La subida de los precios, que afecta de manera más destacada a los suministros energéticos y a la alimentación, entre otros productos, ya está repercutiendo en las comunidades de vecinos de Córdoba, que después de los momentos más duros de la pandemia de coronavirus afrontan ahora una nueva crisis consecuencia, entre otras circunstancias, de la guerra de Rusia contra Ucrania.
Así lo confirma la presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Córdoba, la abogada Mercedes Romero, quien señala, entre los efectos de esta situación, que algunas comunidades de vecinos tuvieron que cortar la calefacción el pasado marzo por el encarecimiento de los precios de la energía, «y estos últimos días, que ha habido temperaturas bajas, han estado sin calefacción», indica.
Este escenario ha llevado a los administradores de fincas, a través de su Consejo General, a remitir una carta al director general de Política Energética del Ministerio para la Transición Ecológica para solicitar que las comunidades de vecinos tengan tarifas similares a los hogares, «porque ahora son muy parecidas a las industriales», y que se le apliquen también las ventajas fiscales. Mercedes Romero subraya que la luz ha subido hasta un 120% en los últimos 15 meses y señala que durante el primer trimestre del año se ha encarecido un 77% anual.
"Si se mantiene este escenario, la morosidad aumentará, por supuesto. Lo primero es la alimentación"
Además, hace hincapié en la evolución del gas que se utiliza para la calefacción, precisando que se ha pasado de un consumo medio de 12.684 euros, para una comunidad con una caldera, en enero del 2021, a 43.000 euros en el mismo mes de este año. Esta profesional precisa que «en Córdoba quedan pocos edificios que tengan calefacción comunitaria, pero me consta que han tenido que cortarla en marzo ante la subida de precios».
En cuanto al gasóleo para la calefacción, entre otras cifras, indica que 15.000 litros, que es una media del gasto para el invierno según comenta, tenían un coste de 9.300 euros en el 2021 y en el primer trimestre del 2022 han llegado a 18.000 euros.
La presidenta del Colegio de Administradores de Fincas admite que «nos preocupa que haya un aumento de la morosidad en las comunidades de propietarios si no se toman medidas», ya que ante este aumento de los precios de la energía, «las cuotas de las comunidades deberían subir como mínimo un 15% o un 20%, pero nos encontramos a muchísimos propietarios que votan en contra de este ajuste porque no pueden asumirlo y entendemos que no es por capricho», asegura.
Reticencia a subir las cuotas
De este modo, estos profesionales confían en que el Gobierno de España sea sensible con esta situación , porque «se está detectando la dificultad para pagar las cuotas de la comunidad», subraya Mercedes Romero. En su opinión, «el sentir general es de mucha reticencia a subir las cuotas» y en estos momentos «son mucho mayores las dificultades para pagar los suministros energéticos. Los gastos se han visto desbordados con las cuotas que teníamos. El año pasado no pudimos celebrar juntas, por lo que se prorrogaron presupuestos del 2020, y hemos tenido que asumir enero y febrero con cuotas del 2020», lamenta.
También indica que existen problemas para elaborar los presupuestos, ya que «es difícil acertar el coste que tendrán los suministros». En esta línea, la presidenta del Colegio de Administradores de Fincas avanza que si el escenario se mantiene «la morosidad aumentará, por supuesto. Los sueldos no se han incrementado en la misma proporción que los suministros y la comunidad ha subido. Para las familias, lo primero es la alimentación y también ha subido muchísimo», comenta.
«Los Next Generation son una oportunidad para reducir la factura energética»
La presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Córdoba, Mercedes Romero, afirma que «los fondos Next Generation son una oportunidad para reducir la factura energética del sector residencial. Tienen muchísimas dificultades, pero son una oportunidad que se debería aprovechar», insiste.
Esta profesional valora que con esta financiación «se podría mejorar la eficiencia energética en los edificios y construir unos entornos más saludables», y subraya que «es interés de los colegios de administradores de fincas tener una colaboración con las administraciones y agentes implicados para que se rehabiliten los edificios» con este objetivo. Sin embargo, Mercedes Romero reconoce que «aunque tengamos este tipo de subvenciones, al tratarse de inversiones muy altas las comunidades de propietarios ahora mismo tienen cierto temor a embarcarse en gastos que superen el coste común y ordinario de una comunidad».
Esta abogada confirma que muchas familias «no tienen capacidad, aunque haya muchas ayudas», y destaca que «se necesita un tejido importante de información y colaboración de todos los implicados, y se está trabajando mucho por que se creen oficinas de rehabilitación. Este es uno de los objetivos que tenemos también, pero las propias oficinas requieren una inversión importante y el escenario actual es de intranquilidad, no hay seguridad económica», lamenta.
