El sindicato UGT Servicios Públicos ha criticado este lunes "la desprotección" de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, cedido a una empresa por el Ayuntamiento de Córdoba, después de que "la pasada semana dos empleadas sufrieron agresiones por parte de familiares de sus respectivos usuarios durante la prestación de este servicio público a personas dependientes".

Según ha explicado UGT en una nota, "en uno de los casos, producido el viernes 4 de marzo en una casa de una urbanización alejada del centro urbano, la persona familiar del usuario del servicio exigió a la empleada que realizara labores de limpieza en sus dependencias particulares", algo a lo que "la empleada del servicio se negó por no corresponderle esa labor como aquellas que cubren las necesidades de la persona dependiente".

"Ante su negativa, el familiar respondió con gritos, insultos, amenazas y agresiones físicas, llegando a coger del cuello a la trabajadora, que requirió de atención sanitaria en la mutua posteriormente", según ha dicho el sindicato.

Además, ha agregado que "los gritos y amenazas fueron de tal calibre que fueron vecinos de esta casa los que llamaron a la Policía que, una vez personada en el lugar, tuvo que imponer el orden correspondiente y dejó constancia de los hechos, que tuvieron que ser posteriormente denunciados por la trabajadora de atención domiciliaria".

Ante este tipo de situaciones, "que se producen de forma reiterada en el servicio bajo la impotencia y desprotección de las empleadas del servicio", UGT Servicios Públicos ha reprochado "no sólo esta desprotección, sino la falta de reconocimiento de los riesgos laborales que exigen medidas de protección que garanticen la integridad de las trabajadoras auxiliares del servicio de atención a domicilio de personas dependientes".

Así, han recordado, sobre este punto, que "tal reconocimiento es ya un derecho adquirido como trabajadoras y que está reflejado no sólo en la Constitución, sino que viene aplicado legalmente en el artículo 4 de la Ley de Protección de Riesgos Laborales", así como "en los artículos 14.2, sobre la seguridad y la salud en el trabajo, o el 14.1, que habla de la necesidad de adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad en cada tipo de trabajo, de la misma ley".

De este modo, se han unido al comité de empresa de Claros Córdoba en sus exigencias, tanto al Consistorio, como a la misma empresa, para que "se asuman responsabilidades y se garantice que, ante situaciones como estas, se den respuestas rápidas y eficaces que permitan a la empleada cambiar de servicio o que se agilicen las acciones correspondientes para obligar a los familiares implicados a que se alejen del domicilio durante el tiempo en el que la empleada hace sus turnos".

Asimismo, desde UGT Servicios Públicos han expresado su "rechazo a que la mutua en la que la empleada fue atendida restara importancia al incidente, en el que llegaron a producirse agresiones físicas, y le negara la posibilidad de una baja por el estrés derivado de esta lamentable situación".