Las mujeres siguen cobrando menos, sufriendo más paro y pidiendo más excedencias. Dejamos la pancarta del 8M aparcada en la cuneta de la pandemia y dos años después la recogemos para advertir que los mismos titulares, sin apenas cambios, siguen gritándonos mudos, interpelándonos con señas desde las páginas de los periódicos.
Dos años después las calles volvieron a teñirse de violeta, y en Córdoba, por suerte, el feminismo permaneció unido. Unido que no homogéneo, con la riqueza de visiones y expresiones que siempre han existido en su seno, pero que en otras ciudades españolas condujo a una doble convocatoria de manifestaciones feministas, algo que sinceramente cuesta entender y se intuye más político que dialéctico.
Esta semana también han estado muchas mujeres detrás de la organización de la ayuda humanitaria que la guerra de Ucrania está movilizando en la provincia. Ucranianas que viven desde hace años en Córdoba, como Ana Gerasimchuk o Ana Kostyuk, y que están recaudando fondos, medicinas y alimentos para sus compatriotas; y ucranianas que llegan a Córdoba estos días huyendo de la muerte y del horror, como Natalia Zatitnuyk, la madre de Karina y Artem, de 9 y 11 años. También, en las páginas de los periódicos de esta semana muchos hombres con historias valerosas e increíbles, como la del egabrense Juan Antonio Luna, que ha logrado traer desde Ucrania a Rokslana, Martín y Diego, su familia; o la de Javier Serrano, el cordobés que se ha enrolado en un viaje para traer a España a 28 refugiados.
La solidaridad de la sociedad civil (la ternura de los pueblos, como la definió la nicaragüense Gioconda Belli) ha ido como siempre por delante de las instituciones, porque la mueve el corazón que es más ágil que la burocracia. Hizo bien el alcalde, José María Bellido, en reconocerlo, en decir que la sociedad organizada gana siempre a la administración por goleada. Ahora corresponde a las instituciones canalizar esa ayuda espontánea, ordenarla y poner al servicio de quien lo necesite los recursos disponibles en la ciudad. Para dar respuesta al mayor éxodo en Europa tras la Segunda Guerra Mundial --y sí, por supuesto, sin olvidar que cientos de conflictos bélicos siembran de muerte el planeta-- no bastará con los lazos familiares para la acogida.
En cualquier caso, la respuesta inicial ha sido buena: unidad entre las administraciones y unidad entre los partidos políticos. En el Pleno de Córdoba se aprobó por unanimidad una moción de condena a la invasión rusa, de apoyo al pueblo ucraniano y de respaldo a cuantas actuaciones ordene el Gobierno de España en este sentido. La actitud de los políticos cordobeses contrastó con el lodazal en el que de nuevo se convirtió la sesión de control en el Congreso, con un Partido Popular acusando a Pedro Sánchez de estar escudándose en la guerra y de usarla para justificar la inflación.
Aquí, ocurrió al revés. Salvador Fuentes, teniente de alcalde de Hacienda, enmarcó sus presupuestos para 2022 --aprobados por fin, aunque aún de manera provisional-- en la «incertidumbre del escenario internacional» y le cayó la del pulpo con la oposición. El debate sobre las cuentas (probablemente las últimas del actual mandato) se celebró el mismo día que supimos que el PP gobernará con Vox en Castilla y León. Ese día nos dejó su vaticinio electoral la portavoz del partido de Abascal en Córdoba. Paula Badanelli, que ya se ve con (más) mando en Capitulares a partir del 2023: «Si vuelven a ganar gobernarán con la tutela de Vox», aseguró dando de paso a los de Ciudadanos por muertos. Me limito a apuntar lo que dice la Real Academia Española sobre la tutela: «Autoridad que, en defecto de la paterna o materna, se confiere para cuidar de la persona y los bienes de aquel que, por minoría de edad o por otra causa, no tiene completa capacidad civil».
En el pleno del jueves fue Vox el único que votó en contra de una moción del PP sobre el 8M para exigir al Gobierno que mantenga el Pacto de Estado contra la Violencia de Género; y otra, para respaldar la lucha de las trabajadoras de la limpieza hospitalaria que con festivos y fiestas de guardar cobran apenas 800 euros y están pidiendo llegar a la escandalosa cifra del salario mínimo interprofesional. Qué osadas.
La sesión plenaria también evidenció que algo no se ha hecho bien en Aucorsa, cuando el lunes concluye el plazo para pagar una multa a Hacienda de 1,3 millones por el IVA del 2017 y a fecha del jueves no estaba concertado el aval para hacer frente a la operación. Lo mismo la multa llega con un poco de recargo.
