El sector de la Administración de Justicia de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Andalucía (SAJA de CCOO), ha explicado que la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local "viene cambiando durante los últimos meses las plazas de refuerzo de los juzgados de violencia sobre la mujer (financiados con recursos estatales) de unos órganos judiciales a otros, de forma unilateral, con total opacidad, sin información alguna ni previa consulta de las organizaciones sindicales representativas".
El sindicato denuncia a través de una nota de prensa que han sido numerosas las "excusas" de la Consejería para "no cumplir con su deber y conculcar sin miramientos" la Ley de Libertad Sindical; algo que además afecta a las condiciones laborales de los trabajadores, "que tienen derecho a conocer con la suficiente antelación la duración de sus contratos; y a la buena organización del servicio público", según CCOO.
En la provincia de Córdoba afectaría al menos a ocho juzgados
Desde el sindicato se advierte que además de los 104 puestos de trabajo destinados en los juzgados andaluces de violencia sobre la mujer, 69 refuerzos finalizarán su actividad el 30 de abril, y 35 el 30 de junio. En Córdoba afectaría a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer núm. 1 de Córdoba, Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción núm. 1 de Cabra, Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción núm. 3 de Lucena, Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción núm. 1 de Pozoblanco, Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción único de Aguilar, Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción único de Priego de Córdoba, Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Puente Genil, Juzgado de lo Penal núm. 6 de los de Córdoba, Sección 3ª Audiencia Provincial de Córdoba, Instituto de Medicina Legal de Córdoba y Fiscalía Provincial de Córdoba, donde se pretende cesar a 6 funcionarios el 30 de abril, y 5 trabajadores menos a partir del 30 junio. Todo ello, -reseña el sindicato-, a pesar de que recientemente se ha renovado, por unanimidad, el Pacto de Estado contra la violencia de género, lo que conlleva financiación para las comunidades autónomas con competencias en justicia, entre las que se encuentra Andalucía, que es firmante del mismo.
El sector de Administración de Justicia de CCOO de Andalucía ha reclamado igualmente que se dé cumplimiento al compromiso de Mesa Sectorial, y se estudie, de manera pormenorizada, cada una de las plazas a cargo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, antes de la finalización de la prórroga, para identificar las necesidades concretas de dichos Juzgados. El sindicato ha exigido en este punto una convocatoria urgente de Mesa Sectorial de Justicia.
CCOO ha afirmado que seguirá defendiendo, con todos los medios a su alcance, el mantenimiento de la totalidad de las plantillas actuales en los juzgados de violencia contra la mujer. Son totalmente necesarias para luchar contra la violencia machista, sobre todo en localidades con juzgados mixtos, es decir que atienden asuntos de jurisdicción civil y penal y donde la eliminación de esos contratos supondría agravar aún más las cargas de trabajo que soportan y empeorar el servicio a las mujeres víctimas de la lacra machista, así como, la destrucción de empleo público, ha aseverado la central.
