Los cordobeses defraudaron el año pasado la energía eléctrica equivalente al consumo anual de 4.500 hogares de acuerdo con el balance facilitado por Endesa, que es la principal comercializadora de la provincia. De este modo, las cifras confirman un fenómeno que se advierte de forma más visible desde hace algún tiempo, a través de distintas situaciones como las actuaciones policiales en las que se detecta el delito de defraudación de fluido eléctrico en relación con la existencia de plantaciones de droga, o la demanda de servicios básicos en parcelaciones irregulares, cuya carencia, según confirman los propios representantes vecinales, en ocasiones lleva a las familias a engancharse de manera ilegal para tener luz en sus casas.

Endesa abrió el año pasado 1.702 expedientes por fraude de electricidad en Córdoba, lo que supone que cada día se iniciaron una media de cinco. La compañía estima que la energía consumida y no declarada asciende a 15,75 gigavatios por hora (GWh) y, para tener una idea de lo que supone esta cantidad, detalla que la media de consumo de una vivienda al año se sitúa en torno a 3.400 o 3.500 kilovatios por hora.

Si se observa la evolución registrada en el último lustro, se puede deducir que el número de expedientes de fraude abiertos por Endesa ha aumentado un 10% en el último año y también es un 88% superior a los contabilizados en el 2019. Sin embargo, el ejercicio que registró un mayor número de expedientes fue el 2017, ya que entonces se contabilizaron 2.019 y la energía defraudada ascendió a 26 gigavatios por hora. Como aspecto curioso, hay que reseñar que esta empresa destaca que el fraude es más habitual entre grandes y medianos clientes que entre los clientes domésticos, por lo que "cuanto más consumen, más defraudan". 

Cortar el suministro y liquidar el contrato

Consultada por las medidas que adopta una vez que se detectan los posibles fraudes, desde Endesa explican que siempre se corta el suministro y se liquida el contrato con el cliente en caso de que exista. 

Además, le envían una carta en la que reclaman el importe de la energía defraudada que ha sido calculado por la empresa. Si el cliente decide no abonar esta cantidad, el presunto fraude es denunciado. 

Las fuentes consultadas señalan que en los últimos tiempos se ha observado un aumento del fraude de energía eléctrica relacionado con las instalaciones de droga, pero también indican que la tecnología utilizada para detectar estos delitos ha mejorado.

Así, la compañía ha informado de que la aplicación de la inteligencia artificial sobre los datos y la mejora sistemática de modelos predictivos le está permitiendo detectar todo tipo de engaños, desde los tradicionales (puentes, dobles acometidas, enganches directos...), hasta los más sofisticados (placas con circuitos impresos insertadas en los propios contadores). En los últimos años, ha incorporado nuevos perfiles profesionales (matemáticos, informáticos e ingenieros) para avanzar en este trabajo de localización del fraude.

Lamentan que la sanción es "leve"

El Código Penal establece la imposición de multas de tres a 12 meses para quienes cometen defraudación utilizando energía eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones u otro elemento, energía o fluido ajenos, valiéndose para ello de mecanismos instalados para realizar la defraudación; alterando las indicaciones o aparatos contadores o empleando otros medios clandestinos. Además, indica que si la cuantía de lo defraudado no excede los 400 euros, se impondrá una multa de uno a tres meses. 

Desde Endesa afirman que son "unas sanciones leves" a juicio del sector eléctrico, "que no desincentivan lo suficiente" a los ciudadanos que cometen este delito. En cuanto a las consecuencias de esta práctica, a través de su blog la compañía advierte de que el enganche ilegal de luz "tiene efectos negativos en las facturas de los demás consumidores y en la recaudación fiscal del Estado, propicia la competencia desleal y pone en riesgo la seguridad de todos los vecinos".

De este modo, detalla que realizar esta alteración en la instalación eléctrica "supone un importante peligro, tanto para los operarios que trabajan en las instalaciones como para todos los vecinos del bloque de viviendas", dado que "se incrementan las posibilidades de incendio y de que se produzcan sobrecargas eléctricas, que pueden llegar a causar daños graves en electrodomésticos o en todo el sistema eléctrico".

Entre otras ideas, la empresa llama a comunicar las irregularidades que se detecten y recuerda que "la propiedad de la instalación eléctrica os pertenece a ti y al resto de los vecinos. En caso de accidente, la responsabilidad legal recae sobre vosotros".