La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha celebrado que la Audiencia Nacional haya estimado que el Estado deberá indemnizar con 3.000 euros a una mujer que denunció tratos crueles y degradantes tras su detención por la Policía de Córdoba.

En un comunicado, informa de que "da cumplimiento parcial así a la decisión de Naciones Unidas, a la que recurrió la denunciante acompañada jurídicamente por la Apdha", y recuerda la comparecencia del Defensor del Pueblo ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo este martes, para presentar el informe que realiza la institución en su condición de mecanismo nacional de prevención de la tortura, relativo al año 2020.

El 27 de diciembre del 2019 el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) estimó la denuncia planteada por la entidad andaluza por el caso de la ciudadana cordobesa, "que había sufrido rotura de los huesos nasales durante una detención", señala. De este modo, Apdha destaca que "cuando fue detenida, la denunciante no presentaba lesión alguna, pero sí a la salida de la comisaría, donde fue recogida por una ambulancia tras llamar la propia agredida a los servicios sanitarios, ante la negativa de la Policía a hacerlo".

Apdha precisa que "ni el juzgado de Instrucción sobre el que recayó el caso, ni la Audiencia Provincial, ni el Tribunal Constitucional reconocieron vulneraciones de derechos. Frente a ello, el Comité contra la Tortura consideró que el Estado parte (España) no proporcionó información suficiente que permita concluir que las lesiones no fueron causadas durante la detención". A juicio de la asociación, "esto hace presumir que se causaron durante su detención". Además, añade que "el CAT aprecia en su resolución contra España, como ya hizo en anteriores ocasiones, las dificultades para recibir atención médica".

Entre otras cuestiones, Apdha subraya que "la Audiencia Nacional considera por primera vez, siguiendo lo que dijo la sala de lo Contencioso del Supremo el 17 de julio del 2018, que mientras no se proceda a la reparación plena y adecuada de los daños causados en ejecución de la decisión del CAT, se mantiene, persiste y se perpetúa la vulneración de derechos humanos que aquella declara, a saber, que nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes".

La sentencia aún no es firme y, por tanto, se puede recurrir, según explica la Apdha. En opinión de esta entidad, "esta decisión es fundamental porque consolida que las decisiones de los comités de Naciones Unidas son vinculantes, algo que el Estado viene negando. No obstante, esta vinculación solo sirve para la indemnización, solo una parte de la condena de Naciones Unidas, pero no para investigar a los policías responsables", precisa.

Apdha reivindica una mayor vigilancia de la tortura y manifiesta que "la práctica de torturas y malos tratos no es algo esporádico o incidental en nuestro país. Entre el año 2013 y el 2019 existieron 448 condenas por tortura, según el Consejo General del Poder Judicial".