La ley que castigará penalmente a quienes acosen a las mujeres que acuden a una clínica para abortar ha salido hoy adelante en el Congreso (con 204 votos a favor, 144 en contra y ninguna abstención) y seguirá ahora su tramitación en el Senado en medio de la polémica por la campaña que llama a acudir a rezar ante estos centros. En Córdoba, también ha tenido eco esta polémica ya que la campaña fue exhibida en las marquesinas de la empresa municipal de autobuses, Aucorsa, y no fue retirada, pese a la petición que hicieron los colectivos feministas al alcalde de la ciudad, José María Bellido.
El regidor popular se escudó en el ejercicio de la libertad de expresión para mantener la campaña puesta en marcha por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) en una decena de ciudades españolas. Los controvertidos carteles, con el lema Rezar frente a las clínicas abortistas está genial, se colocaron en 250 soportes de 33 ciudades, en respuesta a esta proposición de ley.
Martina Velarde, la diputada por Córdoba, ha sido la encargada de defender la postura de Unidas Podemos en el Congreso, donde ha recordado que el cuerpo de las mujeres no es "un territorio conquistable". Además ha explicado lo que ha ocurrido en la capital cordobesa con esta campaña exhibida durante 40 días. "Envío toda mi solidaridad con las mujeres que se han sentido acosadas, angustiadas, que han entrado con miedo a la clínica después de encontrarse con esa horda de integristas católicos", ha dicho. Asimismo, ha expresado también su solidaridad con los trabajadores y profesionales de esas clínicas. "Cuando una mujer decide interrumpir su embarazo lo ha pensado mucho porque es una decisión tremendamente dura y difícil, para que encima se encuentren a esa hora de integristas esperándolas en las puertas: es una absoluta crueldad", ha añadido.
En esta línea, la diputada por Córdoba ha sostenido que "el rezo no es libertad de expresión si el fin que persigue es señalar y coaccionar".
Qué dirá ahora el Código Penal
La proposición de ley modifica el Código Penal para penalizar el acoso a las mujeres y trabajadores de las clínicas en las que se practican abortos. Durante su tramitación parlamentaria, los grupos han acordado que este tipo de acoso pueda ser perseguido sin que sea necesaria una denuncia expresa de la mujer que los ha sufrido. Todo ello en una norma planteada para introducir un nuevo artículo en el Código Penal que castigará a quienes se concentran a las puertas de las clínicas abortivas y hostigan y coartan la libertad de las mujeres con una pena de prisión de tres meses a un año o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días.
