El presidente de la Audiencia provincial de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, ha afirmado este martes que "todos los que estamos más o menos directamente relacionados" con el procedimiento judicial iniciado para esclarecer el crimen de la Chica Carlota "estamos tratando de hacer todo lo posible" para que el juicio se celebre antes del próximo 26 de junio, el día en que el principal acusado tendría que ser liberado después de pasar en la cárcel los cuatro años que la ley fija como periodo máximo para la prisión preventiva.
En esta línea, ha adelantado que mañana miércoles se celebrará la vista para resolver el recurso planteado contra las cuestiones previas "y aún hay tiempo. Estamos tratando de poner todos los medios a nuestro alcance para que no haya que llegar a que se celebre el juicio y hayan pasado los cuatro años de prisión preventiva máximos que puede estar una persona antes de ser enjuiciada, y haya que ponerlo en libertad", ha insistido.
A preguntas de los medios de comunicación en la presentación de la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía relativa al 2021, Sánchez Zamorano ha explicado que, si llegado el caso el procesado fuese liberado, "se adoptarían medidas de control para evitar que se fugue, pero vamos a tratar de no llegar a esos extremos y de que el juicio se celebre antes".
De este modo, una vez resuelto el recurso, el magistrado José María Morillo-Velarde, de la sección segunda de la Audiencia, tiene que dictar el auto de hechos justiciables, donde se fija la fecha de juicio, y Sánchez Zamorano ha detallado que tendría que dar un plazo mínimo de un mes para sortear los jurados, examinar las excusas que se presenten y constituir el tribunal del jurado para principios de junio.
Sánchez Zamorano ha admitido que "este juicio se ha complicado por muchas razones" y ha subrayado que "estamos en una situación límite que no es deseable ni aconsejable para nadie ni para la imagen de la propia Administración de Justicia". Además, ha destacado que confía en que el procedimiento no tenga más dilaciones.
Como se recordará, este procedimiento fue iniciado a raíz de la localización del cuerpo de Juan Carlos Rodríguez Borrego, que presuntamente fue asesinado en septiembre del 2017 y enterrado en su propio huerto, lo que se descubrió en agosto del 2018. La víctima sufría una enfermedad mental, una circunstancia que habría sido aprovechada por el autor material del asesinato y su supuesto cómplice, un abogado de Madrid, para robarle y acabar con su vida. Ambos encartados se enfrentan a penas de prisión permanente revisable, entre otras.
