La junta de gobierno del Colegio de Abogados de Córdoba, en sesión celebrada el pasado 12 de enero, acordó manifestar públicamente su rechazo al acuerdo de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial que pone fin al plan de especialización en materia de cláusulas abusivas en la provincia de Córdoba, y que supone el cese del Juzgado de Primera Instancia número 11 como órgano con competencia exclusiva para tramitar y resolver estos procedimientos.
A través de un comunicado, ha informado de que considera "una decisión muy desacertada" el cese de la competencia exclusiva del juzgado de Córdoba bajo el argumento de una evolución positiva en lo que respecta al número de asuntos pendientes y a su capacidad de resolución. De hecho, señala que el Juzgado de Primera Instancia 11 acumula en enero de 2022 una pendencia de más de 5.700 asuntos, que necesariamente deberá tramitar por haber sido ingresados antes del cese de su competencia exclusiva el pasado 1 de enero de 2022.
La junta de gobierno del Colegio de Abogados de Córdoba alerta de que la decisión del cese de competencia exclusiva de este órgano "contribuirá a ralentizar la tramitación y resolución de estos procesos, provocando aún mayores dilaciones en el tiempo de respuesta judicial y graves perjuicios para la ciudadanía reclamante".
En esta línea, indica que actualmente la fecha prevista para nuevos señalamientos en el Juzgado de Primera Instancia 11 es, como mínimo, para abril de 2025; lo que supondrá un perjuicio para los asuntos civiles ordinarios que ingresen por reparto en este juzgado y requieran de juicio, vista o tramitación de algún incidente procesal. Ello, a pesar de que el juzgado celebra audiencias y juicios cuatro días a la semana, lunes, miércoles, jueves y viernes, hasta la referida fecha de 2025.
Por otro lado, la entidad sostiene que la distribución de los asuntos de condiciones generales de contratación bancaria entre el resto de juzgados de Primera Instancia de Córdoba y provincia podría provocar nuevas disfunciones procesales en perjuicio de los ciudadanos reclamantes, como es la disparidad de criterios a la hora de resolver la materia, dado que actualmente el juzgado único unifica resoluciones, contribuyendo a una mayor celeridad en la resolución de asuntos de esta materia tan especifica.
A todo ello se suma el hecho de que los juicios señalados ya para el año 2025, siendo procedimientos muy anteriores, van a tener una respuesta años después a los procedimientos que ingresen en este año 2022 y siguientes, que lo harán en juzgados menos saturados a raíz de la nueva competencia general, según destaca el Colegio de Abogados. "Ello provocará una disparidad en el tiempo de respuesta según la carga de trabajo de los distintos juzgados ahora competentes para resolver sin exclusividad, según los distintos partidos judiciales de la provincia", precisa.
Eximidos del reparto de asuntos civiles
A finales del pasado diciembre, el CGPJ informó de que su comisión permanente había acordado dar por finalizado el plan de especialización en cláusulas abusivas en los juzgados designados para ello en Almería, Córdoba, Granada, Jaén, Huelva, Las Palmas, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Palencia, Salamanca, Zamora, Girona, Lleida, Tarragona, A Coruña y Pontevedra; así como en el especializado en la isla de Ibiza.
Sin embargo, respecto de todos ellos la comisión considera necesario mantener las medidas de apoyo vigentes respecto de jueces y magistrados, letrados de la Administración de Justicia y personal al servicio de la Administración de Justicia; así como eximirlos de forma temporal (total o parcial) del reparto de asuntos de naturaleza civil por períodos de tres o seis meses que podrán prorrogarse, en su caso, según determine la sala de gobierno correspondiente, previa audiencia de la junta de jueces de Primera Instancia.
Asimismo, dichos juzgados continuarán conociendo de todos los procesos pendientes ante los mismos en materia de cláusulas abusivas hasta su definitiva conclusión.
