El Ministerio de Derechos Sociales ha constituido este martes el nuevo Consejo Estatal del Pueblo Gitano para los próximos cuatro años. Este órgano estará presidido por el Secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, habiéndose designado a la abogada cordobesa Carmen Santiago, presidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas Kamira, como vicepresidenta segunda del Consejo. Por su parte, la directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, Patricia Bezunartea, será la vicepresidenta. El Consejo ha acordado además la creación de siete grupos de trabajo en las áreas de educación, empleo, acción social y agenda europea, salud, vivienda, cultura, igualdad de trato y no discriminación e igualdad de género.
Carmen Santiago ha destacado tras la constitución del Consejo la importancia del mismo como órgano a través del que el pueblo gitano puede ofrecer directrices y alternativas al Gobierno para afrontar las acciones necesarias con el fin de mejorar sus condiciones de vida. Esta renovación llega tras la celebrada reciente aprobación de la Ley Zerolo que hace frente a todas las formas de discriminación, especialmente al antigitanismo, reconociéndolo como un delito de odio en el Código Penal. Carmen Santiago apuesta por este nuevo instrumento como vía para acabar con los continuos ataques y discriminaciones que sufre el pueblo gitano, y asegura que su trabajo en este Consejo velará por la defensa de los derechos fundamentales de su etnia y la consecución de nuevas líneas de trabajo que avancen en las garantías de igualdad.
En esta misma sesión también se ha nombrado la Comisión Permanente, que estará compuesta por 12 miembros, 6 vocales de la Administración General del Estado (Ministerios de Educación, Cultura, Sanidad, Transportes, Igualdad y Trabajo) y 6 vocales del movimiento asociativo del Pueblo Gitano.
El Consejo Estatal del Pueblo Gitano es el órgano colegiado interministerial, consultivo y asesor, adscrito al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. A través del Consejo se confiere un
carácter institucional a la colaboración y cooperación del movimiento asociativo gitano con la Administración General del Estado para el desarrollo de políticas de bienestar social, las cuales posibilitan la promoción integral de la población gitana. El Consejo tiene, entre otras funciones, proponer medidas para la promoción del pueblo gitano, asesorar en materia de planes de desarrollo de la población gitana, emitir los informes oportunos en aquellos temas que les afecten e impulsar estudios sobre proyectos y programas
