Cáritas y Cruz Roja son dos de las entidades que tienen programas de empleo en Córdoba, donde, dando prioridad a perfiles más próximos al riesgo de exclusión, ofrecen formación, prácticas y un alto índice de inserción laboral.

Nicoleta Cómito es la responsable del programa de Empleo de Cruz Roja, que el año pasado atendió a 1.962 personas, de las cuales un 30% consiguió un puesto de trabajo al finalizar el itinerario propuesto. Según Cómito, la edad es uno de los principales hándicaps para acceder al empleo. «Los jóvenes con poca formación y sin experiencia tienen ahí una barrera que hace difícil que una empresa les dé la oportunidad de probar», señala. «Además, faltan jóvenes formados en oficios tradicionales como frigoristas, mecánicos, soldadores, torneros... y escuelas taller donde cualificarlos», indica. Sin embargo, son los mayores de 45 años que llevan tiempo sin trabajar quienes lo tienen más complicado, según Nicoleta, «ya que, aun teniendo experiencia, a muchos les cuesta reciclarse en nuevas tecnologías y se desmotivan cuando ven que hay empresas que filtran por la edad».

Ana Belén Espinar, responsable del programa de Empleo de Cáritas, coincide en que el 46% de las personas a las que atienden son mayores de 45 y parados de larga duración, muchos de los cuales apenas han cotizado para cobrar el paro».

Ambos destacan la presencia mayoritaria de mujeres con escasos recursos y cargas familiares para quienes el acceso al trabajo es muy complicado. En Cáritas, atendieron el año pasado a 953 personas en los programas de empleo, de las cuales 169 salió con trabajo. Solemccor, la empresa de recogida de cartones de Cáritas, es una de las salidas laborales, y el restaurante Tagba, otra opción en el ámbito de la hostelería que está preparando a un número creciente de personas en este sector, en el que cada vez hay más problemas para cubrir los puestos que se ofertan. Además, Espinar destaca la situación de migrantes y refugiados que, si no consiguen la aprobación de su solicitud, pasan de estar en programas de protección a un limbo en el que no figuran como demandantes de empleo y tampoco tienen derecho a solicitar ningún tipo de ayuda. «El tiempo para resolver los recursos que presentan se está alargando mucho y pueden pasar hasta seis meses en esta situación», señala.