El Ayuntamiento de Córdoba ha ganado el recurso planteado por AENA a cuenta de las expropiaciones del aeropuerto, por las que pedía al Consistorio cordobés un montante aproximado a los 20 millones de euros. La empresa pública española de aeropuertos planteó en noviembre del 2019 esta reclamación por vía judicial, aunque ya lo había hecho en diferentes ocasiones por vía administrativa (la última vez en abril de ese mismo año). El Ayuntamiento siempre había respondido con el argumento de que el coste derivado de las expropiaciones que hubo que hacer para ampliar la pista del aeropuerto, que se remontan 15 años atrás, debía asumirlo el Estado y no la ciudad. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha informado esta mañana de que los servicios jurídicos del Consistorio cordobés han ganado la reclamación judicial —que aún puede recurrirse— y se ha logrado ahorrar a la ciudad de Córdoba 20 millones de euros.
AENA, por su parte, estudia la sentencia y decidirá en los próximos días si la recurrirá o no.
Por este motivo, el alcalde ha pedido al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez que no recurra el fallo (para lo que AENA tiene 20 días de plazo), “que no le pida a esta ciudad más” y que se siente con el gobierno municipal para ver cómo se puede dar más uso al aeropuerto. “Después de 15 años de pleitos, desacuerdos y desencuentros con Fomento y tres años de rechazar la petición de AENA Córdoba ha logrado ahorrarse 20 millones de las expropiaciones del aeropuerto”, ha dicho Bellido, que estudiará con la asesoría jurídica municipal y su letrado jefe, Miguel Aguilar, —al que ha felicitado por el fallo— si formalizar de algún modo esa petición al Ejecutivo de Sánchez. En cualquier caso, Bellido ha asegurado que “el pueblo de Córdoba estará atento a lo que haga el Gobierno de la Nación”.
Qué hacer con lo ahorrado
Por otro lado, el alcalde ha propuesto a los grupos municipales de la oposición destinar los 7,4 millones de euros que se han incluido estos años en los presupuestos para poder hacer frente, llegado el caso, a las reclamaciones de AENA, en dos cuestiones: abonar la parte de las aportaciones municipales en los proyectos financiados por los fondos Next Generation y destinar parte de ese dinero a inversiones en los colegios públicos de Córdoba que datan de los años 50, 60 y 70, y son edificios de titularidad municipal.
José María Bellido ha hecho un paralelismo para explicar que con estos casi 20 millones y otra sentencia que también ganó el Ayuntamiento de una operación financiera con Liberbank, que ascendía a 8 millones, estaría financiada la aportación municipal para la base logística del Ejército.
Un poco de historia
Cuando se recibió en julio del 2019 la notificación de la Audiencia Nacional (primero fue a esta instancia judicial, aunque finalmente se ha despachado en el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Córdoba), el PP tachó por boca del teniente de alcalde, Salvador Fuentes, de «castañazo para las cuentas públicas» la amenaza de pago de los 20 millones y atribuyó la situación a «la improvisación, dejadez e indolencia» del equipo de gobierno de Rosa Aguilar, que en el momento de las expropiaciones gobernaba con el PSOE. De hecho, culpó a los responsables municipales de entonces de haber pactado en marzo del 2008 un acuerdo marco con AENA, que no llegó a desarrollarse y que fue, casi once años después, motivo de la reclamación millonaria, como hoy ha recordado el alcalde.
Antecedentes del caso
Este caso se remonta a noviembre del 2007, cuando el Pleno de Córdoba aprobó --no sin problemas-- un convenio para concretar la participación de AENA y del Ayuntamiento en la ampliación de la pista, que se firmó en marzo del 2008. El acuerdo, firmado siendo entonces ministra Magdalena Álvarez y alcaldesa Rosa Aguilar, recogía el procedimiento de expropiación, del que el Ayuntamiento debía hacer frente con un 20% del montante y Fomento con el 80% restante. En el presupuesto municipal del 2008 se aprobó una transferencia de capital entorno a los 15 millones para esas expropiaciones, que luego, tras la publicación en el BOE del inicio de los trabajos, se rebajó a algo más de 8 millones, por lo que se realizó una nueva modificación presupuestaria.
El acuerdo con AENA incluía además del convenio, el protocolo para la expropiación, en un proceso en el que el Ayuntamiento debía participar, pero nunca lo hizo. Además, paralelamente, el acuerdo fue impugnado por la asociación Córdoba Saludable, y anulado por una sentencia en febrero del 2009, que confirmó en 2012 el TSJA. Todas estas circunstancias han sido defendidas por la asesoría jurídica del Ayuntamiento para rechazar el coste de las expropiaciones.
Para la ampliación del aeropuerto se expropiaron 188 fincas, lo que costó 45,1 millones. Desde entonces, AENA ha ido variando la cantidad que reclama al Ayuntamiento, pero lo ha hecho de manera independiente de quién estuviera al frente de Fomento. En la etapa de José Antonio Nieto, en 2011 y 2012, por ejemplo, se lo reclamó tanto Pepe Blanco (PSOE) como Ana Pastor (PP). En ambos momentos, el acalde popular se negó a pagar lo exigido por el Estado, argumentando que AENA había incumplido algunas cláusulas del convenio firmado en el 2008, ya que no se llegó a fijar el «acuerdo ejecutivo» que el convenio recogía y por el cual el Ayuntamiento debería haber concretado la aportación a AENA para la financiación del justiprecio de los terrenos cuyo coste le había sido asignado, así como la parte proporcional de la asistencia técnica para la realización del proyecto básico de expropiación.
Qué se firmó en el acuerdo del 2008
En el protocolo de marzo del 2008, el Ayuntamiento de Córdoba se comprometía a pagar el justiprecio de los terrenos necesarios para la ampliación de la pista de vuelo, el establecimiento de las zonas de seguridad en los extremos de pista, el camino perimetral y vallado asociado a todo ello, estimándose entonces su superficie en 136.466 metros cuadrados, lo que representa el 17,63% del total de terrenos a expropiar. AENA se comprometía, por su parte, a expropiar 637.692 metros cuadrados (de color verde), un 82,37% del total de suelo.
Qué dice la sentencia
La sentencia da la razón al Ayuntamiento al considerar que el convenio no impone el deber de realizar una prestación concreta, ni en la delimitación del espacio para el fomento del turismo, ni en la fijación del precio, ni en el cumplimientos de las obligaciones, en tanto el convenio solo "establece un marco o consideración de líneas generales en la cooperación pactada…», a lo que añade "la falta de concreción de elementos esenciales para el inicio del tracto y la nulidad del acuerdo del pleno municipal que legitima y autoriza suscribir el convenio de colaboración de referencia”. Por último, el fallo concluye “la vinculación obligacional colaborativa, se encontraba concretada en el convenio descrito con la existencia de un acuerdo ejecutivo de desarrollo y la posterior formación de una comisión paritaria de seguimiento. El expediente tampoco muestra su emisión y constitución".
