La sección sindical de CCOO en la Universidad de Córdoba ha interpuesto una demanda ante el Juzgado de lo Social en relación a tres contrataciones procedentes de una convocatoria de contratos de investigación 2022 de la UCO. En concreto, los contratos se enmarcan en la convocatoria del pasado 1 de febrero de contratos de investigación con cargo a proyectos, grupos, contratos y convenios de investigación a tenor del art. 83 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de universidades y convenios de Investigación financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La demanda del sindicato ha venido motivada porque, a través de comunicación del Servicio de Personal al Comité de Empresa y corroborado con dicho servicio, “tenemos conocimiento de que dichas contrataciones se han realizado como grupo I (el más alto) del Personal Laboral, y se hacen con cargo al Capítulo I de los Presupuestos, o sea, son contrataciones que por su propia esencia de empleo público requieren de una serie requisitos -publicidad, igualdad, mérito y capacidad- y un cumplimiento del Convenio que aquí no ha existido”, explica la responsable de comunicación de la Sección Sindical de CCOO en la UCO, Rafaela Bueno.
“Los representantes de CCOO estamos hastiados de la falta de respeto del rector en funciones, José Carlos Gómez Villamandos, y de parte de su equipo a los procedimientos reglados”, señaló Bueno, quien afirma que los mandatos del rector saliente se han caracterizado por un atropello al sistema establecido para la provisión de puestos en una universidad pública, por no hablar del incumplimiento del convenio y de los acuerdos con la representación de los trabajadores y trabajadoras”. Por ello, CCOO ha decidido dejar en manos de la Justicia este nuevo atropello a la norma del que ya es casi exrector de la Universidad de Córdoba.
Respuesta de la UCO
En relación con la demanda, la UCO ha informado de que los contratos están destinados a la gestión de los fondos NextGeneration y que son acordes a la legislación vigente. Otras instituciones públicas y universidades están contratando igualmente personal técnico para la captación y gestión de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Los contratos a los que hace referencia la demanda han superado los controles establecidos y para su formalización se han utilizado todos los medios de publicidad, concurrencia, mérito y capacidad que la ley exige en los mismos términos que se hacen con cualquier convocatoria pública, ya sea para el acceso de empleo fijo o, como en este caso, temporal.
Por último, la Universidad de Córdoba señala que las acusaciones de algunos sindicatos "carecen reiteradamente de fundamento como viene poniéndose de manifiesto en las resoluciones judiciales que ponen fin a estas demandas".
