiones usuarios, suele repetirse. Y es que las empleadas y empleados del servicio tienen a su cuidado la atención a las personas dependientes pero no son ni deben jamás ser tratadas como personal de servicio del hogar para atender otras funciones ni a otras personas, ni están ni deben estar a las órdenes de esos familiares ni sus antojos. Pero la realidad demuestra que, más allá de sus objetivos, en muchos domicilios la feminización de este servicio da como resultado que sean tratadas con la visión machista y despreciativa de quiénes piensan que por ser mujeres que atienden en las casas deben ser usadas para todas las funciones del hogar en el que tradicionalmente se ha visualizado a las mujeres, el lugar que tradicionalmente el machismo ha colocado a la mujer.
Lucha feminista para acabar con esos estereotipos
Así, de este sencillo modo, no sólo descubrimos abusos sobre las trabajadoras sino que comprobamos, y aportamos, señales inequívocas de lo necesaria que es la lucha feminista que acabe con esos estereotipos y ese ejercicio de poder e imposición sobre las mujeres en nuestra sociedad y, de forma muy especial, en los hogares.
Pero esos estereotipos, ese desprecio a la labor que las mujeres ejercen en ciertos ámbitos, tiene en nuestra sociedad muchas vertientes. Entendemos que no es casual que el servicio de ayuda a domicilio esté mal pagado ni que las empresas menosprecien a las trabajadoras y trabajadores con desprecio sobre sus derechos, sobre su seguridad, sobre su labor y hasta sobre sus horarios de trabajo, no respetando tampoco los convenios con relación a lo que estipulan sobre los fines de semana, en cuyo tiempo el trabajo debe ser una excepción fruto de situaciones excepcionales y puntuales y no una norma habitual que tampoco es compensada económicamente.
Por eso, la lucha por acabar con todas estas situaciones cobra un especial valor para UGT, ya que se trata de una lucha por la dignificación no sólo de estas trabajadoras sino por la reivindicación del valor de estas mujeres como tales, una lucha por el reconocimiento profesional y la puesta en valor de unas empleadas y empleados esenciales.
UGT Servicios Públicos pide que se proteja los derechos de estas trabajadoras y trabajadores
Lo que sí es complicado de entender y asumir es que las administraciones que gestionan este servicio, tanto la andaluza como los ayuntamientos, miren continuamente hacia otro lado ante esta situación. Para UGT Servicios Públicos resulta absolutamente incomprensible que se desproteja de sus derechos a trabajadoras y trabajadores de lo público, a pesar de que el servicio esté privatizado. Y es que, no olvidemos, la concesión de estos servicios se hace a través de licitaciones cuyos pliegos deberían incluir esas medidas de protección que obliguen bajo la posibilidad de cancelación de contrato el estricto cumplimiento del convenio del sector así como de todos los puntos que aparecen en dichas licitaciones, algo que no ocurre convirtiendo la relación entre las empresas y las trabajadoras en un continuo campo de batalla de reivindicaciones que menoscaba no sólo los derechos sino también los ánimos y las fuerzas de estas personas esenciales. Así lo exigía recientemente el secretario general provincial de UGT Servicios Públicos en Córdoba, Isaías Ortega.
Pero el más reciente escándalo en relación con este servicio ha sido la negativa de la patronal a pagar la subida del IPC real del pasado año en las nóminas de las trabajadoras y trabajadores; una subida que aparece fielmente reflejada en el convenio del sector y que la misma Audiencia Nacional ratificó en una sentencia el pasado 22 de junio tras una denuncia interpuesta por UGT. A pesar de ello, aún teniendo en cuenta la obligatoriedad del pago de este incremento salarial tras la sentencia, la organización mayoritaria de empresas del sector, FED, se negó recientemente a aplicarlo en las tablas salariales de este año amenazando con recurrir la sentencia. Caben pocas peores intenciones.
Mientras, las empleadas y empleados se enfrentan diariamente a una dura labor, con falta de EPIs adecuados, sin conocimiento real de las afecciones de los usuarios del servicio que podrían suponer un peligro para su propia salud y que impiden una adecuada protección en estos casos de ellas mismas, de sus familias, y de otros usuarios. La situación es mucho más grave de lo que parece. Una de las empleadas, María (nombre ficticio), recuerda cómo un día, al entrar a atender a una usuaria y encontrándose únicamente con ella, la encontró hablando sola a la pared, como si hablase a varias personas y diciendo que lo que pedían no lo podía hacer, no podía hacerle daño porque se portaba bien con ella; todo parecía indicar que la usuaria tenía brotes de esquizofrenia que la trabajadora desconocía por la Ley de protección de datos pero que la dejaba en total desprotección en el caso de que pudiera sufrir alguna agresión en algún momento por su parte.
Hace sólo unos meses la consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía anunciaba a bombo y platillo el aumento de la aportación que la administración andaluza iba a hacer por cada hora de trabajo de este servicio. Lo que no dijo en ese momento es que no obligaba a las empresas a repercutir esa subida en el sueldo de las trabajadoras algo que, efectivamente, no se produjo. De todo esto, según señala UGT, sólo se desprende que las empresas adjudicatarias de los servicios no dejan de lucrarse con aquello que corresponde por derecho a las trabajadoras y que lo hace con total impunidad ante la inacción de la Junta y de los ayuntamientos.
Una situación como ésta no sólo no ha pasado inadvertida para UGT Servicios Públicos sino que se ha convertido en uno de sus principales campos de batalla de reivindicación con continuas acciones para visibilizar el trabajo de estas empleadas y empleados y para exigir el cumplimiento de sus derechos, de los convenios, mejoras sociales y laborales, que no son un capricho. Esto forma parte irrenunciable de la lucha por su dignidad y por la dignidad de la propia sociedad que no debe ni puede permitirse que, desde lo público, se permita y alimenten todas estas acciones que lacran un servicio tan importante para tantos usuarios y usuarias y que afectan a la dignidad de estas trabajadoras como tales y también como mujeres.
Así, no han dejado de sucederse las acciones en la calle, con concentraciones a las puertas de ayuntamientos y empresas, una numerosa y llamativa caravana de coches que recorrió la capital cordobesa exigiendo los cambios necesarios, o sucesivas denuncias tanto en medios de comunicación como ante la Justicia, como ha sido el caso de la reclamación de la subida del 6,5 por ciento correspondiente al IPC del pasado año.
En la sede de UGT, cada día, encontramos a Amelia Fernández al teléfono, atendiendo a trabajadoras del servicio continuamente, recogiendo sus dudas, sus quejas, sus problemas. Un duro trabajo sin horarios y muchos, demasiados fuegos que apagar, que calmar, que apaciguar y sobre los que luchar. Ella, junto a un equipo muy activo de compañeras y compañeros de UGT, atienden a las trabajadoras de ayuda a domicilio, en demasiadas ocasiones sin una respuesta eficaz por la falta de un apoyo legal y unas administraciones que garanticen absolutamente nada, ni sueldos, ni horarios, ni siquiera la propia salud. Desde UGT Servicios Públicos no cesarán de trabajar para que estas situaciones acaben y que tanto las empresas como la Junta y los ayuntamientos asuman sus responsabilidades ante estas mujeres esenciales.
+ INFO
Tlf: 957 204 600
