Los juzgados de Córdoba han vuelto a constatar en el primer trimestre del 2022 el repunte de ejecuciones hipotecarias iniciado el año pasado y del que venían advirtiendo algunas entidades como la Asociación de Familias Necesitadas de Córdoba (Anfane), una situación que según el presidente de la entidad, Rafael Cidres, tiene mucho que ver con «la venta masiva de préstamos hipotecarios a fondos buitre que están llevando a cabo las entidades bancarias, situando a las familias acogidas a códigos de buenas prácticas o a alquileres sociales en el punto de partida». Y eso, pese a que el Banco de España ya ha emitido varias resoluciones advirtiendo de que esta práctica no es legal y que los bancos tienen que garantizar que las condiciones pactadas con los usuarios se mantengan en caso de vender sus activos a estos fondos. «No se puede ordenar el desalojo de una familia en alquiler social si existe un informe de vulnerabilidad social», insiste, «ni suspender códigos de buenas prácticas en vigor». En este sentido, Anfane señala que «el banco Santander es el único que está aplicando los códigos de buenas prácticas y al cumplirse 5 años, antes de ejecutarlos, los renuevan, algo que no está haciendo el resto de entidades».
Según los datos publicados este lunes por el Consejo General del Poder Judicial en la estadística sobre los Efectos de la crisis en los órganos judiciales, en el primer trimestre del 2022, Córdoba registró 130 ejecuciones hipotecarias, una cifra similar a la del primer trimestre del 2021(127), pero muy alejada no solo de las del 2020 (42) sino de las del 2019 (80, un 60% menos) y del 2018 (74, un 71% menos), dibujando así un escenario parecido al del 2017. Andalucía ha sido la comunidad autónoma con más ejecuciones hipotecarias de enero a marzo (1.431), el 22,3 % del total nacional.
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Según Cidres, la cifra de ejecuciones hipotecarias (procesos que pueden tardar dos y tres años hasta que se acuerde el desahucio) seguirá creciendo en los próximos meses, lo que se traducirá a corto y medio plazo en un nuevo aluvión de desahucios de viviendas en propiedad que afectarán «tanto a casos paralizados en años pasados como a nuevos propietarios que en la actual situación de inflación disparada y crisis económica no pueden hacer frente a los pagos de la vivienda». Según el CGPJ, en el primer trimestre del año se practicaron 107 lanzamientos, una cifra ligeramente por encima de la del primer trimestre del 2021 (94) y del 2020 (94).
Desahucios por ejecución hipotecaria y alquiler
De momento, los desalojos por ejecución hipotecaria siguen contenidos (28 de enero a marzo) mientras que los de viviendas en alquiler aumentan vertiginosamente (73 en el mismo periodo). Tras el parón registrado durante los dos años de pandemia, el aumento de los precios del alquiler está agotando esta vía como posible refugio de las economías más precarias de Córdoba, sin que exista una alternativa habitacional a la que recurrir. Esa es otra de las alertas que lanza Anfane. «Muchas familias que fueron desahuciadas de sus pisos en propiedad acudieron al mercado del alquiler y ahora están siendo desalojadas», recuerda, antes de insistir en que «es urgente tomar medidas para aumentar el parque de viviendas sociales con el fin de contar con recursos habitacionales para las personas que no tienen recursos suficientes para optar a la compra de un inmueble ni para alquilar una vivienda».
Demandas por despido
La estadística conocida señala también el volumen de demandas por despido presentadas de enero a marzo (286), que apenas registra variación respecto al mismo periodo del año anterior (296), aunque lejos aún de los datos anteriores a la pandemia (352, en el 2019).
Ocupaciones ilegales
Por otro lado, en el primer trimestre del año se abrieron en Córdoba 5 procedimientos más por ocupación ilegal de viviendas en las que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas poseedoras de vivienda social, cuatro casos menos que en el 2021, quedando pendientes de trámite 19 asuntos. En este capítulo de ocupación de viviendas, la comunidad andaluza también fue líder en España en el periodo analizado al contabilizar 173 demandas que representan el 23,4% del total nacional.
Las demandas por cláusulas abusivas vuelven a dispararse
La estadística sobre los Efectos de la crisis sobre los órganos judiciales del CGPJ correspondiente al primer trimestre del 2022 muestra un nuevo repunte del número de demandas por cláusulas suelo ingresadas en los juzgados Córdoba al contabilizar 604 asuntos, casi el doble de los registrados en el mismo periodo del 2021. Entre enero y marzo, se resolvieron 660 demandas de este tipo en la provincia, pese a lo cual siguen en trámite 5.499, prácticamente los mismos que al cierre del 2021 cuando quedaron pendientes de resolución 5.555 demandas de cláusulas abusivas. Esta situación retrotrae a los juzgados prácticamente a la situación del 2018, aunque en el caso de Córdoba juega en contra el cese de la especialización de los juzgados de cláusulas suelo, acordada en diciembre del año pasado por la comisión permanente del CGPJ debido a la «notable disminución de los asuntos pendientes». Está por ver además el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la posibilidad de reclamar el 100% de lo abonado de más por las cláusulas suelo, lo que podría provocar una nueva oleada de reclamaciones del periodo no juzgado.
