Sube la luz a máximos históricos, pero no aumentan ni la demanda de ayudas de emergencia al Ayuntamiento para el pago de suministros ni el número de bonos sociales eléctricos concedidos por el Gobierno central. Según los datos facilitados por el Ayuntamiento de Córdoba, en el primer semestre de este año se hicieron efectivas 280 ayudas destinadas al pago de suministros básicos como la luz o gas, por un importe total de 111.078 euros, lo que supone una media de 396 euros por caso mientras que el año anterior en el mismo periodo se abonaron 322 ayudas, de 362 euros de media. Del mismo modo, según datos de Endesa, el número de beneficiarios del bono social eléctrico ha disminuido, pasando de 20.617 personas en julio del 2021 a 19.988 este año, de los cuales 9.580 son vulnerables y 10.399 son vulnerables severos. Casi la mitad son usuarios de Córdoba capital, donde hay 8.240 bonos sociales, 4.240 de familias vulnerables y 4.040 de vulnerables severos. Esa cifra tampoco ha aumentado de la mano del incremento del precio de la luz sino que ha descendido, ya que el año pasado había 8.721 usuarios en la capital. Por último, existe un bono social covid que tiene 109 receptores en Córdoba frente a los 140 del 2021.
Nadie parece tener una explicación a estos números. Según la concejala de Servicios Sociales, Eva Contador, el presupuesto asignado para la el pago de suministros es el mismo del año pasado, por lo que solo cabe pensar que haya familias que primen la solicitud de otras ayudas, para cuestiones más básicas como la alimentación, en lugar de las destinadas a pagar los suministros. Otras fuentes apuntan a la proliferación de los enganches ilegales en los barrios más pobres como solución a la presión de la factura, ya que ni siquiera el bono social les aporta un alivio suficiente ni les garantiza por ejemplo, pagar lo que cuesta climatizar la vivienda en verano. En el otro extremo, existe una pobreza energética silenciosa e inconsciente, consumidores que practican el ahorro autoimpuesto y que, no siendo habituales de las ayudas sociales, ni siquiera se plantean esa opción, por lo que se limitan a consumir lo menos posible aunque esto les obligue a vivir sin un mínimo de confort térmico.
Para Ángel Córdoba, responsable provincial de Extrema Vulnerabilidad de Cruz Roja en la provincia, lo que ellos perciben es que la pobreza energética se está cebando con quienes ya estaban en situación de vulnerabilidad antes del aumento de los precios de la luz. «No tenemos más demanda de ayudas de emergencia para este fin que el año pasado, pero quienes lo solicitan están cada vez en peor situación, son cada vez más pobres», afirma rotundo. Entre enero y junio de este año han ayudado a pagar suministros a unas 220 familias de Córdoba, abonando un total de 421 facturas entre luz, agua y gas. El 70% de esas las facturas eran de electricidad. «Es lo que más cuesta pagar en este momento a quienes están en situación de riesgo de exclusión», comenta, si bien aclara que en Cruz Roja la prioridad no es el abono de una factura, que viene a ser como apagar un fuego en situación de emergencia, sino actuar para que eso no llegue a ocurrir. Para ello, se centran en orientar a las personas con pocos recursos para que accedan a las ayudas públicas que existen. «Hay un porcentaje muy alto todavía de familias que por sus ingresos podrían beneficiarse del Ingreso Mínimo Vital y no lo hacen por falta de información o porque no saben cómo hacerlo», comenta Ángel. La brecha digital está detrás de esta realidad en muchos de los casos. «Es mucho más útil el acompañamiento digital para que compensen sus ingresos que pagar una factura puntual», insisten desde Cruz Roja, que recuerdan que una parte importante de las personas en situación de pobreza energética son mayores con muy bajos ingresos.
¿Qué ayudas existen para reducir la factura eléctrica?
Encontrar el equilibrio entre la climatización del hogar y una factura moderada de la luz es uno de los retos de las familias cordobesas, que en un contexto de subida galopante del IPC (la provincia encabeza el ranking andaluz con un 11,2%) resulta harto difícil. Para amortiguar el gasto, existen tres opciones al alcance de las familias vulnerables: bono social y bono social covid, regulados por el Gobierno, y bono social térmico de la Junta de Andalucía. Para acceder al primero es imprescindible tener contratada la tarifa eléctrica PVPC y una potencia igual o inferior a 10 kWen la vivienda habitual. Además, en función de los ingresos se diferencian familias vulnerables, vulnerables severas y en riesgo de exclusión, con bonificaciones distintas. A raíz de la pandemia, el Gobierno amplió los posibles beneficiarios con un bono social covid, que establece otras exigencias, al alcance de personas sin empleo, afectados por un erte y empresarios que hayan registrado una pérdida sustancial de ingresos por una serie de causas. Por su parte, el bono social térmico es una ayuda directa de la Junta de entre 35 y 375 euros, complementaria al bono social eléctrico, por lo que se concede automáticamente a quienes sean beneficiarios del bono del Gobierno. El Ayuntamiento y otras entidades sociales también disponen de partidas destinadas a abonar facturas pendientes de familias en situación de vulnerabilidad.
