REPORTAJE

Sinhogarismo, insalubridad e indiferencia institucional en Córdoba

El fiscal Santos Urbaneja recuerda a las administraciones cómo actuar cuando hay una persona en la calle que puede constituir un riesgo e insta a la ciudadanía a pedir ayuda para atajar estos casos

Tienda de campaña instalada, junto a otros colchones, en un soportal de Ollerías.

Tienda de campaña instalada, junto a otros colchones, en un soportal de Ollerías. / Manuel Murillo

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

Si se dan una vuelta por Córdoba, observarán en distintos puntos de la ciudad la presencia de colchones, chabolos y todo tipo de enseres acumulados en esquinas y soportales que pertenecen a personas sin hogar instaladas a determinadas horas del día en estos espacios. Vecinos de la avenida de Ollerías, donde hay uno de estos enclaves en el que duermen tres personas, han llamado en varias ocasiones a la Policía Local pidiendo que intervenga, ya que últimamente instalan una tienda de campaña. «Tenemos miedo y además hay problemas de insalubridad», se queja una de las vecinas, que asegura que cuando acude la Policía, les dicen no tener competencias porque administrativamente esos soportales son propiedad del edificio y no vía pública. Por su parte, el Ayuntamiento de Córdoba, consultado por este periódico, afirma que «se les ha ofrecido dormir en un albergue, pero no quieren» y afirman «no poder obligarlos ni hacer nada más».

La realidad desde el punto de vista legal es muy distinta, según explica el fiscal delegado de protección de Consumidores y Discapacidad, Fernando Santos Urbaneja, que lleva batallando 30 años con este tema. «Desde 1961, rige en toda España el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas», explica, «y en su artículo 1 da potestad a todos los ayuntamientos para actuar en situaciones de insalubridad y riesgo para las personas». Es la norma que se emplea en casos de Síndrome de Diógenes, pero «sirve igual si el caso es en vía pública».

En estas situaciones, recuerda al Ayuntamiento, «la Policía debe levantar acta e incoar a la Concejalía correspondiente un expediente para que se limpie el lugar de inmediato, sin necesidad de autorización judicial». No hace falta que se cometa un delito, «la actividad insalubre o peligrosa justifica la medida», insiste. El paso siguiente, detalla, «es ofrecer a la persona una alternativa para dormir y si no quiere, respetar su decisión salvo que haya sospecha de que sufra una enfermedad mental». En ese caso, Servicios Sociales «debe llamar a los nuevos equipos de tratamiento intensivo comunitarios, creados por la Junta de Andalucía recientemente» y solicitar que este equipo acuda a analizar el caso. Los teléfonos de estos equipos de servicio público son 620345538 y el 608919725.

«El ingreso involuntario en la Unidad de Agudos es una figura prevista que funciona perfectamente, ya que cada día ingresan una media de 10 personas y se ejecuta sin previa autorización judicial, aunque una vez se produce el ingreso, se incoa expediente para el control judicial», comenta, «no hay excusa para no actuar en estas circunstancias y la ciudadanía debe saberlo».

Por su parte, la responsable de la Unidad de Salud Mental, Carmen Prada, ha confirmado que estos equipos tratan a pacientes con Trastorno Mental Grave en su entorno habitual y el entorno de las personas sin hogar es la calle. Según Prada, se trata de un equipo de profesionales dedicados a realizar un programa con un modo de tratamiento que tiene, desde el año pasado,  la cartera de servicios de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del hospital Reina Sofía. "Se aplica a  pacientes identificados en las distintos dispositivos, con condiciones clínicas necesitadas de esta forma de tratamiento porque están desvinculados del sistema asistencial a consecuencia de su enfermedad". Por eso trabajan en el entorno habitual del paciente "con la finalidad de que se adhiera e incorpore al circuito regular de asistencia sanitaria".

¿Para cuándo la Oficina del Defensor del Paciente Mental?

Para Santos Urbaneja, es muy importante que se intervenga en la calle, ya que hay muchas personas con Trastorno Mental Grave sin hogar que no acuden a Salud Mental porque no tienen conciencia de su enfermedad, pero igualmente deben ser tratados. "Muchas de estas personas acaban en la cárcel debido a la inhibición de los dispositivos sanitarios, de ahí que la presencia en prisión de pacientes no tratados se haya multiplicado en los últimos años". En opinión de Urbaneja, también es indignante que cada año desde el 2019 se anuncie la creación de la Oficina del Defensor del Paciente Mental y que las personas sin hogar con estos problemas sigan en la calle indefensas.