El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda, un texto rechazado por el Consejo General del Poder Judicial que en los sectores afectados de Córdoba tampoco acaba de convencer.
API: «La medida puede tener un efecto rebote»
Uno de los elementos más controvertidos del documento aprobado es la fijación de un tope a los precios del alquiler en las zonas que se consideren tensionadas. Según la presidenta de la Asociación de Agentes de la Propiedad (API), Ana Moreno, «los colegios profesionales de toda España creemos que esta ley puede tener un efecto rebote y no conseguir el objetivo que se pretende, que es reducir los precios del alquiler». En su opinión, «lo más probable es que en las zonas tensionadas, donde la oferta de alquiler es menor a la demanda, ésta se retraiga y muchos propietarios vendan o no saquen las viviendas que tengan en alquiler. En su opinión, «Córdoba no sería una zona tensionada en su conjunto porque no cumpliría los criterios planteados, aunque es posible que haya zonas como la Judería o el casco histórico que sí se podrían declarar tensionadas». Para API, la clave para mejorar los precios de los alquileres y el acceso de los jóvenes a la vivienda pasa por aumentar la oferta de pisos y esta norma contribuiría justo a lo contrario, «ya que si el propietario ve que hay un tope de alquiler, decidirá esperar para alquilar». Moreno lamenta además que el Gobierno «lleve a cabo este tipo de regulación sin contar con las entidades que pueden aportar un plus de profesionalidad porque trabajan sobre el terreno».
Construcor: «Zonas tensionadas: una entelequia»
El presidente de la asociación de constructores de Córdoba (Construcor), Francisco Carmona, cree que estamos ante un proyecto de ley «fallido» por distintos motivos. Recuerda Carmona que todas las comunidades tienen desde hace años una Ley del Derecho a la Vivienda que define los porcentajes de suelo para vivienda protegida, limitando su precio de venta o alquiler, por lo que prevé un aluvión de recursos de inconstitucionalidad si la ley sale adelante porque «el Gobierno no tiene competencias en esta materia». Más allá de esa cuestión, considera que «la declaración de zonas de mercado tensionado es una entelequia» y coincide con API en que puesto que el alza del precio del alquiler obedece a la insuficiente oferta de este tipo de viviendas, «controlar los precios no lo va a solucionar sino que puede penalizar a determinados segmentos de la población, que harán contratos con quienes les den más garantía de renta o venderán. En cuanto a su aplicabilidad en Córdoba, destaca que el mercado de la vivienda de la ciudad no participa de las tensiones que se dan en grandes núcleos urbanos y áreas metropolitanas y, en su opinión, «el sector ha sabido corregir los desequilibrios provocados por la excesiva liquidez financiera que provocó la crisis anterior acomodando la oferta a las necesidades de la demanda». Para Carmona, «no se puede afirmar que haya un área donde los precios de venta o alquiler estén descontrolados», por lo que augura que «la ley no tendría ningún impacto en Córdoba si fuera validada por los tribunales».
Asaicor: «En Córdoba, no hay zonas tensionadas»
La asociación de inmobiliarias de Córdoba (Asaicor) considera que Córdoba no se vería afectada por la aplicación de la ley. Según su presidente, José Vaquero, «los precios de la vivienda están controlados y no hay una zona con precios muy por encima del resto». Asimismo, señala que «si se limita el precio de alquiler de una zona concreta, la oferta disminuirá porque los propietarios preferirán esperar o vender, lo que aumentará el precio en el resto de áreas». Como el resto de entidades consultadas, coincide en que, tal y como está planteada, «esta norma no conseguirá reducir los precios de los alquileres, que es lo que pretende».
Junta de Andalucía: Elevará un recurso al Tribunal Constitucional
El Gobierno andaluz ya ha mostrado su rechazo al proyecto de ley por el Derecho a la Vivienda aprobado por el Consejo de Ministros y ha advertido de que presentará un recurso ante el Constitucional si invade competencias autonómicas, algo que niega la ministra de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana, que ha asegurado que «respeta totalmente las competencias autonómicas». La Junta se opone a cualquier tipo de intervencionismo y considera que la propiedad privada no se puede atropellar.
