CSIF ha denunciado a través de un comunicado la falta de transparencia en la eliminación de los 11 refuerzos que asisten a determinados órganos judiciales en Córdoba, en su mayoría, juzgados con competencia en violencia sobre la mujer.
Según el sindicato, mayoritario en la Administración de Justicia en Córdoba y en Andalucía, los órganos afectados por esta situación son el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Córdoba, el Juzgado de lo Penal número 6 de Córdoba, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, los juzgados de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Cabra, Puente Genil, y Pozoblanco y Número 3 de Lucena, los juzgados únicos de Priego de Córdoba y de Aguilar de la Frontera, la Fiscalía de Córdoba y el Instituto de Medicina Legal.
El responsable del Sector de Justicia en CSIF Córdoba, Antonio González, señala que “esta situación origina una enorme intranquilidad e incertidumbre entre los profesionales afectados, ya que, a día de hoy, desconocen qué va a pasar con ellos”. “Denunciamos la total vulneración de la negociación colectiva, ya que por parte de la Consejería de Justicia se nos pone encima de la mesa una decisión ya tomada, sin tener audiencia al respecto y sin conocer las circunstancias concretas, de cesar una parte de estos refuerzos el 30 de abril y la otra el 30 de junio”, lamenta el representante sindical.
Desde CSIF se denuncia que “la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal ha incumplido el compromiso adquirido el pasado 30 de marzo de seguir contando con estos refuerzos de violencia, así como de convocar una mesa sectorial para realizar un estudio detallado y, de este modo, abordar la necesidad de su mantenimiento.
El sindicato informa de que ha reiterado en varias ocasiones a la Administración la necesidad de que acometa de manera inmediata un proceso de estudio de la consolidación de la mayoría de estas plazas, realizando un análisis pormenorizado de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para valorar si estos refuerzos han venido a paliar el déficit estructural de muchos órganos judiciales con competencias en violencia contra las mujeres o si se han destinado a cubrir necesidades coyunturales. “Por todo ello, reclamamos que se dejen sin efecto los ceses previsto y, en su caso, se proceda a la renovación de las contrataciones hasta que no se lleve a cabo este estudio”, reclama González.
El sindicato denuncia “la situación caótica y crítica” del juzgado número 6
En este sentido, CSIF Justicia Córdoba ha presentado recientemente un escrito ante la Consejería de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSIA) en el que denuncia “la situación caótica y crítica” del Juzgado de lo Penal Número 6 de Córdoba con competencias exclusivas en materia de violencia de género. El representante sindical recuerda que esta situación viene heredada de cuando en enero de 2021 se decidió que el Juzgado de Menores Número 2 de Córdoba se reconvirtiera en el Penal Número 6, “lo que generó graves disfunciones en su transición e integración que, a día de hoy, sigue afectando a su correcto funcionamiento”.
González apuntó que “este órgano supera con creces los módulos establecidos, originando una sobrecarga de trabajo que sale adelante gracias al gran esfuerzo de la plantilla que extiende su jornada laboral por las tardes sin gratificación ni compensación alguna, lo que trae consigo un fuerte estrés entre la plantilla”. El sindicato señala que este escenario puede ser aún peor el próximo 30 de abril cuando está previsto que cese un refuerzo de este juzgado.
En este caso CSIF solicita que, hasta que se cree otro juzgado de lo penal con competencias exclusivas en maltrato a las mujeres se ponga en marcha un órgano bis al estilo de lo sucedido con las cláusulas suelo, sin obviar la necesidad de reforzar tanto a la magistrada como a la letrada de la Administración de Justicia.
