La ministra de Justicia del Gobierno de España, Pilar Llop se ha reunido esta mañana con los operadores jurídicos de Córdoba, tanto altos cargos judiciales de la provincia como con representantes de los colectivos profesionales del ámbito judicial, para informarles del estado de los proyectos de leyes de Eficiencia Organizativa y Procesal del Ministerio, diseñados para impulsar la reforma del sistema judicial y reorganizar el modelo Justicia 2030. Este proceso, ha recordado, está dotado con 410 millones de euros y cogobernado con las comunidades autónomas con competencias transferidas. De esos 410 millones, en torno a 50 vendrán a Andalucía, que se destinarán a llevar a cabo la "revolución tecnológica que permita avanzar hacia un sistema judicial más eficiente, sostenible y accesible y poner la Justicia en manos de los ciudadanos", ha asegurado. De momento, no hay una cantidad asignada a la provincia de Córdoba, indicó Llop, ya que será la propia comunidad autónoma la que determine la distribución de esos 50 millones, de los cuales ya se ha hecho una transferencia de 13 millones y en está previsto que los 37 restantes se transfieran en la próxima conferencia sectorial, para su ejecución en los años 2022 y 2023.
Según Llop, en esa reunión también han hablado sobre otros grandes proyectos como la Ley del Derecho de Defensa y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que, en sus palabras, "aborda un nuevo modelo de investigación que será atribuida a la Fiscalía y que está muy avanzado en el grupo en que se está trabajando en el Ministerio". La ministra ha avanzado que esperan que el proyecto se eleve cuanto antes de vuelta al Consejo de Ministros, aunque están pendientes del informe del Consejo General del Poder Judicial.
Huelga de los letrados judiciales: "Cobrarán unos 2.000 euros anuales más"
A preguntas de los periodistas sobre la huelga iniciada por los letrados de justicia, que reivindican un convenio propio y un aumento salarial, la ministra ha asegurado que se está negociado con las asociaciones de los letrados de Justicia que se han sentado a la mesa, al tiempo que ha recordado que la huelga "solo ha sido convocada por una de las asociaciones de letrados, la Asociación Progresista de Secretarios Judiciales". Según la ministra, el Gobierno ya ha hecho "un esfuerzo enorme para poder aumentar la dotación destinada de los letrados y creo que es necesario que los ciudadanos sepan que los van a recibir 195 euros más de sueldo mensual con efecto retroactivo al 1 de enero del 2021, más de 2.000 euros anuales en una coyuntura de salida de una crisis económica, social y sanitaria". Ese esfuerzo, ha explicado, se ha hecho porque en diez años, no se había realizado ninguna subida de salario y nos parecía que "era una cantidad razonable". Finalmente, ha comentado que siguen negociando "con quienes quieren quieran sentarse y buscar soluciones".
Premios San Raimundo de Peñafort
Acabada la atención a medios, ha tenido lugar la entrega de las condecoraciones San Raimundo de Peñafort, que este año han recaído en el expresidente de la sala de lo Contencioso del TJS de Andalucía, Ceuta y Melilla, Antonio Moreno Andrade; el expresidente de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Huelva, Francisco José Martín Mazuelos; el magistrado de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Sevilla, Luis Gonzaga de Oro-Pulido Sanz; la exfiscal general del Estado, María José Segarra Crespo; el fiscal Provincial de Sevilla, Norberto Sotomayor Alarcón, la oficial primera de la secretaría del Colegio Notarial de Andalucía, Gloria García Alcolea; Isabel Hernández Barea, miembro del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Fiscalía Provincial de Sevilla; Manuel Cuadrado Cuadrado, miembro del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa en el Registro Civil de Sevilla; José Luis Lledó González, notario de Sevilla; Mercedes Mayo González, letrada-Asesora del Ayuntamiento de Córdoba; Francisco Oliva Blázquez, rector de la Universidad Pablo de Olavide; Óscar Cisneros Marco; decano del Colegio de Abogados de Sevilla; Marcos Camacho O’Neale, exdecano del Colegio de Abogados de Jerez de la Frontera; Fernando Carrasco Muñoz, decano del Colegio de Procuradores de Jerez de la Frontera; Guillermo Moeckel Gil, abogado del Ilustre Colegio de Sevilla y María Isabel González Benítez, presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Huelva.
Llop lamenta que aún haya quienes niegan la violencia de género
La ministra de Justicia, Pilar Llop, en un encuentro con colectivos de mujeres en la capital celebrado este viernes, ha lamentado que la derecha enmascare la violencia machista bajo otros conceptos, a pesar de los esfuerzos realizados en nuestro país en esta materia. Llop ha subrayado que “enmascarar la violencia de género con otras terminologías lo único que hace es poner en riesgo la protección de mujeres y niñas ya que al obviar la existencia de la existencia de una violencia muy específica, impiden que se pongan en marcha medidas preciosas para combatir”. La ministra de Justicia ha destacado que “es evidente que en España hace falta incidir en una mayor protección de de los niños y niñas víctimas de violencia vicaria” y ha añadido que “la violencia vicaria es violencia de género ya que es una violencia que se realiza sobre los hijos e hijas con el único fin de hacer daño a la madre”.
Llop ha señalado que “no podemos entender como hay políticos irresponsables que consideren que la violencia vicaria pueda tratarse de un problema de pareja y por ello sea violencia intrafamiliar” y ha añadido que “ hay que insistir que que la violencia vicaria es violencia de género y por el el Gobierno de España tiene recursos desplegados para combatirla”.
Por su parte, la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín ha subrayado la necesidad de “seguir defendiendo las medidas de apoyo a la igual-dad real entre hombres y mujeres ante los ataques que la extrema derecha está realizando, condicionando y obligando a eliminar partidas para la consecución de estas políticas”. En este sentido, Crespín ha mostrado la predisposición a “seguir trabajando para conseguir una sociedad más justa que elimine la brecha de género” y, para ello, “necesitamos el apoyo de colectivos como Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres, cuya labor en Córdoba es fundamental”.
