Novedades en el conocido como caso Infraestructuras, que instruye el juzgado número 4 de Córdoba por supuesto amaño de contratos en la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba. El juez que lleva a cabo las diligencias previas de este asunto, José Luis Rodríguez Lainz, ha dictado un nuevo auto, fechado el 13 de mayo, en el que ordena diligencias de investigación a la Comisaría de Policía en relación con el listado de empresas adjudicatarias de contratos de obra menor e invitadas para presentar presupuestos en los mismos, bajo la dirección del técnico investigado durante el ejercicio 2020. En su escrito, el juez afirma que “ante el avance de la investigación resulta especialmente trascendente poder comprobar la posible existencia de vinculaciones entre los distintos contratistas”.
En concreto, el juez pide a la Policía Nacional investigar si existen coincidencias de persona física empresario individual administrador, socios, domicilio social o sede efectiva de la sociedad que pudieran apreciarse entre adjudicatarios o invitados a presentación de presupuestos; si existen relaciones de parentesco entre persona física empresario individual administrador o socios de alguna de estas empresas con la persona física empresario individual, administrador o socios de alguno de dichos adjudicatarios o invitados a presentación de presupuestos; si entre la lista de adjudicatarios o invitados a presentación de presupuestos consta alguna empresa que estuviera inactiva durante el ejercicio 2020 o con evidentes signos de inactividad; y si llegó a existir algún tipo de coincidencia entre las personas empleadas entre dichos adjudicatarios o invitados a presentación de presupuestos durante el ejercicio 2020.
Sobre el robo de cable en la avenida de Libia
Asimismo, el juez pide en este auto investigar si, como afirmó el entonces delegado de Infraestructuras, David Dorado, en abril del 2021 la obra del alumbrado de la avenida de Libia —que destapó la supuesta trama y que dio pie al grupo municipal de IU a levantar acta notarial— tuvo que retomarse pese a haber sido ya certificada su finalización porque se produjo la sustracción de cableado, y si alguna de las empresas contratistas hubo de levantar zanjas para reponer el cableado sustraído.
Por otro lado, el juez requiere más información al Ayuntamiento de Córdoba respecto de los 42 contratos de obra menor que investigó la asesoría jurídica municipal y sirvió de base a la actuación de la Fiscalía y que se circunscriben de momento a los aprobados en 2020.
Este juzgado investiga una denuncia presentada por la Fiscalía de Córdoba, tras haber practicado sus diligencias de investigación penal por supuestos delitos, inicialmente, de prevaricación y falsedad en documento público, así como, en su caso, posible delito de malversación de caudales públicos. A su vez, esta denuncia fue elevada al Ministerio Fiscal por parte de los grupos municipales de IU y Podemos que vieron posibles irregulares en algunos contratos menores. Por estos hechos están siendo investigados un técnico de esta delegación y la excoordinadora general, un cargo de confianza del grupo municipal de Cs, responsable del área, que fue cesada a raíz de estos hechos.
Este auto judicial fechado el 13 de mayo responde a su vez a un escrito presentado por el técnico investigado para pedir la práctica de diligencias de investigación y en el mismo el juez entiende que resulta procedente oír en declaración en calidad de testigo al titular del órgano de apoyo a la junta de gobierno del Ayuntamiento de Córdoba que presentara objeciones al menos a dos de los expedientes en cuestión. El pasado 11 de mayo declaró también en calidad de testigo el exdelegado de Infraestructuras, David Dorado, que negó las irregularidades y pidió al alcalde, José María Bellido, que lo restituyese en los cargos de los que fue apartado.
