El coordinador de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos y del grupo de trabajo de caminos públicos del Consejo municipal de Medio Ambiente, Manuel Trujillo, ha declarado este jueves como acusado en el juicio celebrado por el juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba por la apertura del camino público El Bañuelo a finales del año 2020, cuando esta vía fue cerrada y miembros de la Plataforma A Desalambrar acudieron al lugar para denunciar que se impide el paso.
Después de que el juicio fuese aplazado el pasado febrero, hoy ha quedado visto para sentencia. En declaraciones a este periódico, Trujillo ha explicado que «he reconocido que corté un alambre, de forma simbólica, para denunciar la situación. No con la intención de hacer daño. No es cierto lo que dice la propiedad, que corté 60 metros de malla, lo que no tiene ningún sentido».
También ha señalado que la fiscal ha solicitado que abone alrededor de 400 euros por el posible daño a la malla y una multa de 1.800 euros por un delito leve de daños, mientras que la acusación particular, ejercida por la propiedad de la finca El Bañuelo, le imputa daños y coacciones. La defensa ha pedido la absolución.
Este camino se encuentra junto a la parcelación El Jardinito y unía Córdoba con Trassierra pasando por las Ermitas. El pasado abril A Desalambrar denunció que sigue cerrado ante el Ayuntamiento de Córdoba y la Fiscalía. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado que recibieron la denuncia y la tramitaron al juzgado, por lo que el caso se encuentra ahora en manos de la autoridad judicial.
Manuel Trujillo ha afirmado que esta es la primera vez que se enfrenta a un juicio por esta actividad y ha recordado que "el camino se cortó en diciembre del 2020. El anterior propietario lo tenía abierto y el nuevo lo tuvo abierto hasta hace poco más de un año. Esta situación impide el paso de los senderistas".
De este modo, ha lamentado que "ahora hay dos vallas, una a cada lado del camino. Este camino es público y deben quitarse. Ni siquiera tienen autorización para colocarlas", ha manifestado, apuntando que tendría que contar con un permiso de obra y sería necesario que el Ayuntamiento comprobase la legalidad de la actuación.
