Los candidatos al Rectorado discrepan sobre el anteproyecto de ley de universidades

Mientras Julieta Mérida valora positivamente la apuesta por la formación continua a lo largo de la vida y la importancia que da a la internacionalización, así como que la ley prevea reservar un mínimo del 1% del PIB a las universidades y que estas destinen al menos el 5% de su presupuesto a la investigación, Manuel Torralbo, por su parte, ha cuestionado que el anteproyecto de ley supedite la financiación respecto del PIB «a un acuerdo entre el Estado y las comunidades autónomas». En opinión del candidato, «es necesario establecer un mínimo de financiación suficiente para el funcionamiento de las universidades que esté protegido por la nueva ley». 

Mandato de 6 años

Otro aspecto destacado es la introducción de un mandato de rector de 6 años improrrogables en lugar de los dos mandatos de 4 actuales. Según Mérida, «tanto la configuración actual como la futura tienen aspectos positivos y negativos» si bien «no es un cambio que vaya a tener gran impacto en la vida universitaria». Para Torralbo, «introducir un mandato de 6 años no sería lo más adecuado porque puede promover una desconexión con la comunidad universitaria y sus demandas y realidades». En su opinión, «lo más democrático son dos mandatos de 4 años y que la persona que ocupa el Rectorado deba revalidar la confianza de la comunidad en las urnas». Además, plantea que la nueva ley obligue a votar el informe anual del rector ante el Claustro porque «si no se rinden cuentas se pueden crear situaciones poco deseables en nuestro sistema, que requiere de más participación y transparencia que nunca». Sobre este asunto, el actual rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, ha manifestado su respaldo a la propuesta de que el mandato de los rectores sea de 6 años y recordó que se trata de «una petición de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), al entender que esa es la duración adecuada para el desarrollo de un programa». En lo que no está de acuerdo es «en no poner requisitos a la figura de rector o rectora, como, en un principio, también se pidió desde la CRUE». También cree que el borrador presentado «adolece de que no regula suficientemente algunos temas, y eso generará problemas dentro de la gestión de cada universidad».

Por su parte, la Universidad Loyola Andalucía no han hecho de momento valoraciones sobre el anteproyecto, a la espera de la próxima reunión de la CRUE, donde se abordará el tema.