El Ayuntamiento de Córdoba ha notificado a 160 efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) que tendrán que devolver cerca de 200.000 euros, en cantidades que oscilan entre los 13 euros y los 1.800 euros por persona (en función del tiempo que llevan trabajando), por "un error material en el pago de las nóminas de personal del SEIS" que se ha producido desde el año 2018 hasta la actualidad, según ha precisado Bernardo Jordano, concejal de Recursos Humanos.
De este modo, en la jornada de ayer martes, 19 de abril, estos trabajadores recibieron la notificación del inicio del expediente de reintegro de un pago indebido y cuentan con 15 días para presentar sus alegaciones. Esta comunicación incluye un número de cuenta, por si el trabajador está de acuerdo y decide realizar el abono.
Bernardo Jordano ha asegurado que "no tenemos margen de maniobra, porque hay un informe de intervención que dice que hay que reclamar estas cantidades", y ha detallado que el error se encuentra en el cálculo del precio de la hora de los festivos y domingos trabajados.
"Si tienen razón, se le tiene que dar el juzgado", ha afirmado, dado que en el Consistorio "la interpretación que hacemos es que hay un precio por hora para toda la plantilla para esos conceptos y aquí se ha calculado de una forma diferente al resto del personal" del Ayuntamiento.
Esta diferencia se conoció a principios de año, a raíz del recurso planteado por un empleado que solicitó que se le aplique el mismo cálculo, según ha apuntado el responsable municipal. En ese momento, los técnicos advirtieron "que el pago es incorrecto", por lo que "el criterio de Recursos Humanos es que están cobrando de forma equivocada. Es un error material", aclara. Basándose en un informe previo de Intervención, Recursos Humanos ha elaborado un informe propio que apunta la necesidad de reclamar las cantidades referidas.
No obstante, el concejal recuerda que existe la posibilidad de fraccionar el pago, aplazarlo o compensarlo con la nómina, y en caso de que la cuestión llegue al juzgado se podría solicitar la suspensión cautelar hasta que se resuelva el asunto. En este sentido, Bernardo Jordano ha hecho hincapié en que "voluntad hay toda la del mundo", pero "el Ayuntamiento está obligado a reclamarlo, por lo menos, a mirarlo con mucho detenimiento".
El concejal ha admitido que se trata de una cuestión "que no es fácil de resolver" y que "la responsabilidad contable podría afectar tanto al actual equipo de gobierno como al anterior". Por último, ha añadido que "los expedientes de reintegro son habituales" y que ya se han planteado con concejales y con otros miembros de la plantilla, ya que "son 1.600 nóminas y es fácil equivocarse", ha destacado.
Afecta a bomberos en activo y jubilados
Fuentes del Sindicato Andaluz de Bomberos en Córdoba han precisado que la reclamación afecta tanto a bomberos en activo como a compañeros ya jubilados y han opinado que "si eso es un error o no, tendría que asumirlo el responsable de salarios". Así, han abundado en que a partir del 2018 se cambió la fórmula para el pago de las nóminas y que "el convenio del 2008, que está aún en vigor, recoge esta fórmula".
Según han manifestado, dada la peculiaridad de su horario laboral, "nuestro cómputo a la hora de cobrar los fines de semana y festivos son tres jornadas de siete horas, más 0,43. El Ayuntamiento quiere eliminar las 0,43 por no aplicar la fórmula al resto de los departamentos", lo que afectaría a otros trabajadores como policías locales y ordenanzas de museos o bibliotecas. Esta organización entiende que "por no asumir el tener que igualar al alza el pago de los fines de semana y festivos, nos lo quitan a nosotros".
El PSOE lamenta que "obliguen a los trabajadores a ir al juzgado"
La concejal del grupo municipal socialista Alicia Moya ha valorado que "el Ayuntamiento podía tener su propia interpretación del convenio, que es lo que se hizo en ese momento (el 2018). Que ahora ellos (el actual equipo de gobierno) interpreten otra cosa es una cuestión de voluntad. No había nada ilegal. Los sindicatos dicen que irán al juzgado", ha avanzado.
Moya ha insistido en que "los convenios muchas veces tienen determinados aspectos que se pueden adaptar a las circunstancias de cada servicio para que sea algo un poco más justo o más equitativo. Es una pena que tengan que obligar a los trabajadores a irse a un juzgado, porque, además, lo están haciendo con frecuencia", ha lamentado.
También ha recordado que la actual interpretación del convenio está en vigor desde el 2018 "y no han planteado ningún reparo, se hace porque alguien de Policía Local solicita el mismo tratamiento. Ante la posibilidad de tener que hacerlo con más plantilla, en vez de ampliar ese derecho han optado por cortarlo de raíz y se le ha ido de las manos. Cuando dicen que no lo van a pagar a partir de ahora, Intervención le ha dicho que el criterio hay que aplicarlo de forma retroactiva", ha explicado. No obstante, ha precisado que este grupo está a la espera de acceder a los informes relativos a este caso para tener más información al respecto.
