Consenso en las mociones de ciudad, las que afectan a Córdoba y a sus ciudadanos, y confrontación en los debates nacionales, que escapan del ámbito de acción municipal. El Pleno de julio del Ayuntamiento de Córdoba ha puesto de acuerdo a gobierno y oposición —que ha sido la que ha elevado las propuestas de cariz local— para que se mejore el mantenimiento de la infraestructuras de la ciudad, incluidos los colegios públicos, los centros cívicos y los equipamientos deportivos, y sobre todo la limpieza de Córdoba, afectada por las restricciones al baldeo de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) debido a la sequía que soportamos.
La primera teniente de alcalde y presidenta de Sadeco, Isabel Albás, ha justificado en la rueda de prensa previa al pleno la gestión de la empresa municipal de limpieza que hace su labor pese a las restricciones de la CHG y ha recordado que hace unos días se llevó a cabo la contratación de 40 trabajadores en Sadeco de cara al verano. Para la oposición, el hecho de que PP y Cs hayan aceptado “sin cambiar ni una coma” las propuestas relativas a la ciudad, su mantenimiento y su limpieza, es la prueba palmaria de que admiten que Córdoba está “sucia y abandonada”.
También ha habido consenso en que el gobierno local mire desde ahora con más cariño hacia la periferia, para la que se piden los mismos servicios de limpieza, transporte público y vigilancia que el resto de los barrios tras episodios como el robo de aires acondicionados en Alcolea o los problemas de luz que sufrió ayer mismo la barriada de Villarrubia antes de su feria. Asimismo, se insiste a través de una nueva moción —la penúltima se aprobó en marzo—en la necesidad de implementar un plan integral de mejora del barrio de Ciudad Jardín, en el que el gobierno local dice que ya está trabajando.
El debate de la nación se debate en la ciudad
El debate ha venido de la mano de las mociones de carácter nacional que el PP está llevando para que se debatan en todas las ciudades españolas (ayer lo hizo en el pleno de la Diputación de Córdoba) para exigir, al calor del debate del estado de la nación, al Gobierno de Pedro Sánchez un plan de ayudas a las familias españolas y la mejora del servicio de transporte por autobús, con un nuevo mapa concesional que no perjudique al mundo rural y en el caso de Córdoba que no deje a 21 municipios cordobeses como Alcaracejos, Pozoblanco, Hinojosa, Valsequillo, Montora, Pedro Abad o Villaviciosa de Córdoba, sin conexión por bus.
Ambas mociones salieron adelante: la primera gracias al voto favorable de PP y Cs y la abstención de Vox; y la segunda, la del transporte público, con el apoyo de todas las formaciones que entienden que es un documento técnico aún en fase de elaboración, a excepción del PSOE que se quedó solo y afeó a Podemos su apoyo a las tesis de la derecha. “El Ministerio de Transporte va a garantizar el servicio de transporte de viajeros muy a su pesar, señores del PP. Ningún ciudadano se va a quedar sin autobús”, aseguró el portavoz socialista José Antonio Romero que tacha de “bulo” la moción y recuerda que el documento técnico tiene que debatirse aún.
Así los populares, con el apoyo de Cs y la abstención de Vox, exigen al Ejecutivo central aliviar la carga de las familias de clase media de Córdoba, que soportan la mayor subida de la inflación en Andalucía y criticaron las propuestas del presidente en el debate del estado de la nación, que “solo han querido salvar la legislatura y no a España”, dijo Salvador Fuentes. Los partidos de izquierdas, por su parte, entienden que el PP presenta este tipo de mociones para evitar que se hable de su gestión en Córdoba y “para hacerle la ola a Feijóo” y a la nueva dirección de Génova. La portavoz socialista, Maribel Baena, lamentó incluso “la utilización” del Ayuntamiento para dirimir cuestiones nacionales.
También se debatió una moción conjunta de Izquierda Unida y Podemos sobre la aprobación de la Ley Trans, que ha servido a la bancada de izquierdas para preguntar a los populares por qué apoyaron la norma en Andalucía en 2014, pero ahora se oponen a ella a nivel nacional. En el texto, aprobado finalmente con los votos de PSOE, IU y Podemos y la abstención de PP y Cs, se pide establecer mecanismos de actuación para que las personas transexuales no tengan problemas con el padrón municipal.
