El portavoz del grupo municipal de IU, Pedro García ha informado esta mañana en rueda de prensa de la intención de su partido de acudir al defensor del pueblo y a los juzgados si la Gerencia de Urbanismo no aporta la documentación que llevan solicitando desde hace un año sobre la recepción de la obra de La Normal de Magisterio y la subsanación de las deficiencias que siguen existiendo en el edificio.

García ha explicado que han solicitado gran cantidad de documentación que a día de hoy no han recibido. "Nos han contestado sin aportar respuesta sobre las cuestiones más importantes que preocupan a IU sobre un edificio, el de La Normal, que está mal, con una obra inacabada".

Así, ha detallado que hay un informe del 12 de julio del 2019, un acta negativa a la recepción del 19 de septiembre de ese mismo año y un acta positiva de tres meses después, del 20 de noviembre, que no se les ha facilitado y que son claves para averiguar qué deficiencias se habían comunicado, cuáles se han resuelto y cómo se han solucionado. García ha cuestionado que el mismo día que se produjo una visita a La Normal se emitiera el informe positivo de recepción, algo que consideran inaudito en el modus operandi de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Asimismo, aludió a un informe sobre la subsanación de las deficiencias detectadas en diciembre del 2018, que fue elaborado por una empresa externa contratada al efecto por el gobierno anterior, en el que dicha empresa coincidía en un 90% con las carencias señaladas por los técnicos de Urbanismo. «Queremos saber qué se ha hecho al respecto desde entonces", insistió. En la misma línea, se refirió a las obras de mejora del entorno, que sigue vallado «dando la espalda al Distrito Sur», y a la redacción del plan de usos del edificio, del que no tienen noticia.

Por último, el edil de IU ha recordado que el próximo 20 de noviembre del 2022 se cumplirá el plazo de garantías "y tememos que ese día el Ayuntamiento de Córdoba acabe corriendo con los gastos de todas las deficiencias que no se han subsanado". Por eso, el grupo municipal ha lanzado un ultimátum al gobierno local asegurando que si no se les remite la información solicitada este martes por última vez, acudirán al defensor del pueblo y a los juzgados para reclamar los papeles. "Nos preocupa muchísimo que llegue noviembre del 2022 y que el Ayuntamiento asuma los gastos", ha sentenciado.

Este periódico ha intentado recabar la versión de la Gerencia de Urbanismo, pero de momento no ha habido éxito.