CCOO y UGT han organizado este miércoles una acampada ante la oficina principal de Correos de Córdoba para denunciar, según han expresado, "el abandono del servicio postal público". Desde los sindicatos apuntan a que "ha visto recortada su financiación un 50% en los últimos años".

Durante el tiempo de la acampada, han realizado una recogida de firmas, entrega de octavillas y asambleas explicativas de la campaña Salvemos el servicio postal a la ciudadanía. Estos actos, como han señalado los sindicatos, pretenden concienciar e involucrar a la ciudadanía sobre "las graves consecuencias del abandono postal que el presidente de Correos está llevando a cabo con el consentimiento del Gobierno". 

Desde CCOO y UGT critican que los ciudadanos tengan que "soportar diariamente la pérdida de calidad y regularidad del reparto a domicilio del servicio postal público", debido, según los sindicatos, a "los recortes financieros y de plantilla que Correos, como operador designado por ley debe prestar de forma accesible, circunstancia que se está viendo afectada por el cierre de oficinas, centros de reparto, supresión de puestos en el ámbito rural  y por el recorte de los horarios de atención a la ciudadanía".

La normativa, como han explicado los sindicatos, "establece que el servicio postal universal debe ser también asequible en su precio, pero a pesar de ello, el presidente de Correos ha incrementado las tarifas postales de forma desproporcionada y continuada los últimos años, afectando especialmente a productos postales públicos del servicio universal, que sufren las pequeñas y medianas empresas, los comercios y sobre todo las capas de la sociedad con menos recursos económicos".

Para CCOO y UGT, "el recorte de más de 7.000 puestos de trabajo en tres años, el objetivo de recortar otros 8.000 más y llegar a casi 20.000 puestos precarios a tiempo parcial antes de 2025, ponen en cuestión la prestación de calidad que tiene encomendada Correos". Por ello, han exigido al Gobierno "la paralización del plan de desmantelamiento antes de que sea irreversible" y la discusión a fondo del modelo postal público nacional. Las movilizaciones, según han anunciado los sindicatos, continuarán durante el mes de mayo hacia la huelga general convocada para los días 1, 2 y 3 de junio.

Correos niega las acusaciones

Correos, por su parte, se ha mostrado tajante ante las acusaciones y, en un comunicado, ha desmentido este jueves la privatización del servicio. "Es una empresa 100% pública y lo seguirá siendo", han subrayado desde la compañía. También han negado que exista un trasvase de Correos a Correos Express más allá de las propias sinergias empresariales y que se estén destruyendo empleos. Por el contrario, han mostrado su intención de apostar por un "empleo estable y de calidad".

Sobre el cierre de oficinas o centros de distribución, la entidad se ha pronunciado para explicar que la adecuación de la estructura de distribución es un proceso "para ser más eficientes, sin merma de la calidad". Es más, la empresa ha insistido en que siguen avanzando "en la digitalización de los 2.295 puntos de atención al público de que dispone en zonas rurales".

Desde la compañía, han explicado que se encuentran inmersos en un proceso de transformación del modelo de negocio "sin privatización ni despidos". El objetivo, según han precisado, "es generar los ingresos que reviertan una situación de pérdidas de envíos postales agravada por la situación de la pandemia". Y, por el contrario, han asegurado que está garantizada la prestación del servicio "en las mismas condiciones de equidad, accesibilidad, asequibilidad y no discriminación".