Los remanentes, hoy no mañana
Por otro lado y aunque la intención del teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, era llevar por urgencias al pleno de hoy la aprobación de los remanentes, la oposición al completo le ha invitado a renunciar a esta idea argumentando que no han tenido tiempo para estudiar las propuestas que les llegaron ayer a mediodía. El edil del PP ha entendido la exigencia de los grupos y convocará la semana próxima un pleno extraordinario para la aprobación de dichos remanentes, que ascienden a 35 millones. Lo que sí se ha aprobado son varias modificaciones de crédito con cargo a los remanentes del 2021 que ya se habían incluido en el orden del día y que servirán al pago de la factura de la luz (en concreto, la modificación aprobada asciende a 2.745.781,87 euros, de los que la mayoría se destinará al pago del alumbrado público) y un millón para ayudas al alquiler de vivienda social.
Críticas de la oposición
A pesar de que el gobierno municipal ha aceptado la mayoría de sus propuestas y que el acuerdo de remanentes estaba prácticamente cerrado ya, la oposición ha sido hoy dura con el artífice de este acuerdo, el responsable de Hacienda, Salvador Fuentes. Los socialistas, que estrenaban portavoz con José Antonio Romero fueron quizá lo menos cáusticos con el PP al que han vuelto a tender la mano. Consideran, eso sí, que el problema es que el gobierno local es incapaz de gestionar las cuentas y no tiene proyecto de ciudad para gastar esa cantidad de dinero sobrante y ha instado a PP y Cs a emplearlo en aliviar la situación que soportan las familias cordobesas con una inflación disparada.
Para Pedro García (IU) lo de Salvador Fuentes es “sencillamente surrealista”, un “mentiroso compulsivo, con quien es imposible negociar nada y es incapaz de gestionar”. Este grupo municipal lamenta que el alcalde tenga 180 millones en la caja y que pese al consenso general “de lo sucia que está y lo mal que está la ciudad” respecto al mantenimiento de las infraestructuras, ese dinero no sirva para mejorar esa situación.
Especialmente crítica ha sido también la portavoz de Vox, Paula Badanelli, que tacha de “pura ficción” la negociación de los presupuestos y de los remanentes y ha pedido al alcalde que deje de “vender humo” anunciando inversiones que luego no se cumplen. “Cada año le sobran al gobierno municipal entre 25 y 30 millones de lo que recauda y se usa como una doble financiación”.
Renuncia de Ambrosio y nuevo edil
En otro orden de cosas, el Pleno de Córdoba tomó conocimiento de la renuncia de Isabel Ambrosio a su acta de concejal y de la solicitud de la oportuna credencial a la Junta Electoral Central a favor de Joaquín Dobladez, el siguiente por orden de lista en la candidatura del PSOE a las municipales del 2019. Con la salida de Isabel Ambrosio ya han sido seis los concejales que tomaron posesión del cargo en el pleno de investidura y que por una razón u otra han dejado el Ayuntamiento de Córdoba (Juan Miguel Moreno, Laura Ruiz, Juan Alcántara, Eva Timoteo, Manuel Torralbo y la tristemente fallecida Amparo Pernichi)
La denuncia del día la protagonizaron colectivos ecologistas que se concentraron ante las puertas de Capitulares y en el salón de plenos por la llamada del grupo municipal de Podemos y en protesta por la licencia urbanística concedida para la construcción de un campo de golf en la Casilla del Aire. La formación morada entiende que se trata de “un atentado medioambiental” y amenaza con acudir a la Fiscalía si no reciben la información solicitada a la Gerencia Municipal de Urbanismo. La portavoz morada, Cristina Pedrajas, insistió en su denuncia contra las posibles irregularidades que alberga el expediente urbanístico y exigió conocer la cantidad de agua que consumirá la instalación deportiva dudando de que esté garantizado su abastecimiento.
Por otro lado, el Pleno tomó conocimiento del dictamen de la comisión permanente de Recursos Humano sobre la resolución de la discrepancia existente entre el servicio de Intervención y el de Recursos Humanos, que permitirá continuar con la tramitación del expediente de la convocatoria para la provisión definitiva de 70 plazas de la Policía Local.
Por último, el Pleno tomó conocimiento del plan anual de control financiero de 2021, elaborado por la Intervención General y que fija los objetivos a estudiar en las cuentas ejecutadas del pasado año. La interventora señala que vigilará especialmente los contratos menores del Instituto Municipal de Turismo y de la Delegación de Infraestructuras, después de que algunos de los ejecutados en el año 2020 hayan dado lugar al llamado Caso Infraestructuras.
