Un millar de trabajadores de Córdoba están adscritos a un ERTE covid, según los datos de diciembre del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la modalidad de Expediente de Regulación de Empleo puesta en marcha por el Gobierno de España a raíz de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus que concluirán, salvo nueva prórroga, el próximo 28 de febrero. De esos 1.000 trabajadores (un 50% hombres y otro 50% mujeres), según las estimaciones de CCOO y a falta de datos oficiales, consultados sin éxito a la Subdelegación del Gobierno, el 65% llevan en ERTE desde marzo del 2020 aunque algunos hayan interrumpido puntualmente esta situación para reincorporarse al puesto de trabajo durante cortos periodos de tiempo. La gran mayoría de esos aproximadamente 650 empleados corresponden a los sectores más afectados por la paralización de la economía en la provincia como son los hoteles, agencias de viajes y otras empresas vinculadas al turismo.
A punto de cumplirse dos años de esta medida, el secretario provincial de Acción Sindical de CCOO, Aurelio Martín, ha destacado que «el tiempo nos ha dado la razón y ha demostrado que los Ertes han sido una herramienta fundamental para el mantenimiento de los puestos de trabajo y la subsistencia de las empresas durante el largo periodo de hibernación al que se han visto obligadas por el covid». De esta forma, señala, «la mayor parte de los trabajadores afectados por los expedientes han vuelto a su puesto de trabajo sin que se hayan visto desprotegidos, consumiendo el paro acumulado o sin un mínimo de ingresos». En este sentido, afirma que la entrada en escena de los nuevos Ertes (mecanismo RED) «es la consecuencia del buen resultado de los Ertes covid en la rápida recuperación de la economía y el tejido productivo».
Por su parte, el responsable de Acción Sindical de UGT, Jaime Sarmiento, coincidió en la valoración positiva de esta medida, si bien pidió «mano dura» para las empresas que han cometido fraude en la aplicación de los ERTE. Según Sarmiento, fuentes oficiales señalan que una de cada ocho empresas con ERTE han cometido fraude, «ya sea obligando a los trabajadores en ERTE, por los que la administración abona el 70% del salario, a trabajar de tapadillo y cobrar en negro, ahorrando así costes a la empresa, o realizar jornada completa cuando el ERTE afectaba a parte de la jornada». Según Antonio Lopera, responsable de Acción Sindical de UGT FICA, «también ha habido «abuso en la flexibilidad que otorgaban los ERTE en la rotación de trabajadores, ya que se comunicaba al final y había casos en los que las plantillas ya no sabían en qué momento del mes estaban cobrando el desempleo y en cuál estaban activos».
En la misma línea, Aurelio Martín coincide en que «no todo ha sido de color de rosa», en alusión a «las dificultades que muchas empresas han puesto para que los sindicatos ejerciéramos nuestra labor de representación de los trabajadores, a los fraudes cometidos y a la escasa información facilitada por la administración para poder actuar frente a las irregularidades existentes, dejando en situación de desamparo a personas, ya que según la legislación el trabajador que incumple el ERTE es tan responsable como el empresario, algo que no es lógico si es la empresa quien obliga al incumplimiento».
Hasta noviembre, afirma Sarmiento, «50 empresas han sido propuestas para sanción por la Inspección de Trabajo en Córdoba por un importe de en torno a 250.000 euros». A falta de los datos de diciembre sobre las infracciones detectadas por la Inspección de Trabajo solicitados a la Subdelegación del Gobierno, la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ha informado de que la Junta de Andalucía solo tramita los expedientes por irregularidades de os ERTE’s relacionadas con las relaciones laborales y prevención de riesgos detectadas por la Inspección.
Desde que empezó la pandemia, según las mismas fuentes, Empleo «solo se ha recibido dos expedientes por incumplimientos en las horas pactadas con la empresa».
22,6 millones en ayudas a los ERTE
La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a través del Servicio Andaluz de Empleo, ha puesto en marcha hasta la fecha dos convocatorias dirigidas a que las empresas afectadas por un ERTE covid soliciten ayudas para el mantenimiento del empleo. Estas ayudas, recuerda Empleo, «se crearon para colaborar en el sostenimiento de empresas y garantizar unos ingresos mínimos a los trabajadores, que en esta situación pierden un 30% de su salario».
Las ayudas, destinadas a empresas con una plantilla media de hasta 20 trabajadores, con al menos una persona de alta por cuenta ajena, han permitido otorgar una subvención de 505 euros por mes y trabajador durante un máximo de cuatro meses a las empresas que han mantenido el cien por cien del empleo subvencionado. La primera convocatoria, prorrogada dos veces para ampliar el plazo de presentación de solicitudes, benefició a 2.389 empresas de Córdoba, de los 3.345 que lo solicitaron, con un coste para las arcas de la comunidad de más de 9 millones de euros (9.184.011). Un total de 1.253 beneficiarios eran autónomos.
La segunda convocatoria, que se está tramitando aún, cerró el plazo para presentar solicitudes en octubre del 2021. En la segunda convocatoria, se modificaron dos cuestiones. La primera y más importante es que podían concurrir todas las empresas, independientemente de la actividad económica a la que se dediquen. También se reducía de tres a un año de referencia para la comprobación del requisito que se refiere al número de personas trabajadoras en alta en la Seguridad Social. Según fuentes de la Delegación de Empleo, la Junta recibió 3.199 solicitudes de toda la provincia y hasta la fecha, hay 2.602 empresas (1.184 son autónomos) beneficiarias de las ayudas por un importe de 13,5 millones de euros (13.576.662). Desde el inicio de la pandemia, la Junta ha destinado a estas ayudas 22,6 millones de euros.
